Un Constitucional dividido acuerda paralizar cautelarmente el derribo del complejo de Valdecañas

• El Tribunal concede la medida cautelar con seis votos a favor y cinco en contra
• Aprecia "perjuicios económicos difícilmente reparables" si se derribase

El complejo urbanístico se sitúa en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo en Cáceres

El Tribunal Constitucional ha decidido, en su pleno de este martes, suspender de forma cautelar el derribo del complejo de Valdecañas hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. La votación se ha resuelto con seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo. Este se situaba a favor de conceder la medida cautelar de los recursos para evitar el "perjuicio irreparable" que supondría derribar el complejo.

En los tres recursos de amparo se había solicitado suspender la ejecución de la decisión del Tribunal Supremo, que daba la razón a Ecologistas en Acción-CODA y ordenaba demoler el complejo urbanístico -ubicado en los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo-, en su totalidad.

Estos, que aún tienen que estimarse, han sido presentados por la Junta de Extremadura; los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo; y la comunidad de propietarios del complejo norte, centro y sur de la 'Isla de Valdecañas'. El 'resort' se sitúa en una isla de 134,5 hectáreas de superficie en la presa de Valdecañas.

División en el pleno

El Pleno ha apreciado que el derribo de todo lo ya construido ocasionaría "perjuicios económicos difícilmente reparables", tanto para la Junta de Extremadura como para los intereses de los propietarios

Ha considerado que era necesario conceder la suspensión cautelar ya que, en caso contrario, la demolición de todo lo construido ya se habría producido en el momento en el que el Tribunal Constitucional resolviese los tres recursos. Si esto pasase, afirma el alto tribunal, "no sería posible devolver las cosas al estado en que se hallaban antes".

Aun así, esta decisión evidencia división con los votos particulares de la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán; las magistradas María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez; y el magistrado Ramón Sáez. Consideran que esta suspensión es prematura porque no hay riesgo inminente, y que no se contempla en la ponderación la protección del medio ambiente.

A la espera de una decisión definitiva

El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta al complejo y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

Posteriormente, el Tribunal Supremo confirmó estas resoluciones, pero en 2021, -una vez abierto el trámite-, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial. Esto implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las 185 viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas. Señaló también que el coste de demolición de todo lo edificado supondría 144,9 millones, entre obras e indemnizaciones.

Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido -el hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas- por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Es esta última resolución la que ahora combaten, en el Tribunal Constitucional, la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.