El Gobierno de Meloni aprueba una controvertida reforma judicial en Italia criticada por los jueces

• La nueva ley anula el delito de abuso de poder y limita las escuchas telefónicas
• El texto ha despertado reproches de la principal asociación de magistrados del país

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (Archivo)

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado una controvertida reforma de la Justicia este jueves que, entre sus disposiciones más polémicas, anula el delito de abuso de poder y limita las escuchas telefónicas, lo que ha despertado las críticas de la principal asociación de magistrados del país.

La reforma, contenida en un proyecto de ley que se tramitará ahora en el Parlamento, era una de las promesas del ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, que ha definido la medida como uno de los primeros pasos hacia una "justicia justa". El ministro, además, ha calificado de "inadmisibles" las críticas de los jueces italianos y ha lamentado que Silvio Berlusconi, fallecido el lunes, "no haya podido verlo" en vida.

"Este es el mayor pesar, que no haya podido asistir al primero de los muchos pasos que tendremos que dar para conseguir lo que llamamos una justicia justa", ha dicho el ministro, miembro de la formación ultraconservadora Hermanos de Italia, en declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros.

El texto, que se compone de ocho puntos, suprime el delito de abuso de poder en Italia, un punto que según la prensa local ha causado tensiones en el seno del Gobierno, liderado por Giorgia Meloni, pero que el ministro justifica porque la mayoría de expedientes abiertos terminan archivándose sin condena.

"He oído inexactitudes sobre el vacío de protección que se crearía con la abolición del abuso de funciones, que no existe en absoluto, nuestro arsenal es el más agresivo de Europa", ha defendido Nordio.

Límites a las escuchas telefónicas

La norma, además, limita las penas por tráfico de influencias, que para implementarse deberán probar un beneficio económico y no contemplarán otros tratos de favor o las promesas de poder e influencia de un cargo público.

Asimismo, la nueva normativa establece límites a las escuchas telefónicas, facilitadas por la Justicia italiana en la lucha del país contra el crimen organizado y cuyo uso extendido ha sido objeto de debate en incontables ocasiones.

Para Nordio, las interceptaciones "han alcanzado el nivel de barbarie", por lo que ha prometido una revolución del código penal para "proteger a terceras personas que son mencionados de manera malintencionada" en las conversaciones. El texto también limita la difusión de nombres y pone trabas a la difusión de pruebas aportadas por las diferentes partes en un caso.

Hasta ahora, solo era necesario que se registrara un documento, imagen o vídeo como prueba para que esta pudiera publicarse en la prensa si se consideraba de interés público, pero la nueva ley exige que esas publicaciones pasen el escrutinio de un juez.

Una reforma criticada por los jueces

Entre los principales críticos de la reforma se encuentra el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, que, en una entrevista con La República, ha asegurado que "la ley crea más tensión sobre el derecho a la información".

Horas antes de la aprobación del texto, el ministro Nordio ha respondido a estas declaraciones en el canal SkyTg24, donde ha declarado que "es patológico que en Italia la política haya sucumbido muy a menudo a la presión del poder judicial sobre la formación de leyes. Esto es inaceptable. El magistrado no puede criticar las leyes, como el político, las sentencias".