Amnistía Internacional eleva a más de 100 las víctimas mortales de la masacre de la valla de Melilla

• La organización crítica que no se haya abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho
• Marruecos reconoce 23 fallecidos, pero desde AI apuntan a que hubo personas que murieron en el traslado en autobús

La frontera entre el norte de Marruecos y el enclave español en Melilla.

Amnistía Internacional (AI) ha elevado a más de 100 las víctimas mortales que podría haberse cobrado "la masacre" del 24 de junio de 2022 en la frontera entre España y Marruecos en Melilla, una cifra que casi quintuplica la que oficialmente dieron las autoridades del país vecino y que diferentes ONG siempre han cuestionado.

A punto de cumplirse un año de los hechos, AI lamenta que "no se ha abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera" pese a que, según asegura, "ocurrieron claramente bajo jurisdicción española" por estar las vallas y los puestos fronterizos en su territorio.

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La organización defiende que eso conlleva "una obligación de investigar todas las actuaciones que allí ocurrieron", pero en este año transcurrido "ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos que provocaron la muerte, la desaparición y heridas de tantas personas".

Esta entidad eleva a más de 100 los fallecidos el 24J, frente a los 23 reconocidos oficialmente por Marruecos, basándose en testimonios de supervivientes que apuntan a que hubo personas que murieron en el traslado en autobús desde la frontera hacia el sur del país "sin recibir ningún tipo de asistencia médica a pesar de la gravedad de las lesiones".

En total, según sus datos, alrededor de medio millar de los migrantes que intentaron acceder a Melilla fueron trasladadas "a la fuerza" a "zonas remotas de Marruecos", situadas a más de 1.000 kilómetros de la frontera, "donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica".

"Estamos ante una cifra descomunal que habla por sí sola del sufrimiento padecido por esas personas en la frontera", apunta AI, que pone el foco en los más de 80 desaparecidos tras el intento de entrada a Melilla, sobre los que teme que "muchos de ellos podrían haber fallecido" porque sus familiares no conocen su paradero.

Obstaculización de la búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas

En este sentido, la ONG denuncia públicamente que "las autoridades marroquíes han obstaculizado las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas", denegando visados a los familiares para que puedan ir a reconocer los cuerpos, la mayoría de los cuales siguen en la morgue de Nador un año después.

"Las autoridades marroquíes han declarado que no enterrarán los cadáveres sin identificación, pero tampoco facilitan la identificación de los cuerpos", apunta AI para denunciar que no se están dando avances en la vía abierta por el Ministerio sudanés de Asuntos Exteriores hace tres meses para que los familiares enviaran muestras de ADN a Marruecos.

A ello se une el "absoluto desamparo" en el que se encuentran las familias de las víctimas, a las que ni España ni Marruecos han ofrecido ninguna indemnización ni ayuda para conocer el posible paradero de los migrantes que continúan desaparecidos un año después de "la masacre" en la frontera melillense, ahora "blindada", al igual que la de Ceuta.

Así, las fronteras terrestres de las dos ciudades autónomas "no ofrecen ninguna posibilidad de acceder a los puestos para solicitar asilo", según AI, que insiste en que se está dando "una práctica de racismo institucionalizado" porque esta situación la sufren, sobre todo, personas de origen subsahariano.

Y ello a pesar del alto índice de reconocimiento de protección internacional y de resoluciones favorables de solicitudes de asilo en 2022 a nivel estatal de personas procedentes de países como Burkina Faso (99%), Malí (96%) o Sudán (92%), país este último del que procedían la mayoría de las víctimas del 24-J.

AI se basa en estos datos para considerar demostrado que, "a pesar de que se les impide llegar a los puestos fronterizos, aquellas que logran cruzar la frontera, sí son personas merecedoras de protección internacional".

A pesar de ello, "la situación de derechos humanos para muchas de estas personas migrantes que han quedado atrapadas en Marruecos se ha deteriorado", como evidencian los testimonios a los que ha accedido AI, que apuntan a que muchos han intentado salir de ese país hacia el sur, o volver a Libia, Túnez o Argelia ante el riesgo de ser multados, amenazados o encarcelados si los encuentra la policía marroquí.

No hay información sobre las personas detenidas

En concreto, AI se hace eco de la versión de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que apunta a que aún se encuentran detenidas 87 personas en Nador y otras cárceles del país y no hay información pública sobre los juicios a estas personas ni sobre el paradero del resto de personas que fueron trasladadas.

Asimismo, asegura que en este año transcurrido "la impunidad y el oscurantismo se han perpetuado" ante la ausencia de investigaciones de ambos países, que "parecen haberse puesto de acuerdo para ocultar lo que realmente ocurrió aquel día y rendir cuentas" y que en su cumbre de marzo de 2023 "mantuvieron su falta de transparencia en relación con sus acuerdos para el control migratorio".

Ante las próximas elecciones generales, que tendrán lugar un mes después del primer aniversario del 23J, AI ha pedido a los partidos que concurren que "Ceuta y Melilla dejen de ser lugares donde es prácticamente imposible pedir asilo, y donde se aplica una legislación excepcional al margen de las obligaciones internacionales contraídas por España".

De este modo, la ONG se refiere a la entrega de España a Marruecos de, al menos, 470 migrantes el 24J, cuestión que centró la investigación del Defensor del Pueblo, unas "devoluciones en caliente" sobre las que AI pide ante las próximas elecciones generales un compromiso político para ponerles fin mediante una reforma legislativa.