La Fiscalía cita a declarar a la presidenta de Perú por los manifestantes muertos en las protestas contra el Gobierno

• Los enfrentamientos terminaron con 77 personas muertas, 49 de ellas en choques directos con la policía
• La citación ha sido programada para el próximo miércoles y ha sido confirmada por el abogado de Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido citada este miércoles por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país sudamericano entre diciembre y marzo.

La citación ha sido programada para el próximo miércoles y ha sido confirmada por el abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien ha dicho que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración".

La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Las protestas dejaron 77 muertos

Las protestas antigubernamentales en Perú arrancaron tras el fallido autogolpe del expresidente Castillo (2021-2022) y dejaron 77 personas muertas, 49 de ellas en enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

La semana pasada, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de expresión y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, aseguró que consideraba que "hubo un uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte" durante las protestas antigubernamentales en Perú.

En una visita al país, Nyaletsossi se reunió con familiares de víctimas en varios puntos del país, y relató que la mayoría de ellos le trasmitieron su desconfianza sobre las investigaciones y que la Justicia llegue a condenar a los responsables de las muertes de sus seres queridos.

En este sentido, mostró su preocupación sobre esta realidad, ya que, según sus palabras, si los ciudadanos no confían en el Poder Judicial, dejarán de creer en sus instituciones.