La ley de familias o el Estatuto del Becario: el adelanto electoral paraliza la tramitación de hasta 60 leyes

• La disolución de las Cortes ha provocado que se desconvoque toda la actividad legislativa prevista en las próximas semanas
• También se verán interrumpidas otras actividades vinculadas al Congreso, como es el caso de las comisiones de investigación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz

Adelantar las elecciones generales al 23 de julio no solo supone el arranque de una nueva campaña para presentar a los candidatos: el decreto de la convocatoria conlleva la disolución del Congreso y el Senado y, con ello, la suspensión de toda actividad parlamentaria. Esto provoca, entre otras cosas, la paralización de numerosas iniciativas que habían sido puestas en marcha en ambas cámaras legislativas.

Entre ellas estarían algunas leyes tan significativas como las de familias, la de la trata o la nueva tarifa de la luz, así como el Estatuto del Becario, que ahora podrían quedar enterradas durante la próxima legislatura.

“��La disolución de las Cortes ya ha provocado que se desconvoque toda la actividad legislativa▪️ También va a impedir la aprobación de las leyes que se estaban tramitando como la de familia, la de movilidad sostenible o la de trata▶️https://t.co/xe0V0X0nt8 pic.twitter.com/asPsSyYhGF— Radio 5 (@radio5_rne) May 29, 2023“

Desde este martes y hasta mediados de agosto, quedará tan solo en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, que asume sus funciones, y ya no podrán reunirse los diputados en el pleno hasta la sesión constitutiva. Dado que las elecciones son a finales de julio y la constitución de las Cortes Generales tienen un plazo máximo de 25 días, no está prevista la reanudación de la actividad en el Parlamento hasta el 17 de agosto.

En este contexto, quedarán sin aprobar más de 60 leyes que estaban a la espera de los trámites parlamentarios. Al menos 25 de ellas parten de decretos-ley ya en vigor y ocho han sido aprobadas por el Gobierno, mientras que 30 han sido impulsadas por los grupos que componen la cámara. También se verán interrumpidas otras actividades vinculadas al Congreso, como es el caso de las comisiones de investigación.

Enumeramos las principales iniciativas que se verán abocadas al bloqueo:

Ley de familias, contra la trata o la de secretos oficiales

Tras una legislatura que ha durado más de tres años, varios proyectos de ley se quedarán finalmente a las puertas a causa no solo del adelanto electoral, sino también por la falta de consenso. Es el caso de la ley de familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y que se había visto en una situación de bloqueo parlamentario ante el rechazo de PNV, ERC y Bildu, lo que llevó a prorrogar el proceso de enmiendas.

Otra de las normas que quedarán en el tintero es la ley contra la trata. Impulsada por Justicia y aprobada en el Gobierno en noviembre de 2022, este texto recoge medidas y reformas en el Código Penal para "desarticular" las redes de explotación, tal y como explicó la ministra Pilar Llop.

Junto a esta, también quedarán fuera otras leyes relacionadas, como la de la abolición del proxenetismo. Este último texto, impulsado por el PSOE, nació a raíz del debate de la ley del 'solo sí es sí', que dejó fuera las enmiendas socialistas sobre la prostitución tras un desencuentro con los socios de investidura que hizo peligrar la aprobación de la norma. Por ello, el partido presentó una proposición de ley aparte para establecer la persecución del proxenetismo.

Por otra parte, tampoco verán la luz la ley de secretos oficiales, que derogaba la vigente de 1968 y fijaba la desclasificación de documentos en un horizonte de entre cuatro y 50 años, o la futura ley de representación paritaria, que tan solo ha llegado a ser aprobada en el Consejo de Ministros.

De la luz a las pensiones: el bloqueo en materia económica

Con la disolución de las Cortes, quedarán suspendidas también varias leyes y proposiciones de materia económica. Entre ellas están la nueva tarifa regulada de la luz –una promesa del Gobierno a Bruselas a cambio de la excepción ibérica– o la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que no llegaron a aprobarse.

Desde el punto de vista laboral, la ley de función pública, que había sido acordada por el Gobierno junto a los sindicatos mayoritarios para modernizar el empleo público y fomentar la promoción interna, se verá afectada por la paralización.

Y junto a ella también lo hará el tan esperado Estatuto del Becario, que trataba de regular y poner coto a las prácticas extracurriculares. Este último estaba bloqueado en un intento de negociar con las patronales de empresarios, pero el avance electoral llega cuando aún estaban en el proceso de negociación.

Además, queda pendiente la tramitación de uno de los últimos flecos pendientes de la reforma de las pensiones, relativa a la jubilación parcial. Sin embargo, en este caso el bloqueo no afectará en la práctica al grueso de la norma, ya que se trata de un decreto ley en vigor y ya convalidado por los diputados del Congreso.

Decaen la ley del cine y la Agencia Estatal de Salud Pública

Más allá de los ámbitos judiciales y económicos, otras áreas se verán afectadas por el final abrupto de esta legislatura. El Consejo de Ministros había aprobado la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública para afrontar posibles amenazas y riesgos para la salud de la población. Aunque le dio luz verde el pasado mes de agosto, de momento quedará en el limbo.

Asimismo, la ley de salud mental y la de mejoras para los pacientes de ELA se verán en situación de bloqueo a la espera de una nueva legislatura. Y junto a ellas, también uno de los últimos anuncios de Sánchez, el olvido oncológico. El presidente del Gobierno anunció que impulsaría cambios legislativos para garantizar este derecho a partir de junio.

Mientras tanto, en el ámbito cultural el séptimo arte será uno de los sectores afectados por el bloqueo de los trámites legislativos. La conocida como ley del cine y la cultura audiovisual, con la que el Gobierno pretendía actualizar la legislación existente desde 2007, tampoco verá de momento la luz.

Otra de las que quedará en suspensión era una de las que estaba más próxima a su ratificación definitiva: la proposición de ley que favorecía los incentivos fiscales del micromecenazgo. En la misma situación quedan también la reforma del Estatuto del Artista, que incluía una prestación especial por desempleo para sus trabajadores, o la ley sobre enseñanzas artísticas superiores.

Otros temas pendientes: la reforma constitucional o la ley mordaza

Una de las grandes promesas electorales que quedaba pendiente para esta legislatura era la derogación de la ley mordaza. La reforma impulsada por el PNV y que contaba con el apoyo del PSOE y de UP fue tumbada en la Comisión de Interior por parte de ERC y Bildu, que consideraban insuficientes los cambios propuestos. La falta de acuerdos dejó finalmente la derogación enterrada y a la espera de futuras negociaciones.

En materia de reformas, vuelve a quedar en el aire por segunda vez en cinco años la modificación del artículo 49 de la Constitución. La iniciativa, que fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en 2018, proponía suprimir el término 'disminuido' y cambiarlo por 'persona con discapacidad'. Aunque el Congreso alcanzó un acuerdo por unanimidad sobre este asunto, esta modificación no ha llegado a tiempo.

En cuanto a las comisiones del Congreso, la recientemente creada para investigar las cloacas del Estado y la 'operación Cataluña' no podrá concluir sus trabajos en esta legislatura. A ella estaban llamados a comparecer el excomisario Villarejo, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz o el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, entre muchos otros.

Salvadas por la campana

Pese al nuevo bloqueo legislativo, hay varias proposiciones y leyes que han llegado a tiempo o que no se verán afectadas. Tal es el caso de la ley de vivienda, que recibió hace dos semanas su aprobación definitiva en la Cámara Alta con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal, por lo que ya está en vigor.

Sí que queda en duda el decreto de sequía que aprobó el Gobierno para conceder un paquete de ayudas de 2.190 millones euros ante una falta de agua y unas inundaciones acuciantes que han afectado a gran parte del sector de la agricultura y la ganadería. Se iba a someter al debate de convalidación en el Congreso este jueves, pero ahora queda en manos de la Comisión Permanente, que tiene competencia para sacar adelante este tipo de decretos.

Por otro lado, no decaerá la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recoge la regularización extraordinaria de unos 446.000 migrantes residentes en España. Al tratarse de una figura legislativa que parte directamente del pueblo (recaudó las 500.000 firmas necesarias para iniciar la tramitación), no caducará y podrá continuar el proceso en la siguiente legislatura, independientemente de los resultados electorales.