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¿Por qué no pueden ir voluntarios a las mesas electorales?: De la "neutralidad" a la "falta de concienciación"

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¿Por qué no pueden ir voluntarios a las mesas electorales?
Una mujer introduce su voto en una urna en un colegio electoral del centro de Sevilla

El próximo 23 de julio muchos españoles deberán cambiar el domingo de piscina o playa para formar parte de las mesas electorales tras haber sido elegidos por sorteo. Una obligación democrática casi ineludible que, si bien en cada llamada a las urnas despierta quejas en las redes sociales, en esta ocasión su emplazamiento en pleno verano ha reavivado con fuerza la eterna pregunta: ¿Por qué no pueden ir voluntarios o desempleados?.

Es el mejor sistema que tenemos para garantizar la neutralidad

Para el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada Agustín Ruiz la respuesta es sencilla. "Es el mejor sistema que tenemos para garantizar la neutralidad", afirma a RTVE.es. Si los vocales y los presidentes de las mesas electorales fuesen voluntarios, la probabilidad de que tuviesen "interés en manipular las elecciones" sería mayor. Los partidos políticos, además, podrían movilizar a simpatizantes para ocupar dichas mesas. Entonces se perdería de nuevo la neutralidad, y con ella "la base de la democracia".

El abogado del despacho Pactio Legal David Fernández apunta a otro posible motivo por el que las mesas electorales son formadas por sorteo. Según el letrado, "en España tenemos muy poca cultura política y democrática", una "falta de concienciación" por lo que duda de cuántas personas sin adscripción política se ofrecerían realmente como voluntarias. "Hace falta educar convenientemente de lo que significa la democracia, que desde luego es más que ir a votar cada cuatro años", opina.

¿Qué dice concretamente la ley y desde cuándo es obligatorio?

Por su parte, la normativa vigente no ofrece motivos, pero es tajante: "Los cargos de presidente y vocal de las mesas electores son obligatorios. No pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos". Así lo recoge la Ley Orgánica 5/1985, la cual advierte también de que quienes no acudan a desempeñar sus funciones "incurrirán en pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses".

No obstante, la obligatoriedad no se remonta a 1985, sino a ocho años antes, cuando se promulgó el Real Decreto-ley 20/1977. En su artículo 12 este recoge ya la imposibilidad de que las mesas sean formadas por voluntarios y, tres meses más tarde, con él se celebraron en España las primeras elecciones libres tras la dictadura. Fueron también las primeras sin miembros designados en las mesas, pues durante la Segunda República estaba vigente la ley electoral de 1907, que contemplaba el sufragio obligatorio, pero aún no mencionaba el sorteo entre toda la población elegible.

Desde hace ya casi 50 años el Régimen Electoral General (LOREG) es el órgano encargado de establecer las condiciones de la formación de las mesas electorales. De acuerdo con dicha institución, los presidentes y vocales de las mesas, al igual que dos suplentes para cada uno, son elegidos por sorteo público entre las personas incluidas en la lista de electores que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. Eso sí, las de 65 o más pueden renunciar en un plazo de siete días. El resto también tiene una semana para alegar ante la junta electoral de zona, aunque solo si sus razones están dentro de las causas admitidas.

Pese a que hay numerosos países donde sí se permite de alguna forma que voluntarios formen parte de la organización de los comicios, como Reino Unido, Alemania y Guatemala, en España la Junta Electoral Central ha dejado claro en varias ocasiones su rechazo a la posibilidad de recurrir a estos voluntarios incluso cuando hay ausencias en las mesas. Lo hizo por ejemplo durante las elecciones del 14 de febrero de 2021 ante la solicitud de Tarragona por la incertidumbre de la pandemia de coronavirus.

En cualquier caso, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad UDIMA Juan Manuel Herreros afirma que el modelo de sorteo de España "es el que sigue generalmente en Europa, donde se tienen los estándares más altos de la democracia", opinión que comparte el catedrático Agustín Ruiz, quien recuerda que en países como Bélgica, Australia y Luxemburgo el sufragio es incluso obligatorio.

"Una medida de garantía" más allá de los intereses políticos

Los expertos entrevistados por RTVE.es coinciden también en considerar el modelo electoral actual como el más adecuado para España. Según la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana Carmona, se trata de "una medida que está pensada para garantizar la limpieza del proceso" más allá de los intereses políticos y de incluso la figura de los apoderados e interventores, representantes de los partidos candidatos que supervisan los comicios.

Sería desastroso para el proceso electoral

"Los apoderados al final están supeditados a las decisiones que toman los miembros oficiales de las mesas, son meros supervisores y no son neutrales. Por eso es necesario que en las mesas electorales haya representantes sin ninguna adscripción política", sugiere por su parte el docente de la UDIMA Herreros. De ser los miembros voluntarios, continúa, cabría la posibilidad de que se favoreciese a grupos políticos con fuerza de presión y capaces de "captar" al mayor número de personas que luego podrían manipular los recuentos. "Sería desastroso para el proceso electoral", insiste.

Pero para el letrado David Fernández el sistema de elegir a los miembros de las mesas por sorteo debe continuar principalmente no por miedo a un "pucherazo" por parte de los grupos políticos, sino porque considera que "la cultura política en España es bastante deficiente". "Se requeriría una sociedad civil y unas asociaciones potentes, unos ciudadanos conocedores de sus derechos políticos y exigentes... Si todos esos condicionantes se diesen en la sociedad española, probablemente la obligatoriedad no sería necesaria", opina al recordar que la democracia en España tiene solo 46 años.

¿Hay alguna forma de hacer la obligatoriedad más atractiva?

Las próximas elecciones del 23 de julio serán especialmente "un hueso duro de roer" en cuanto a la participación. Cuando muchos españoles estarán en mitad de sus vacaciones, "no es el momento del año más propicio para votar", y tampoco para pasar un día al completo en la mesa electoral y los calurosos colegios, reconoce la docente andaluza Ana Carmona. Una "carga impagable" para algunos pese a la dieta de 70 euros, cinco euros mayor que en anteriores elecciones.

Carmona, sin embargo, opina que el problema no está en la cantidad económica y que esta no haría por sí misma que la obligatoriedad de formar parte de las mesas fuese más atractiva. Para la catedrática la clave está en la mentalidad. "Supongo que si estuviera mejor pagado algunas personas irían de mejor gana, pero otras no. Yo creo que la gratificación en realidad es simbólica, la cuestión no es hacerlo por dinero, sino porque es una obligación social, legal y democrática", sostiene.

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"No es un trabajo, es una obligación ciudadana", añade en la misma línea el experto en derecho constitucional Agustín Ruiz. Se trata, continúa, "de poner nuestro granito de arena para la democracia funcione". "Si tenemos un Estado que nos da una serie de prestaciones como educación y salud, nosotros también tenemos que aportar nuestro esfuerzo", defiende aunque sostiene que cree que gran parte de la población ya está plenamente “concienciada”.

El abogado David Fernández, además, es "un firme defensor de la necesidad de educar en cómo funciona el sistema político y el sistema democrático". Considera que la forma más eficaz de hacer la obligatoriedad legal más atractiva es enseñar desde edades tempranas en las escuelas los mecanismos de las instituciones políticas y la importancia de la participación ciudadana, entre otros aspectos y valores.

Damos por hecho la democracia

En un momento en el que "damos por hecho la democracia", Fernández apuesta entonces por recordar de dónde venimos y el esfuerzo tras las primeras elecciones libres. "La historia nos ha demostrado que los derechos se pueden revertir, que el sistema democrático puede desaparecer y que podemos volvernos a ver en situaciones de dictaduras sin ningún tipo de problema", por eso, insiste, cree que continuar ejerciendo tanto el derecho al voto como la obligación de ser presidente o vocal de una mesa electoral se vuelve indispensable para no caer en errores del pasado.