Las personas con discapacidad acreditada y que tengan cinco años cotizados podrán jubilarse anticipadamente
- Afecta a quienes tengan discapacidad igual o superior al 45% y se podrá acreditar mediante un informe médico
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que esta reforma beneficiará a 6.000 personas en 10 años
El Gobierno ha aprobado una rebaja de 15 a 5 años en el periodo de cotización obligatorio para las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 45% que quieran acceder a una jubilación anticipada. Además, se podrán "acumular dos tipos de patologías distintas", de modo que se pueden "agregar" para acreditar ese 45% de discapacidad, como ha explicado este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro ha explicado que esta reforma se desglosa en tres vertientes. La primera tiene que ver con el periodo que tienen que cumplir con la Seguridad Social tras ser acreditada la discapacidad. En segundo lugar, con el hecho de "agregar" varias dolencias; y en tercer lugar, con una "simplificación" en la determinación de patologías que acreditan la discapacidad y con una lista de ellas que se podrá modificar por orden ministerial, "lo que agilizará los procesos", según Escrivá. "Estamos haciendo tres cosas muy positivas para estas personas", ha remarcado el ministro.
Esta medida ha sido anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Vitoria (País Vasco), donde ha recalcado que esta decisión busca "avanzar en derechos y proteger a la mayoría social de nuestro país".
Podrá acreditarse con un informe médico
Asimismo, la reforma facilita la acreditación y la actualización de patologías que determinan la edad de jubilación. Se posibilita que algunas de las patologías contempladas y la fecha de inicio o manifestación de las mismas se pueda acreditar mediante un informe médico, y no necesariamente con una certificación del IMSERSO o del órgano competente de las comunidades autónomas, como hasta ahora. Entre las patologías que el Ejecutivo contempla están la discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías genéticas como el Síndrome de Down o enfermedades mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, entre otras.
De esta manera, Escrivá ha matizado que "la lista de patologías, que en el pasado era muy difícil modificar normativamente, ahora se podrá modificar a través de una orden ministerial".
Con todo, el Ejecutivo defiende que esta reforma beneficiará a 6.000 personas en 10 años y que, con ella, "se duplicará el número de personas con discapacidad igual o superior al 45% que podrán beneficiarse de la jubilación anticipada".
Asimismo, Escrivá ha señalado que la medida cumple con el conjunto de recomendaciones del Pacto de Toledo del pasado noviembre de 2020, concretamente con la número 18. "Hay que ponerlo en contexto con todas las medidas que el Gobierno está tomando para mejorar la vida de personas con discapacidad, particularmente vulnerables", ha señalado el ministro.
Mejoras en la jubilación demorada
Por otro lado, el ministro de Seguridad Social también ha anunciado una serie de incentivos para las personas que están en edad de jubilarse, pero que voluntariamente quieran alargar su vida laboral y, por tanto, optar por una jubilación demorada.
Hasta ahora, la persona interesada puede obtener este incentivo mediante dos vías: una remuneración a tanto alzado (una cantidad fija en un pago único) o un 4% adicional al que corresponde para el cálculo de la cuantía de su pensión. Ahora se introduce una fórmula mixta que combina las dos anteriores "en los términos que se determine reglamentariamente".
Esta medida, según Escrivá, ayuda al reforzamiento del sistema de pensiones, “siempre con medidas absolutamente voluntarias y con incentivos” y dando más flexibilidad a personas cercanas a la jubilación. Además, el ministro ha señalado que en los primeros meses de este año, el 7,8% de las altas de jubilación se trata de jubilaciones demoradas. Asimismo, ha detallado que en el 50% de estas jubilaciones implica una demora de un año, mientras que en uno de cada cuatro casos el retraso es de más de tres años.