El Consejo Constitucional de Chile trabajará sobre un anteproyecto redactado por expertos
- Está integrado en su mayoría por juristas y con representantes desde comunistas hasta ultraderechistas
- Los expertos han trabajado sobre 12 principios básicos acordados previamente por los partidos
El Consejo Constitucional que se ha instalado este miércoles en Chile para empezar a elaborar una segunda propuesta de Carta Magna no partirá de cero y trabajará sobre un anteproyecto confeccionado por un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento.
"No es la Constitución soñada para ninguno de nosotros, pero sí una bajo la que todos sentimos que podemos convivir", ha dicho durante la última sesión del grupo Verónica Undurraga, presidenta de los expertos y nombrada por el oficialismo de centro-izquierda.
Integrado en su mayoría por juristas y con representantes desde el Partido Comunista hasta el ultraderechista Partido Republicano, el grupo solo tendrá derecho a voz a partir de ahora y sus normas podrán ser modificadas por 3/5 de los votos del Consejo.
Tendrá 14 capítulos
Con 14 capítulos, el anteproyecto es más moderado que la primera propuesta de Ley Fundamental, elaborada por una convención de izquierdas y rechazada en septiembre por el 62% de la ciudadanía en un plebiscito.
El propio presidente, Gabriel Boric, aseguró el domingo en el canal 'Chilevisión' que "aprobaría" el texto así como está en el plebiscito del 17 de diciembre.
Para evitar un texto que cambie por completo la institucionalidad chilena, como la anterior propuesta, los expertos trabajaron sobre 12 principios básicos acordados previamente por los partidos y llegaron a acuerdos transversales.
La gran duda radica en si la ultraderecha, que defiende el modelo neoliberal instalado durante el régimen y tiene 22 de los 50 escaños del Consejo, respetará esas bases o se unirá con la derecha tradicional (11 escaños) para cambiarlas de raíz.
Chile, un "estado social y democrático de derecho"
El artículo 1 declara a Chile un "Estado social y democrático de derecho" -algo que también recogía la primera propuesta-, consagrando así una aspiración histórica de la izquierda, que solo tiene 16 escaños del Consejo.
Además, el documento mantiene el sistema bicameral y el régimen presidencial, con mandatos de cuatro años sin reelección.
Pese a las reticencias de muchos partidos, los expertos han aprobado también un umbral del 5% de los votos para tener representación en el Congreso y reducir así la alta fragmentación política.
Descentralización de la administración
El anteproyecto propone una administración más descentralizada que la actual, con nuevas instituciones como los consejos regionales, con parlamentarios escogidos por sufragio universal y que podrán aprobar normas propias.
La propuesta mantiene los gobernadores actuales, que se votarán en un sistema de doble vuelta parecido a las presidenciales.
El nuevo texto reconoce a los pueblos originarios, "como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible", y establece que el Estado debe "respetar y promover sus derechos individuales y colectivos".
Se trata de un avance con respecto a la actual Constitución, donde los pueblos indígenas no aparecen mencionados, pero dista mucho de la primera propuesta, que estableció que Chile era un Estado plurinacional.
No se lograron incluir los escaños reservados y solamente se pudo acordar que "la ley podrá establecer mecanismos para promover su participación política".
Un texto conservador en las reivindicaciones feministas
Además de la plurinacionalidad, la propuesta rechazada en septiembre era pionera en la defensa del medio ambiente y la igualdad de género e incluso llegó a consagrar el aborto libre.
Esta vez, el texto es más conservador en las reivindicaciones feministas, constitucionalizando únicamente la igualdad salarial y una "representación equilibrada" entre hombres y mujeres en órganos de representación.
En medio ambiente, la propuesta es más ambiciosa, y aborda los retos del cambio climático y la transición energética, además de establecer el agua como "un bien nacional de uso público", lo que cambiaría las propiedades privadas del agua que rigen actualmente.
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