Declarados culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad 15 exmiembros de las FARC

• Por los sucesos ocurridos entre 1990 y 2006 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el Pacífico colombiano
• La JEP ofrece penas no restrictivas de libertad a cambio de que los acusados aporten verdad

Una imagen del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, Roberto Vidal.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha hallado responsables a 15 exintengrantes de la extinta guerrilla de las FARC en el marco del Caso 02 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1990 y 2006 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, ubicados en el Pacífico colombiano.

Es la primera vez que la JEP declara culpables en este caso, gracias a la investigación que adelantaron juristas indígenas sobre territorios en el sur del país, ha explicado el presidente de la jurisdicción especial, Roberto Vidal.

La magistrada Belkis Izquierdo, relatora del Caso 02, ha anunciado que los responsables, entre los que se encuentra el excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Pablo Catatumbo, hicieron parte de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las extintas FARC.

Se ejecutaron seis patrones macrocriminales

Han sido hallados culpables de "crímenes que ocasionaron daños graves, diferenciados y desproporcionados a los pueblos indígenas, al pueblo afrocolombiano, a las comunidades campesinas, a las poblaciones urbanas rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, al territorio y a la naturaleza".

La Sala de Reconocimiento de la JEP ha concluído que se ejecutaron seis patrones macrocriminales, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza.

La sentencia contra los 15 exintegrantes incluye a Catatumbo, quien fue miembro del último secretario de las FARC, y Édgar López Gómez, alias "Pacho Chino".

Modus operandi

En el desarrollo de esta política de control territorial y social se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil, ha señalado la JEP.

En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1997 y 2016, se documentaron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, que corresponden a 468 víctimas directas.

Además, se les atribuyen, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado con 27.087 víctimas y 44 confinamientos con 20.124 víctimas.

Las estructuras armadas investigadas vincularon, mediante la coacción, la seducción y el engaño a niños.

Entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 menores con pertenencia étnica.

Guerrilleros de las FARC marchan a través de la selva en el sur de Colombia (imagen de archivo) REUTERS

Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños; al menos 36 tenían menos de 14 años y 49, entre 15 y 17 años.

La investigación también ha concluído que "naturalizaron la violencia sexual y de género como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil": entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y 254 víctimas de violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.

El uso de minas antipersona generó "desplazamientos, confinamientos, asesinatos y lesiones, al igual que la contaminación de los territorios ancestrales y colectivos étnicos y de las tierras de comunidades campesinas, lo que alteró la vida de los pueblos y comunidades y generó consecuencias permanentes en los múltiples sistemas de vida".

Entre 2002 y 2015 se registraron 153 hechos y se identificaron 279 víctimas de estos artefactos.

Penas no restrictivas de libertad a cambio de que los acusados aporten verdad

Por último, se registraron 71 hechos de destrucción contra la naturaleza y los sitios sagrados de pueblos indígenas y comunidades afro mediante el vertimiento de más de 70.000 barriles de crudo derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino (OTA) y el control y desarrollo de actividades de minería criminal de oro.

La JEP fue creada para juzgar crímenes colectivos y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado colombiano con las FARC, por ello ofrece penas no restrictivas de libertad a cambio de que los acusados aporten verdad y se les impongan penas restaurativas con las víctimas.

Por eso ahora los imputados deberán reconocer su responsabilidad en estos crímenes en los próximos 30 días, y después participar en audiencias de aportación de "verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas".

Hasta la fecha, la JEP ha imputado a 103 personas, de las cuales 57 son exmilitares, 42 son exintegrantes de las antiguas FARC-EP, tres son civiles y un agente de Estado no integrante de la fuerza pública.