Calviño pide a la CNMV y al Banco de España que identifiquen por qué la banca no remunera los depósitos minoristas
- Hasta mayo se han registrado 33.000 solicitudes sobre la revisión de los Códigos de Buenas Prácticas hipotecarias
- El Banco de España y el sector financiero han considerado "prematuro" modificar los códigos hipotecarios
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Banco de España que identifiquen si hay posibles factores que estén impidiendo a la gran banca española a remunerar los depósitos a los clientes minoristas.
En una rueda de prensa tras mantener una reunión con las patronales bancarias, las asociaciones de consumidores y las plataformas de mayores, ha indicado que este análisis será para identificar "si hay posibles factores vinculados a la estructura y funcionamiento del mercado que estarían afectando a los incentivos de las entidades para la remuneración de los depósitos".
33.000 solicitudes a los Códigos de Buenas Prácticas
La vicepresidenta primera ha trasladado este jueves que ya se han recibido en torno a 33.000 solicitudes de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas que el Gobierno acordó con la banca en noviembre de 2022 para aliviar el impacto de la subida del Euríbor sobre las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad y con préstamos hipotecarios a tipo variable.
No obstante, Calviño ha pedido tratar estos datos con "enorme cautela", ya que todavía no están "totalmente contrastados" y están pendientes de ser verificados por parte del Banco de España. Además, ha señalado que hay un elevado porcentaje de solicitudes, un 40%, que todavía está pendiente de tramitación.
En este ámbito, la vicepresidenta primera ha señalado que su departamento ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ofrecer una extensión de un máximo de tres años de los préstamos hipotecarios a tipo variable.
Sin embargo, ha indicado que el Banco de España y el sector financiero han considerado "prematuro" modificar los códigos hipotecarios y se han emplazado a septiembre para estudiar posibles recalibraciones.
Eliminar la brecha a los servicios financieros
Además, la ministra ha acudido a la cita con el fin de reforzar la protección de la ciudadanía, eliminar la brecha en el acceso a los servicios financieros y mejorar la atención a personas mayores y con discapacidad con respecto a estos servicios. Aparte de la patronal del sector bancario, a la reunión también han asistido los usuarios de servicios financieros y los representantes de las plataformas de mayores.
En un acto de este miércoles en Guadalajara, la ministra ha defendido que "es evidente que el sector financiero tiene que empezar a remunerar estos depósitos y transmitir el alza de los tipos de interés no solo en el activo, en los créditos que concede, sino también en el pasivo de sus balances". Se trata de la misma idea que avanzó el pasado 19 de junio, cuando varias entidades bancarias respondieron a esa petición tildándola de "negativa" y que la remuneración de los depósitos llegará por el efecto propio de la competencia.
En la reunión también se han abordado la cuestión de las hipotecas y el funcionamiento de las medidas que el Gobierno puso en marcha para aliviar a las familias más afectadas por el incremento de su cuota en hipotecas variables por el alza de los tipos de interés.
Asufin pide una alternativa al depósito
Por su parte, la presidenta a la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, ha indicado que "los consumidores necesitamos tener ya en el mercado la alternativa del depósito, dado que ningún producto de ahorro-inversión puede competir en seguridad con el depósito, porque la remuneración final que se da al consumidor la garantiza el banco". Además, remarca que el perfil mayoritario del ahorrador en España es conservador "y los estructurados a los que se refiere la banca tienen más riesgos que ventajas", como han podido comprobar los consumidores en la crisis anterior, con productos que dieron muchos problemas y que siguen litigándose en tribunales.
“El perfil mayoritario de cliente de banca en nuestro país quiere productos con capital garantizado. Y seguimos sin entender que en los países de nuestro entorno exista una oferta ya y que nuestras entidades principales se pongan de perfil”, ha añadido Suárez. Asimismo, ha recordado la importancia de tramitar la Autoridad Bancaria del cliente financiero, interrumpida por la convocatoria electoral, pero espera que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio retome este proyecto.
Con respecto al Código de Buenas Prácticas, cuya actualización fue aprobada en noviembre por el Gobierno y la patronal bancaria, Asufin ha pedido que la banca dé más explicaciones y aclaraciones sobre este asunto, ya que están detectando disfunciones para el cambio gratuito de hipoteca o amortizaciones parciales o totales a coste cero, este año, tal y como quedó establecido por parte del Ejecutivo.
"Los consumidores afectados nos trasladan que los cambios a hipotecas mixtas no se están bonificando a través de la exención de la comisión por novación o subrogación, en la medida en que se consideran hipotecas variables, un extremo que no termina de confirmar la patronal bancaria", señala Asufin.
Comisiones Obreras dice que el actual Código de Buenas Prácticas "no basta"
Por su parte, Comisiones Obreras (CC.OO.) considera que el Código de Buenas Prácticas firmado en noviembre entre las patronales bancarias y el Ministerio de Asuntos Económicos "no basta", ya que se habrían beneficiado de él unas 12.000 familias, según el Banco de España, una cifra lejos del millón de hogares que el Gobierno anunció que podría alcanzar.
"Transcurridos seis meses, el plan ha quedado muy lejos de sus objetivos. Solo se han beneficiado el 1,2% de las familias, es decir, 12.000", afirma, por lo que considera que las medidas "han fracasado", indica el sindicato en un comunicado. Asimismo, ha recalcado que ya en noviembre anunció su "escepticismo" sobre la eficacia de las medidas aprobadas, al considerarlas "insuficientes" y "poco ambiciosas".