Los disturbios en Francia por la muerte de Nahel ya han llevado a la cárcel a 350 personas

• Cerca de 800 personas deben pasar por los juzgados en los próximos días
• Desde entonces, han sido arrestadas casi 3.500 personas, en su inmensa mayoría personas muy jóvenes

Un hombre en un scooter mira los vehículos de la policía antidisturbios francesa durante una manifestación en Marsella

Los juicios por el procedimiento de comparecencia inmediata para los autores de los disturbios que sacuden Francia desde hace una semana ya han llevado a la cárcel a 350 personas, y varios cientos más deben pasar por los juzgados en los próximos días.

La primera ministra, Élisabeth Borne, ha indicado este martes que hasta ayer cerca de 700 personas habían sido presentadas ante un magistrado con vistas a su inculpación y otras 800 estaban a la espera.

Asimismo, la familia de Nahel ha presentado una denuncia contra el fondo organizado para el policía que efectuó el disparo mortal.

Borne, que comparecía en la sesión de control del Gobierno en la Asamblea Nacional, ha recordado que el titular de Justicia, Éric Dupond-Moretti, ha emitido una circular dirigida a los fiscales para pedirles "una respuesta rápida, firme y sistemática para todos los autores" de altercados.

Esa circular incluye también una directiva para reclamar sanciones penales para los padres de menores de edad que no se preocupan de controlarlos y que los dejan participar en los disturbios que se vienen produciendo desde que el 27 de junio un joven de 17 años murió por un tiro de un policía en Nanterre al tratar de escapar de un control con un automóvil que conducía sin carné.

Desde entonces, han sido arrestadas casi 3.500 personas, en su inmensa mayoría muy jóvenes, puesto que la edad media es de 17 años; alrededor de un tercio son menores de edad, que no pueden ser juzgados por el procedimiento de comparecencia inmediata ni tampoco ir a la cárcel.

La primera ministra ha insistido en el mensaje de que "esta violencia no tiene nada que ver con una revuelta de los barrios" sensibles, como ha podido comprobar en las visitas que ha hecho, en las que lo que ha percibido por parte de la población es "incomprensión" y "enfado".

Una violencia que "no representa a la juventud"

"Esa violencia es inexcusable y no representa a la juventud de nuestro país", ha subrayado Borne, que ha cargado contra los diputados de La Francia Insumisa (LFI), en particular contra su líder, Jean-Luc Mélenchon, por no quererse sumar a los llamamientos a la calma y por sus constantes críticas a la actuación policial.

"Buscan culpables en todas las instituciones republicanas, pero no entre los autores de la violencia", le ha espetado a la presidenta del grupo de LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, a la que ha reprochado que se decanten por "la brutalidad verbal" y por "la excusa constante de la violencia".

"Mientras ustedes dan excusas a los culpables, nosotros nos esforzamos por restablecer el orden republicano", ha concluído.

Al mismo tiempo, el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha reunido en París a 300 alcaldes de localidades afectadas por los altercados, a los que ha dicho que su "prioridad absoluta" es restablecer de forma duradera el orden, aunque se ha mostrado "muy prudente" sobre si eso va a llegar en los próximos días y en las próximas semanas.

Protestas en declive

El número de detenidos en la noche del lunes al martes, 72, es netamente inferior a los 157 de la noche precedente y de los 400 de la anterior. En ese contexto, se va a ampliar hasta las 22.00 horas la circulación de autobuses y tranvías, que estaba restringida para evitar los ataques nocturnos.

Macron ha prometido a los alcaldes una ley con carácter urgente para acelerar la reconstrucción de todo lo que se ha destruido en la última semana, que incluye varios cientos de edificios públicos, como ayuntamientos, escuelas, bibliotecas o comisarías.

También han sido desvalijados cientos de comercios y varios miles de vehículos fueron incendiados. La patronal Medef calcula que los daños económicos superan ya los 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares), sin tener en cuenta el posible impacto para la imagen de Francia, con el efecto que eso pueda tener para el turismo en primer lugar.

A ese respecto, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha avanzado que se va a examinar un escalonamiento del pago de las cotizaciones sociales o fiscales de las empresas afectadas e incluso la anulación, una decisión que se tomará "caso por caso".

"Haremos todo lo necesario para que la actividad económica se pueda reanudar lo más rápido posible", ha asegurado Le Maire en una visita a la ciudad de Arpajon, en la región de París.