La agonía de los manifestantes heridos en las protestas en Perú: "Me dispararon en la cara, la policía no me auxilió"

• RTVE.es habla con víctimas de las protestas, abogados y periodistas que aún siguen buscando que se haga justicia
• Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al menos 49 personas han muerto en seis regiones

Reivindicación referida a las víctimas de las protestas en una pared del distrito de Barranco, en Lima

"Me dispararon a menos de cinco metros de distancia un proyectil de gases lacrimógenos en la parte frontal de la cara". Renato Sebastián Murillo Reyes, un joven de 22 años, bombero y estudiante de Derecho en Lima (Perú), sufrió en primera persona la violencia policial durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo.

Renato habla con RTVE.es en el hotel Sheraton, paradójicamente situado frente al Palacio de Justicia en el centro de la capital. Una venda negra le rodea la frente con el objetivo de esconder las cicatrices del golpe policial sufrido el pasado 12 de diciembre mientras participaba en una sentada.

El joven bombero se unió a las marchas para brindar auxilio a civiles heridos por las fuerzas del orden en su intento de silenciar las multitudinarias marchas que se sucedieron en todo el país tras la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo. Actualmente, cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022, cuando intentó dar un autogolpe de Estado. Las marchas, entre otras cuestiones, exigían el adelanto de las elecciones y la dimisión de la actual mandataria, Dina Boluarte.

Renato no se pronuncia sobre el carácter político de las protestas, sino sobre la desproporcionada violencia policial que él mismo ha padecido. "La policía y el ejército golpeaban de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y niños", denuncia. "Estaba en una de las avenidas con un grupo de manifestantes y en menos de dos minutos me dispararon en la cara. Llevaba casco, pero salió disparado. Me caí, la policía, pese a que la ley se lo exige, no me auxilió", relata. Intenta reconstruir lo vivido a través del testimonio de quienes estuvieron presentes, ya que al caerse perdió el conocimiento.

Renato Sebastián Murillo Reyes, de 22 años, víctima de las protestas, frente al Palacio de Justicia de Lima MARIA NAVARRO SOROLLA

Un médico de una ambulancia decidió pararse y atenderle. Renato estuvo 12 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El joven y su familia denuncian malos tratos por parte de las autoridades sanitarias hasta que supieron que formaba parte del Cuerpo General de Bomberos de San Borja (Lima). Su madre se enteró del ingreso de su hijo por un comunicado del Ministerio de Salud, en el que coincidían las siglas de su nombre, pero no la edad.

Explica que "las siglas solo se aplican a los menores" y que "pusieron que tenía 26 años cuando tenía 22". "Pero a mi madre le dio una corazonada y decidió ir igualmente al hospital porque no cogía el teléfono y era muy tarde", relata. "Al llegar al centro de salud, un efectivo policial le dijo que si venía a por el cadáver. Luego se retractó y le dijo que estaba en estado crítico", denuncia. Renato despertó de la UCI el 24 de diciembre y, cinco días después, solicitó el alta voluntaria. Desde entonces ha visto cómo su vida ha dado un vuelco. Todos los días se mira al espejo con cicatrices que no van a desaparecer fácilmente.

"Un arma no letal disparada a corta distancia se convierte en arma letal"

"Un arma no letal disparada a corta distancia se convierte en arma letal", alega Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), desde una cafetería del distrito limeño de Zárate. "Emplear armas de corto y largo alcance y tirar a la cabeza y al tórax esto es una ejecución extrajudicial. Porque la policía debe usar armas de fuego de acuerdo a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, siempre y cuando corra peligro su vida o la de otras personas", explica el abogado.

Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal en Zárate, distrito de Lima MARIA NAVARRO SOROLLA

En estos momentos, las víctimas, dice Quispe, quieren que se haga justicia. "Necesitan saber lo que pasó y quiénes son las personas que mataron, lesionaron o perjudicaron a sus familiares para que cumplan una condena". Entienden, asegura, que los policías no actuaron solos. "Saben que la orden vino del gobierno, porque el gobierno pudo parar esta masacre", añade.

