Los sindicatos de los funcionarios de Justicia denuncian a Llop por "bloquear la negociación" y abandonan el encierro
- Han presentado un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo
- Los representantes de los funcionarios estaban encerrados en el Ministerio de Justicia desde el pasado martes
El sindicatos de los funcionarios de la Administración de Justicia han presentado este viernes un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigue si la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Pilar Llop y Tontxu Rodríguez, respectivamente, han cometido alguna ilegalidad por bloquear la negociación del conflicto. Además, han decidido abandonar el encierro que estaban realizando en la sede de Justicia desde el pasado martes.
En su escrito, CSIF, STAJ, CCOO y UGT recuerdan que el 17 de abril comenzó la huelga con paros parciales que se convirtió en indefinida el 22 de mayo para reivindicar mejoras retributivas y de condiciones de trabajo para los funcionarios de Justicia tras las acordadas, primero, con letrados de la Administración de Justicia, y después, con jueces y fiscales.
Añaden que el 6 de mayo tuvo lugar una reunión que, "a pesar de que continuaba sin haber un acuerdo, el secretario de Estado de Justicia interrumpió unilateralmente habiendo comunicado este jueves el Ministerio que no va a haber más encuentros con el comité de huelga".
Los sindicatos alegan que el artículo 8 del decreto ley sobre relaciones de trabajo establece que "desde el momento de preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo".
Añaden que "el comité de huelga ha cumplido escrupulosamente esta obligación de negociar asistiendo a las reuniones que han sido convocadas". "No así el Ministerio de Justicia y sus máximos responsables", recalcan.
Y agregan que "si no se realiza la negociación, es imposible que la huelga sea desconvocada, salvo que se pretenda con esta falta de convocatoria de reuniones que los descuentos retributivos realizados por tantos días de huelga puedan disuadir a los trabajadores para continuar la misma".
En la última reunión, del pasado martes, las posiciones encallaron. El comité de huelga insistió en reclamar esa subida salarial de 430 euros mensuales, instando a Justicia a hacerle al menos una contrapropuesta económica, pero desde el departamento de Llop se limitaron a ofrecer el compromiso de seguir negociando tras las elecciones generales previstas para el 23 de julio.
El encierro en el Ministerio de Justicia
Los cinco miembros del comité de huelga que abandonan este viernes el encierro en el Ministerio de Justicia iniciado el martes. La medida se llevó a cabo para forzar una negociación y después de que el secretario de Estado de Justicia abandonara la reunión "de forma abrupta y unilateral".
Durante el encierro, los sindicatos han denunciado que en el ministerio no ha permitido que se les haga llegar comida a los encerrados y uno de ellos ha tenido que ser atendido este viernes por facultativos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) al encontrarse indispuesto.
"No se puede tener a cinco personas sin comer porque se le prohíba el acceso de alimentos y la situación empieza a ser muy dramática y afecta a su estado físico y mental", ha advertido el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán.
Los encerrados han estado apoyados desde el exterior del Ministerio por un grupo de funcionarios mientras que los sindicatos han convocado una concentración ante la sede del PSOE para pedir una negociación de sus reivindicaciones retributivas y de condiciones de trabajo.
Estudian denunciar en los juzgados
En declaraciones a los periodistas y tras presentar el escrito ante la Fiscalía, el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, ha aclarado que aunque también habían decidido presentar este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) una denuncia contra la ministra por coacción y trato degradante al comité de huelga, de momento la están "estudiando muy seriamente".
"Estamos analizando la situación porque al principio parecía que iba a ser una cuestión bastante fácil pero es más compleja de lo que parece", ha comentado.
Y ha añadido que creen que "es un trato degradante e inhumano el negar la comida a unas personas para hacerles hincar la rodilla y que abandonen su empeño de defender los derechos de los trabajadores".