Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la mayoritaria, aceptan la oferta del Gobierno para desconvocar la huelga

• La APM, asociación mayoritaria de jueces, considera "insuficiente" la subida salarial, aunque aún no han tomado una decisión
• El acuerdo se firmará este próximo martes en el Ministerio de Justicia, con una subida de 450 euros mensuales

Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la mayoritaria, aceptan la oferta del Gobierno para desconvocar la huelga

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se han mostrado este jueves a favor de la última propuesta del Gobierno para evitar la huelga indefinida.

Este acuerdo llega después de la quinta reunión entre Gobierno y Sindicatos y de que el martes se conociese la última y definitiva propuesta del Gobierno, de 46,7 millones de euros y otras mejoras laborales, que elevarán el sueldo 450 euros mensuales a los casi 8.000 miembros de la carrera.

La decisión adoptada ha servido para esclarecer qué pasará con la huelga indefinida que en un principio convocaron cinco de las siete asociaciones para el 16 de mayo y que luego pospusieron para el 22 de mayo para poder continuar con las negociaciones y que ahora queda reducida a una única asociación.

Sin embargo, la APM aún puede desconvocar los paros antes de la firma definitiva del acuerdo el próximo martes y unirse al resto de asociaciones judiciales para mejorar los derechos laborales de sus trabajadores.

Desde el Gobierno han emitido un comunicado para valorar las negociaciones. "La propuesta planteada por los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública supone mejores retributivas para las carreras judicial y fiscal y un importante aumento de efectivos para reforzar el Servicio Público de Justicia, con el compromiso de convocar nuevas plazas de efectivos en 2023 y 2024, así como un nuevo marco de relaciones entre las asociaciones y el Gobierno", han señalado.

División de opiniones sobre la oferta

La directiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces y la más conservadora, había mostrado su rechazo rotundo a la propuesta al calificar la oferta de "insuficiente" e "inasumible". Sin embargo, en una rueda de prensa posterior a la reunión con el ministerio, el portavoz de la asociación ha avisado que aún no han tomado una decisión definitiva.

Por el contrario, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que ha sometido la oferta de Justicia a votación entre sus afiliados -el 79,84% se ha mostrado a favor-, ha anunciado que apoya la propuesta del Ejecutivo, de manera que se suma a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ya había respaldado previamente el plan de Justicia y Función Pública.

JJpD valora que se hayan aceptado algunas de sus reivindicaciones, como el incrementar el número de plazas públicas que se ofertarán este 2023 y en 2024, así como que permanezca abierta la Mesa de negociación.

Cuatro reuniones fallidas

La de este jueves ha sido la quinta reunión que se celebra en el marco de la Mesa de Retribuciones, en la que participan las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, así como el Ministerio de Justicia y el de Función Pública, tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera reunión, la del 3 de mayo, culminó sin acuerdo después de que el departamento que dirige Pilar Llop pusiera sobre la mesa una oferta de 44 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. Fuentes cercanas a la negociación precisaron a Europa Press que esta cifra inicial representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones habían denunciado que la pérdida de ambas carreras había sido cercana al 20%.

En una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta en dos millones de euros y llegó a los 46,7 millones. Según fuentes consultadas, esta subida se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría un aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

La división entre las asociaciones de jueces y fiscales frustró la tercera reunión y abocó a la Mesa de Retribuciones a reunirse de nuevo el martes 16 de mayo, fecha para la que estaba convocada la huelga indefinida que "de momento" se mantenía. Aquel encuentro culminó sin acuerdo -tras más de seis horas de negociación- toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta de 46,7 millones de euros.

Esta semana, se reanudaron las negociaciones, y fue el martes, cuando el equipo de Llop presentó una nueva propuesta y dio un plazo de 48 horas a las asociaciones para responder al unísono si la aceptan o no. Dicho ofrecimiento no mejoró la oferta económica de 46,7 millones de euros, pero incluyó otras medidas, como incrementar las plazas de oferta pública para jueces y fiscales.