El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la última reforma de la ley del aborto

• La norma acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años
• El pleno también ha acordado la admisión del recurso del PP contra la 'ley trans'

Una sanitaria realiza una ecografía a una mujer

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto, un texto que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consagra la red pública como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

El partido político liderado por Santiago Abascal impugnó la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.

Esta última reforma de la ley del aborto fue aprobada el pasado 16 de febrero por el Congreso de los Diputados, donde salió adelante con la oposición de PP y Vox y en medio de la polémica de una anterior decisión del TC de avalar la ley de plazos de 2010 recurrida por el Partido Popular.

Fue el pasado mes de mayo cuando la corte de garantías resolvió dicho recurso, uno de los más antiguos, rechazando las tesis del PP y consagrando la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de la mujer a decidir "sin coerción".

Admitido también el recurso del PP contra la 'ley trans'

Por otro lado, el Pleno del TC también ha acordado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra diversos preceptos de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que se suma al que presentó Voxy que ya fue admitido con anterioridad por el tribunal en mayo.

A juicio del PP, dichos preceptos de la ley podrían lesionar, entre otros, artículos de la Constitución que garantizan el principio de seguridad jurídica, el de libre desarrollo de la personalidad en relación con el derecho a la integridad física, el de igualdad y el de protección de la infancia prevista en los acuerdos internacionales.

La 'ley trans' supone al despatologización del colectivo y reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Además, establece que los menores de entre 16 y 14 años puedan cambiar su sexo en el registro siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales, mientras que entre los 12 y 14 años necesitarán autorización judicial.