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Detenidos dos empresarios por explotar, presuntamente, a sus trabajadores: jornadas de nueve horas por 200 euros

  • Los empleados trabajaban de lunes a domingo en una fábrica de textil clandestina en Bilbao
  • De los seis trabajadores, cinco se encontraban en España en situación irregular al carecer de permiso de residencia y trabajo

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Los dos empresarios, de origen marroquí que regentaban, la nave fue detenida el pasado jueves
Los dos empresarios, de origen marroquí que regentaban, la nave fue detenida el pasado jueves

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en Bilbao a una pareja que regentaba un negocio de fabricación de textiles por supuestamente explotar laboralmente a trabajadores irregulares sin permiso de residencia y trabajo en Bizkaia.

Los arrestados, una pareja de origen marroquí, según ha informado este miércoles el CNP, pagaban a sus seis empleados 200 euros por jornadas de 9 horas, todos los días de la semana, incluidos los domingos, y eran explotados en una nave industrial del barrio de Ametzola de Bilbao.

De los seis trabajadores, cinco se encontraban en España en situación irregular al carecer de permiso de residencia y trabajo, agrega este cuerpo policial.

Trabajaban bajo amenaza

Según declararon los trabajadores afectados, las jornadas laborales comenzaban a las siete de la mañana y concluían a las cuatro de la tarde, los siete días de la semana y, si se quejaban o negaban a trabajar en estas condiciones, les obligaban a aceptarlas bajo amenaza de informar a la policía de su situación irregular para que les expulsaran de España.

Además, explicaron a los agentes intervinientes que, como medida de seguridad, el local siempre estaba cerrado desde dentro para evitar cualquier inspección policial y que sólo lo abrían, previo aviso telefónico, cuando se iba a producir la entrega del material necesario para confeccionar las prendas en las que trabajaban.

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Por todo ello, el pasado jueves se procedió a la detención de los dos empresarios que regentaban la nave, que se enfrenta, además de a posibles consecuencias penales por estos delitos, a sanciones administrativas en materia laboral de 3.000 euros por cada empleado no dado de alta en la Seguridad Social y de 10.000 euros por cada trabajador irregular y sin permiso de trabajo.