“"Si no conseguimos que se haga justicia acá, lo llevaremos a los tribunales internacionales"“

El letrado apoya sus argumentos en los informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el último de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hacen hincapié en la necesidad de investigar las "masacres". "Estos informes han sido determinantes para nosotros, y si no conseguimos que se haga justicia acá, lo llevaremos a los tribunales internacionales", confirma.

Al investigar tarde, se pierden las pruebas

Las marchas comenzaron en diciembre y duraron hasta febrero. Tres meses después, la investigación de los hechos no puede demorarse. "Se han perdido los casquillos de bala, no se ha sacado el peritaje de absorción atómica, no se sabe qué tipo de armas emplearon policías y militares". Lo que se sabe, afirma el abogado, es por las balas que han extraído en los hospitales. Además, denuncia que tanto la policía como el Ejército "no han querido dar ni sus planes operativos, ni el personal que ha estado en cada una de las regiones haciendo frente a la protesta social".

"La Fiscalía tenía que haber ido inmediatamente antes de que se perdieran todas las pruebas", dice el penalista. Sin embargo, hasta el pasado 31 de marzo la Fiscalía no creó un equipo especial para investigar las muertes y además entre los 12 fiscales, solamente tres tienen especialidad en derechos humanos y los nueve restantes vienen de fiscalías comunes", asegura. A esto se añade que la investigación que ha abierto es por genocidio, por lo que cuando se vaya a pronunciar la Fiscalía, "muy inteligentemente va a decir 'no vimos genocidio'", concluye.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al menos 49 personas murieron durante las protestas en seis regiones. Las voces de las manifestaciones se escucharon sobre todo en las calles de Cuzco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Juliaca o Puno, mientras que las ciudades del sur protagonizaron constantes bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos.

“Lima no es el centro. Pero lamentablemente los de aquí creemos que somos el Perú porque tenemos todo“

En la capital se mantenía cierta indiferencia hasta que llegaron manifestantes de las diferentes regiones del país. De hecho, el peruano es un sistema centralista, todo lo que no ocurre en Lima pasa desapercibido. "Lima no es el centro. Pero lamentablemente los de aquí creemos que somos el Perú porque tenemos todo", lamenta Quispe.

"Tu hijo ha sido baleado"

Históricamente, la población indígena ha sido discriminada, postergada y marginada. Lo que ha incendiado la chispa, explican, es cómo se produjo la destitución de Castillo, un maestro rural que se convirtió en el primer presidente que surge lejos de las élites. "Estas poblaciones han visto cómo sale Castillo y entra Boluarte, que cuenta con el 70% de la desaprobación y entonces se preguntan ¿Qué futuro le espera a mis hijos?", explica el abogado.

La misma pregunta que se ha hecho en numerosas ocasiones Susana Soto, una joven de 32 años madre de Cristopher y dos niñas. El niño resultó herido con una bala mientras regresaba a almorzar a casa después del trabajo. Lleva desde los 11 trabajando y es el mayor apoyo de su madre para traer algo de comida a casa.

"Creía que era un pedrazo. Estaba un chico que me conocía y le pedí que llamase a mi madre", interrumpe el niño. "Un conocido me llamó al celular y me dijo 'tu hijo ha sido baleado', se lo están llevando al hospital. Cogí mi cartera y mis sandalias y me fui corriendo", explica entre lágrimas Susana. Desde el 16 de diciembre hasta hoy no ha vuelto a su casa en Pichanaqui. Se quedó embarazada del niño, confiesa en voz baja, porque un vecino decidió violarla sexualmente. Posteriormente, se casó con el padre de sus hijas. Pero, hoy por hoy, dice: "Soy madre y padre de los tres".

