La Fiscalía pide juzgar a los doce CDR procesados por delitos de terrorismo

• Además de pertenencia a organización terrorista, el fiscal achaca a ocho de ellos tenencia, depósito y fabricación de explosivos
• Según el juez, la célula "elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior"

Agentes de la Guardia Civil acompañan a uno de los CDR detenidos durante el registro de un domicilio en Sabadell (Barcelona).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado abrir juicio oral contra los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, si bien a ocho les achaca también delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

Esta petición ha sido trasladada por el Ministerio Público a la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes jurídicas, después de que el pasado abril el juez instructor, Manuel García Castellón, acordara por segunda vez dar por concluida la investigación judicial, procesando por terrorismo a estas doce personas como presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.

En concreto, el fiscal pide sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.

Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señala a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.

La mayoría fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró -dos años antes- el referéndum independentista catalán, declarado ilegal; y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas.

Un grupo que utilizaba la violencia "en su máxima expresión"

La primera vez que García Castellón procesó a los detenidos en la Operación Judas fue en septiembre de 2021. No obstante, posteriormente la Sala de lo Penal le obligó a reabrir las pesquisas para practicar las diligencias solicitadas por algunos investigados.

Una vez concluidas, volvió a cerrar la instrucción enviando el sumario a la Sala de lo Penal para que proceda a juzgarlos. Inicialmente, eran 13 procesados, pero el juez archivó la causa para uno de ellos por razones médicas, por lo que el procedimiento continuó solo respecto a doce.

En el auto de procesamiento, el magistrado explicaba que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

Todos los investigados, señalaba García Castellón, compartían principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia "en su máxima expresión".

Una célula que participaba en las acciones más contundentes

De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners.

También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros.

Objetivos de los atentados de los CDR

De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".

El juez subrayaba que habrían superado los CDR hasta configurar "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el instructor menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

García Castellón prestaba especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de San Andreu de la Barca.

Destacaba el magistrado que habrían realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra.