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Justicia emplaza a los funcionarios a retomar las negociaciones tras las elecciones generales

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Manifestantes portan insignias de sindicatos frente al Ministerio de Justicia
Funcionarios de Justicia durante una concentración frente al Ministerio

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la dificultad de llegar a acuerdos con los funcionarios de la Administración de Justicia cuando todavía no se han constituido los nuevos gobiernos autonómicos y doce comunidades tienen las competencias transferidas. Declaraciones realizadas a periodistas en Vigo tras las del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, afirmando que "ahora mismo no hay posibilidad de alcanzar un pacto hasta que haya un nuevo Gobierno y lamentando que no se haya podido aprobar la Ley de Eficiencia Organizativa, "paralizada" al disolverse el Parlamento por la convocatoria electoral del 23 de julio.

Rodríguez ha emplazado este miércoles a los sindicatos de los funcionarios a "continuar" negociando "una vez que se constituyan las nuevas Cortes Generales". Ha insistido, además, en que es "falso" que los funcionarios vayan a tener que trabajar en el mes de agosto y dice que el Ministerio de Justicia está analizando la situación para resolver el atasco, ya que "los principales perjudicados son los ciudadanos".

Por su parte, Llop ha pedido a los trabajadores que no vayan a "maximalismos" y "miren por el buen funcionamiento del servicio de público de Justicia. Aun así, ha ratificado su respeto a la huelga, asegurando que es "absolutamente sensible" ante sus reivindicaciones.Ha aludido al "momento complejo" actual para negociar "cualquier aumento en las retribuciones".

Reacciones del Gobierno tras la votación este martes del comité de huelga, que decidió mantener el parón indefinido, de los 45.000 funcionarios llamados a él, iniciado el pasado 17 de abril. Los trabajadores rechazaron, por lo tanto, aplazar el conflicto hasta la constitución del nuevo Gobierno, -justo lo que piden desde Justicia- y "exigieron" a sus representantes sindicales continuar con el paro para forzar el diálogo ahora roto, según el portavoz de CCOO, Javier Hernández.

En las asambleas celebradas este pasado lunes, el apoyo a mantener la huelga fue prácticamente unánime en territorios como la Comunidad de Madrid -con el 93,5 % de votos a favor-, Asturias -91,4- y Murcia capital -91,1 %-, y solo se rechazó en Valencia -65% a favor de aplazarla-, Córdoba -56,5 %- y Huelva -51 %-.

Protestas que continúan tras tres reuniones sin acuerdo

Los sindicatos convocantes han anunciado, además, que habrá nueva manifestación en Madrid en la última semana de junio -previsiblemente el 26 de este mes- que "debería terminar en Moncloa", según Hernández, y otra en plena campaña electoral. Las protestas ya se intensificaron el 22 de mayo y exigen una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que plantee "modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo".

Precisamente, alrededor de 100 personas se han concentrado ante el Ministerio que dirige Pilar Llop este miércoles. Protesta a la que se une la de una treintena de funcionarios en la entrada del DataFórum de Justicia, al que ha asistido el secretario de Estado de Justicia en Gijón.

Según la ministra, han tenido tres reuniones con los representantes de los funcionarios y estos han rechazado las "ofertas" que les ha hecho el Ministerio. En su último encuentro, celebrado la semana pasada y el primero al que se convocó al comité de huelga desde el inicio del paro indefinido, el Ministerio solo se comprometió con los sindicatos a retomar las negociaciones una vez constituidos los nuevos gobiernos central y autonómicos.

Por su parte, los sindicatos dicen que, en este último encuentro, el secretario de Estado de Justicia dio una "espantada", que desembocó en un encierro de cinco sindicalistas durante tres días en la sede del Ministerio para forzar el diálogo. El portavoz de CSIF, Juan Carlos Ferreiro, asegura que se está dando un "trato denigrante e inhumano" del Ministerio hacia los funcionarios y exigen un "interlocutor válido".

Desde el Ministerio, a través de palabras de Txontxu Rodríguez, se encuentran “con ánimo de negociar” y el secretario de Estado de Justicia afirma que está “seguro” de que se alcanzará un acuerdo tras el “revolcón importante” que, según él, ha sufrido la Justicia esta legislatura.

Preguntado sobre si hay un agravio comparativo de los funcionarios con respecto a otros colectivos, Rodríguez ha recordado que, primero se negoció con los letrados de la Administración, los cuales aceptaron la propuesta de Justicia el pasado 27 de marzo. Después, afirma Rodríguez, siguieron con los jueces y fiscales, -conflicto que se resolvió con acuerdo el 23 de mayo, y a continuación, con los funcionarios.