Dos asociaciones de fiscales avisan al Gobierno de que la elección de Delgado para Memoria Democrática fue "nula"

• Aseguran que Delgado no puede ejercer este cargo por sus vínculos con Garzón y su fundación
• El sucesor de Delgado en la Fiscalía General la propuso como nueva fiscal de Memoria Democrática la semana pasada

Imagen de archivo de Dolores Delgado, durante su ceremonia de jura o promesa como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

La Asociación de Fiscales (AF) -de carácter conservador y mayoritaria en la carrera fiscal- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han dirigido este lunes al Gobierno a través de sendos escritos donde le advierten de que la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue "nula" porque no cumplió el trámite legal.

En primer lugar, la AF ha enviado una carta a la ministra de Justicia, Pilar LLop, donde le reclama no trasladar al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general para situar a Delgado al frente de esta nueva Fiscalía de Sala o que, en caso de haberlo hecho ya, comunique la petición de la asociación para que no acuerde el nombramiento "por concurrir causa de nulidad de pleno derecho".

Además, advierte de que, si finalmente el Gobierno decide seguir adelante con el nombramiento de Delgado, "la resolución del Consejo de Ministros puede ser impugnada, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria (...) y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes".

Por su parte, la APIF ha dirigido otro escrito, pero en este caso al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para advertirle, en su calidad de secretario del Consejo de Ministros, de "la mencionada incidencia en el Consejo Fiscal". "Sin duda alguna, determinará la existencia de litigación jurisdiccional tanto sobre la nulidad o no de la propuesta, así como --tal vez-- de otro tipo de responsabilidades", apunta.

Las razones por las que cree que es "nula" su elección

Según ambas asociaciones, la propuesta de nombramiento de Delgado no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal, y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".

Esa "causa justificada", aduce la AF, es que sus seis vocales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno al entender que, "una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales".

Sin embargo, el Pleno se celebró el pasado jueves y esos siete vocales plantearon la necesidad de que la Inspección Fiscal estudiara si Delgado incurría en una "causa de incompatibilidad" por su relación con el ex juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos. Esta petición también fue rechazada, por lo que los miembros de AF y APIF optaron por no participar ni en el debate ni en la votación sobre esa plaza.

Propuesta como nueva fiscal de Memoria Democrática

Con todo, la AF subraya que "la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal (siete de once) no emitieron el preceptivo informe en el concreto punto del orden del día relativo a la propuesta de nombramiento de nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática", razón por la cual la asociación esgrime que la propuesta de nombramiento de Delgado "ha incumplido" el trámite legal. 

Los siete vocales pidieron sin éxito la suspensión del consejo, adelantado tras la convocatoria de elecciones y, durante el pleno, la AF solicitó, también sin éxito, que se excluyese la plaza de Delgado del orden del día.

En su carta, la Asociación de Fiscales reivindica además que, en el presente caso, la actuación de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal no puede considerarse como un 'voto negativo' o como una 'abstención', sino como la no emisión del preceptivo informe exigido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) por causa justificada".

A todo ello suma que, "la actuación del fiscal general del Estado ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal al decidir, de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros, que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad".

En la misma línea, APIF reprocha a García Ortiz que decidiera "lo que era competencia del Consejo Fiscal en Pleno". "Ello le permitió soslayar esa garantía legal que establece la ley para impedir que casos de conflicto de intereses se puedan producir en el seno de la Fiscalía", "una cuestión de la máxima relevancia", indica.

Garzón y su fundación Figbar

La Asociación de Fiscales denuncia que Garzón, presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR), "pretende obtener" de la Fiscalía "una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias" y no ve "aventurado" que las denuncias que lleguen a la nueva Fiscalía vengan firmadas por esta fundación.

Por eso, incide en que situar a Delgado en la cúspide de una Fiscalía como la de Memoria Democrática, "cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada, resulta inadmisible".

Para la AF, "la decisión contraria supondrá un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia, dado que cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del señor Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta".