La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 años para Medina por el caso de las mascarillas

• Asegura que la intención de ambos acusados fue la de "enriquecerse exageradamente" a costa de la situación de necesidad
• Se enfrentan a los delitos de estafa agravada y falsedad documental

El comisionista Alberto Luceño a su llegada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes 15 años de cárcel para Alberto Luceño y nueve para Luis Medina, los dos empresarios procesados por el caso de las mascarillas, en el que se investiga la venta de material sanitario en plena pandemia.

El conocido como caso mascarillas gira en torno a una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de mascarillas, guantes y test al inicio de la pandemia de la COVID-19. Una operación por la que Medina y Luceño se embolsaron más de seis millones de dólares y que costó al consistorio 11,9 millones.

En su escrito, donde relata como los empresarios se pusieron en contacto con el Ayuntamiento a través de un familiar del alcalde, la fiscalía señala que la intención de ambos acusados fue la de "enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores".

Además, asegura que mantuvieron ocultas dichas comisiones en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos "por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación".

La Fiscalía destaca que Luceño no solo ocultó el importe de las comisiones al Consistorio, sino también a Medina, a quien no informó de que en otro documento aparte había pactado con la empresa del material sanitario una comisión adicional, cobrando finalmente el triple que él.

Pide multas de 450.000 y 5,6 millones de euros

Por todo ello, el fiscal Luis Rodríguez acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra la Hacienda Pública. A Medina, por su parte, le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil por esta operación de compraventa.

Además de la pena de cárcel, Anticorrupción pide para Luceño una multa total de 5,6 millones de euros, mientras que para Medina solicita 450.000 euros, y reclama que ambos indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que fue la que formalizó la compra, con la cantidad correspondiente a las comisiones que ganaron y al sobreprecio que pagó el Ayuntamiento.

Por ahora, ambos están procesados por los delitos de estafa agravada y falsedad documental, si bien ninguno se enfrentará al delito de blanqueo de capitales, ya que los acusados "no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo", según el juez Adolfo Carretero.

En el auto de procesamiento, el magistrado sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de "negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles".

Carretero afirmó que Medina y Luceño se "enriquecieron" con ello y "perjudicaron" al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios "y en cantidad superior a 50.000 euros". El magistrado también apunta que Alberto Luceño "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones".