Los funcionarios de Justicia se encierran en el Ministerio tras la negativa del Gobierno a seguir negociando

• Justicia había propuesto que se volviesen a reunir cuando los nuevos gobiernos autónomicos y central estuviesen constituidos
• Los sindicatos reclaman una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios

Concentración de los funcionarios de la administración de Justicia ante la sede del PSOE, hace unos días.

Los funcionarios de Justicia se han encerrado este martes en el Ministerio tras la negativa del Gobierno a seguir negociando hasta que no se constituyan los gobiernos autonómicos y central que saldrá de las elecciones del 23 de julio.

Tras la tercera reunión desde el inicio de los paros, el ministerio que dirige Pilar Llop se había comprometido con los funcionarios a volver a reunirse con ellos una vez se constituyan todos los gobiernos, una vez pasen las elecciones generales, una medida que desde los sindicatos tachan de "propuesta impresentable y ofensiva para la dignidad de nuestro colectivo".

La cita de este martes ha tenido lugar desde las 12.30 horas y ha sido convocada después de que los sindicatos anunciaran su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Pilar Llop y Tontxu Rodríguez, por no reunirse con el comité de huelga.

Los funcionarios de la Administración de Justicia han afeado al Ministerio que no les ofrezca una subida salarial. "Es absolutamente insuficiente y una burla después de mes y medio de huelga", ha señalado el comité de huelga tras la sesión matutina de la reunión.

Esta es la tercera reunión que han mantenido el equipo de Pilar Llop y los sindicatos que integran el comité de huelga de funcionarios --CSIF, STAJ, CCOO y UGT--. La primera tuvo lugar el 20 de abril; la segunda, cuatro días después, el 24. Ambas terminaron sin acuerdo toda vez que no se formalizó una oferta económica con la que negociar.

Tras aquella negativa, los funcionarios aumentaron la presión sobre el Ministerio con concentraciones frente a la sede de Justicia, el Congreso de los Diputados y la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Con el paso de los días, también convocaron movilizaciones en el centro de la capital y manifestaciones todos los días de la semana. Este lunes han estado de nuevo ante el Ministerio.

Acusan a Justicia de "clasismo"

Los representantes de los funcionarios consideran que Justicia ha actuado ante su huelga con "clasismo y rancio corporativismo" y recuerdan sus negociaciones con jueces y fiscales cuando anunciaron un posible paro indefinido, que al final desconvocaron tras lograr una subida salarial de unos 450 euros brutos, cantidad similar a la acordada con los letrados.

Los sindicatos confían en que Justicia acuda a la reunión con una propuesta salarial en la línea de las acordadas con esos colectivos para solucionar el conflicto, que está provocando la suspensión de miles de vistas.

Por su parte, el comité de huelga reclama una subida salarial de hasta unos 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios, así como que se paralizase la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, el Ministerio Justicia quiere "imponer, sin negociar", poniendo "en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".

Lo cierto es que tras el anuncio de elecciones anticipadas, tanto la Ley de Eficiencia Organizativa como las otras dos leyes de eficiencia quedan paralizadas con la disolución de las Cortes Generales.

También quedan suspendidos otros textos impulsados por el equipo de Pilar Llop, como la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.