La Audiencia Nacional estudia si embarga los sueldos a los concejales de Bildu condenados por terrorismo

• Investiga si 21 candidatos de la formación que fueron condenados han satisfecho sus responsabilidades civiles
• Ha solicitado informes a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y al Ministerio del Interior tras recibir el escrito de Dignidad y Justicia

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

La Audiencia Nacional estudia a petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia si 21 candidatos de EH Bildu elegidos en los comicios municipales y autonómicos del 28M que fueron condenados en su día por delitos de terrorismo han satisfecho sus responsabilidades civiles o, en su caso, tienen que hacer frente al pago con sus bienes, entre ellos sus sueldos públicos.

El servicio de ejecutorias de la Audiencia Nacional ha solicitado informes a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Ministerio del Interior para que se pronuncien al respecto, tras recibir el escrito en el que Dignidad y Justicia que solicita comprobar si más de una veintena de candidatos "condenados por delito de terrorismo" elegidos el 28 de mayo y también en las elecciones de 2019 y 2015 tienen la responsabilidad civil sin satisfacer, según fuentes jurídicas a Efe y Europa Press.

En caso de que sea así, la asociación pide averiguar "los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido".

Dignidad y Justicia identifica a 21 candidatos de Bildu electos

Dignidad y Justicia (DyJ) ha identificado a 21 candidatos de EH Bildu que han resultado elegidos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco y Navarra y que en su día fueron condenados por delitos de terrorismo.

Entre ellos figuran Andoni Lariz, Xabier Alegría, Miren Aranzazu Carrera, José Ángel Viguri, Begoña Uzcudun o Juan Carlos Arriaga, condenados por diferentes delitos de terrorismo por atentados de ETA o pertenencia o colaboración con la banda.

La asociación solicita a la Audiencia Nacional que compruebe si los condenados por terrorismo han satisfecho "la responsabilidad civivl derivada" del mismo, y que en caso de que no la haya satisfecho la reclame.

Así, DyJ insiste en que a todos los candidatos que han sido elegidos y a otros que siguen siendo concejales y que "van a pasar a cobrar o están cobrando un sueldo del erario público" se les examine por parte de las distintas secciones de este Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto permitirá conocer cuales de ellos tienen la responsabilidad civil sin satisfacer, y entonces se les podrá reclamar "mediante los instrumentos legalmente establecidos, como el procedimiento administrativo de apremio", añade.

En su escrito, DyJ recuerda que "han sido muchas las personas presentadas como candidatos por la formación política EH Bildu condenadas por delitos de terrorismo, entre ellos, asesinatos, estragos, pertenencia o colaboración con organización terrorista".

Inclusión de 44 condenados en las listas

Además, dice Dignidad y Justicia que ya comunicó a la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, a la Junta Electoral Central y a la Audiencia Nacional que la exetarra Sara Majarenas, candidata por EH Bildu y condenada por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos y tenencia de armas sin licencia, tenía una pena de inhabilitación en vigor.

Circunstancia que en un primer momento no fue advertida por la Fiscalía y que finalmente, resalta, fue ratificada por el servicio de ejecutorias y que derivó en la exclusión de su candidatura.

Semanas antes a las elecciones Dignidad y Justicia denunció ante la Fiscalía General del Estado la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu y otra veintena más que presentó esta asociación en los comicios de 2015, 2016 y 2019, y pidió que se analizasen sus liquidaciones de condena.

El Ministerio Público abrió y automáticamente cerró la investigación sobre esos 44 candidatos al determinar que no había delito ni causa de inelegibilidad. Además, por decreto, la Fiscalía General del Estado indicó que rechazaba activar el proceso de ilegalización de Bildu al considerar que no se daban las circunstancias exigidas para ello en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP).

Antes de que se celebraran las elecciones del 28 de mayo, los siete candidatos a las autonómicas y municipales de Eh-Bildu que fueron condenados por asesinatos de la banda terrorista ETA renunciaron a concurrir a estos comicios y aseguraron que no tomarían posesión de ningún cargo si resultaban elegidos.