Las armas legales para que los delitos de odio no queden impunes: "Muchos no se denuncian, son invisibles"

• Los insultos a Vinicius han generado una condena unánime por parte de la sociedad y cuestionado la impunidad del racismo
• Existen numerosos mecanismos legales, pero el miedo a denunciar o la falta de pruebas deja muchos casos ocultos

Manifestantes protestan en Brasil en contra de los ataques racistas sufridos por el jugador brasileño Vinicius

Los insultos racistas contra Vinicus Jr. durante un partido el pasado domingo ha abierto el debate sobre si existen herramientas legales suficientes para evitar que los delitos de odio queden impunes. De momento, el caso del futbolista del Real Madrid ha tenido consecuencias para el Valencia C.F., que deberá cerrar Mestalla parcialmente y pagar una multa. Asimismo, un juzgado ha abierto una investigación y tres personas han sido detenidas.

Vídeo: El caso de Vinicius pone la lupa sobre las actitudes racistas en España

Fuera del foco mediático esta semana también hemos conocido que Pedro, un hombre que trabajaba en un restaurante de León, fue despedido por ser gitano. A él, la justicia le acaba de dar la razón. Ambos casos son presuntos delitos de odio y, pese a las diferencias -el primero se ha visto en todo el mundo por televisión y el segundo se ha producido en un entorno laboral privado-, puede decirse que se ha actuado contra ellos.

"Tenemos los mecanismos para perseguirlos en todos los ámbitos, no solo deportivos", afirmaba este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos?

De sanciones administrativas a cuatro años de prisión

Frente a los delitos de odio pueden pedirse sanciones y penas mediante la vía administrativa, como por ejemplo a través de la ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que aplica la Comisión Estatal Antiviolencia, pero también por la vía penal en aplicación del artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos de odio con entre uno y cuatro años de prisión.

Además, el 30 de junio de 2022 fue aprobada en el Congreso la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, mejor conocida como 'ley Zerolo'. "Esta es una ley de garantías", explica a RTVE la jurista especializada en lucha contra la discriminación Selene de la Fuente García, quien desde la Fundación del Secretariado Gitano llevó la defensa de Pedro tras su despido.

"La norma propone una serie de sanciones para conductas discriminatorias y recoge todos los ámbitos posibles: empleo, sanidad, educación, establecimientos, acceso a bienes y servicios...", continúa la abogada, que recuerda que hasta hace poco muchas de las conductas discriminatorias que ocurrían no podían denunciarse "si no tenían la gravedad suficiente para ser un delito, es decir, no estaban tipificadas en el Código Penal".

Voluntad, pruebas y temor a las represalias

"Herramientas hay sobradas, la legislación está bien hecha. Hay jurisprudencia, y el Supremo lo ha dejado claro", ha indicado por su parte a EFE el abogado Óscar Vicario, que ha considerado que todo es "cuestión de voluntad y valentía de querer aplicar las leyes, las del ámbito administrativo y el Código Penal". Sin embargo, ha remarcado que este tipo de delitos penales requieren probar los hechos, la autoría y la motivación racial.

Aunque en el caso de Vinicius es claro –está documentado en imágenes y testigos– esto dificulta en muchas ocasiones el proceso. "Tiene pruebas válidas en derecho, pero por ejemplo, si una persona va sola por la calle y un grupo le insulta, ¿cómo prueba lo que ha ocurrido?", expone De la Fuente. En ese sentido, la letrada recuerda que al final todo se trata de "algo muy subjetivo y abstracto". "No es como un delito de lesiones, que lógicamente vas con el parte médico y se puede comprobar".

De hecho, cuenta la abogada, desde la Fundación han trabajado en casos por una denegación de acceso a bienes y servicios que se han llevado ante los tribunales, pero que "por falta de pruebas han quedado absueltos todos los autores del delito".

Frente al ámbito penal, sin embargo, otros como el laboral puede ser "más amable" y "más fácil demostrar que ha habido un discriminación", señala. "Se invierte la carga de la prueba, es decir, no es el demandante quien tiene que probarlo, sino que es el demandado el responsable de probar que efectivamente se ha dado o no esa situación", cuenta De la Fuente.

El miedo a denunciar: "No es fácil tener esa valentía"

Pese a todo, hay otros aspectos que influyen, a pesar de contar con los mecanismos legales. En muchas ocasiones los actos discriminatorios ni siquiera llegan a ser denunciados. De acuerdo con un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre delitos de odio en la UE, son muchas las víctimas que no denuncian los ataques ya que lo consideran demasiado difícil o no confían en las fuerzas de seguridad: "Como consecuencia, muchos delitos no se denuncian ni enjuician y, por tanto, son invisibles".

Entran en juego aspectos personales como la juventud, el desconocimiento de sus derechos o la falta de formación, pero también el tipo de actos discriminatorios sufridos. "En general, las experiencias de violencia se denuncian con más frecuencia que las de acoso, independientemente de que se denuncien a la policía o a otra organización", señala el documento, que insiste en la acuciante necesidad de crear mecanismos de derivación y cooperación organizativa.

“Muchos delitos no se denuncian ni enjuician y, por tanto, son invisibles“

"Ocurre con cualquier minoría, pero la comunidad gitana tienen tan normalizada la discriminación, tan metida en sus adentros, que la ven como normal", señala a RTVE De la Fuente García.

La abogada destaca que, además, hay un "miedo a represalias" y a sufrir una "revictimización". "No es fácil tener esa valentía de decir 'voy a llevar adelante un procedimiento'", argumenta. Es por ello que pide que haya más "formación y sensibilización", especialmente por parte de las instituciones. Pone como ejemplo la estrategia utilizada con la violencia de género, un tema con el que se está concienciando tanto a nivel judicial como de las fuerzas de seguridad.

Actuar contra el racismo en el deporte

La noticia de Vinicius ha generado la condena unánime por parte de la sociedad, la política y las instituciones y ha saltado al panorama internacional provocando incluso la reacción de la ONU, que ha pedido a los organizadores de eventos deportivos que pongan en marcha "estrategias para evitar el racismo en el deporte". Desde Brasil, el Gobierno de Lula da Silva emitió un comunicado condenando "en los términos más fuertes" los ataques racistas y pidió a las autoridades españolas que actuasen.

Aunque desde diferentes sectores se ha hablado de un suceso puntual, no es la primera vez que en los campos de fútbol de nuestro país se viven circunstancias parecidas. Cuando Samuel Eto'o jugaba en el Barcelona FC, recibía insultos racistas y sonidosparecidos a los de un mono, aunque en aquella ocasión no se pudo identificar a los autores. También ha sufrido gritos racistas en el estadio del Espanyol el jugador del Athletic Iñaki Williams, que está a la espera de que se fije la fecha del juicio por los hechos.

"El racismo en los estadios españoles existía antes de que yo hubiese nacido", afirmaba el propio Vinicus en Twitter el pasado martes citando un vídeo de una situación de racismo que tuvo que vivir Roberto Carlos en el Camp Nou en el año 1997. Es por ello que el Real Madrid tomó la decisión de denunciar el caso para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - SOS Racismo: "Hay un aumento de casos de racismo y discriminación en toda España" - Escuchar ahora

El racismo más allá del foco mediático

Más allá de la esfera mediática, los datos desvelan cómo existen centenares de situaciones discriminatorias que tienden a pasar desapercibidas, y no por ello son menos importantes. Según un informe del Ministerio del Interior, los delitos e incidentes de odio registrados por las fuerzas de seguridad ascendieron a 1.802 en 2021, último año con cifras oficiales consolidadas.

De todos ellos, 639 hechos fueron por racismo o xenofobia, lo que convierte esta categoría en la principal causa de los delitos de odio cometidos ese año (un 35,46% del total). Y no solo eso, este tipo de delitos han sufrido un aumento del 24,08% con respecto a 2019.

Pedro, despedido por la dueña del restaurante cuando se enteró de que era gitano, tuvo que enfrentarse a comentarios como "Tienes que leer más y aplicarte en los estudios, en vez de sentarte con primos a tomar litronas y tocar guitarras" o "¿Ves por qué no quiero gitanos trabajando aquí? Antes venían de vez en cuando y ahora a menudo, y eso no es bueno para el negocio".

Finalmente, la Justicia ha fallado en favor del denunciante y ha declarado nulo el despido, una decisión que celebran desde la Fundación Secretariado Gitano. "Puede servir para animar a más víctimas a denunciar cuando sufran discriminación racial o étnica", señalan en un comunicado, destacando la importancia de que haya sentencias como estas que sirvan para "una reparación adecuada a las víctimas".

Vicario dice confiar en que el nuevo fiscal de sala coordinador contra los delitos de odio y discriminación, cuya plaza se ha cubierto hace un mes tras año y medio vacante, "deje de ser una figura decorativa como era antes y pase de verdad a coger el toro por los cuernos". Pese a que existen herramientas legales suficientes, la sensación de un "escenario de impunidad" es elevada, asegura.