Susana Soto junto a sus dos hijas y su hijo Christopher, de 15 años, víctima en las protestas en Perú MARIA NAVARRO SOROLLA

Christopher retoma el relato, estuvo 21 días hospitalizado. Susana hizo una campaña en Facebook y consiguió que lo trasladaran al Hospital del Niño de San Borja de Lima. "Es un niño de 15 años, ¿cómo podía quedarse sin su brazo?", se pregunta. Se le cae el mundo encima solo de pensar en que podría haber perdido el brazo. "Mi único consuelo era Dios", reflexiona. Por esto ahora están en Lima, viven en un albergue de acogida hasta que termine el tratamiento.

"Las radios iban narrando una muerte tras otra"

"Había mucha opacidad sobre lo que había ocurrido. Acá en Lima no nos llegaba la información de qué es lo que ocurría realmente. Todo lo que se conocía eran versiones oficiales y los videos que llegaban de las redes sociales", relata Rosa Laura Gerónimo, periodista especializada en investigación e integrante de IDL Reporteros. Un equipo de profesionales de la información que han conseguido reconstruir las muertes en Ayacucho y Juliaca.

Pone el ejemplo de Ayacucho, una ciudad del centro sur de Perú. "Quisimos identificar qué es lo que había pasado realmente y contraponer las versiones del gobierno si era real lo que estaba diciendo", asegura. Desarrollaron una metodología en la que fue clave la verificación de vídeos en redes sociales, pero también se trasladaron hasta allí para entrevistar a manifestantes, vecinos y familiares de víctimas.

Rosa Laura Gerónimo, periodista especializada en investigación e integrante de IDL-Reporteros MARIA NAVARRO SOROLLA

En Ayacucho resolvieron la primera contradicción del gobierno de Dina Boluarte, quien había justificado las muertes por la avalancha de personas que habían entrado en el aeropuerto. "Al reconstruir cada una de esas muertes, nos dimos cuenta de que no habían muerto dentro del aeropuerto, todos habían muerto fuera", asegura. Incluso hay víctimas, dice, que murieron después de que los militares retomasen el control del aeropuerto.

"Las radios locales iban narrando una muerte tras otra en vivo, una tras otra, más y más, incluso menores de edad, pero el Ejecutivo no dio ninguna orden de parar la masacre", argumenta.

En Ayacucho tuvieron la suerte de acceder a las cámaras de seguridad, mientras en Juliaca la investigación se demoró varias semanas. "Fuimos tocando puerta por puerta para ver si los vecinos tenían alguna pista. Recogimos testimonios y vimos videos que no habían sido vistos anteriormente, testimonios que no tenía la Fiscalía, gente que no había declarado hasta ese momento y que había sido testigo de varias de las muertes en Juliaca", continúa.

Deterioro de la libertad de prensa

El periodismo de investigación y el papel de los medios independientes ha sido clave en este contexto. No solo para reconstruir una realidad, sino que ha sido fundamental para que las reclamaciones sobre la necesidad de esclarecer lo ocurrido tengan un recorrido internacional. IDL Reporteros recibe amenazas constantes: "No nos dejamos amedrentar", dice sonriendo Rosa Laura, consciente, por la propia experiencia en investigaciones anteriores, de que su trabajo periodístico puede acelerar procesos que en la justicia duran años.

No es nada fácil ejercer el periodismo en Perú en la coyuntura actual. El ejercicio libre del periodismo en este país latinoamericano está más amenazado que nunca, según el último informe sobre Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, en el que Perú ha caído 33 puntos en el último año. Rosa Laura cuenta que no dan abasto, y qué aún queda mucho por investigar en un lugar donde la pobreza crece. Muchas personas han sido empujadas a los márgenes de Lima como consecuencia de la desigualdad y la pandemia.

Ejemplo de ello es el Cono Sur de Lima, donde. a medida que sube, aumenta la humedad y el hambre. Nelly, Jessy, Delia y sus vecinas recurren a la iniciativa de Olla Común para reunir todo lo que tienen y saciar el hambre del vecindario.

Nelly, Jessy, Delia y sus vecinas recurren a la iniciativa de Olla Común para luchar contra el hambre en suburbios de Lima MARIA NAVARRO SOROLLA