El máximo tribunal de Guatemala deja sin efecto el dictamen penal sobre la suspensión del partido Semilla
- Tras la decisión, podrá participar su candidato, Bernardo Arévalo de León, en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto
- El TSE ha recordado que para expulsar o suspender a un partido político debe hacerse un procedimiento de la Ley Electoral
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, ha dejado este jueves sin efecto un dictamen penal que ordenaba la suspensión del partido político Semilla y su desaforo de la contienda electoral.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue a petición de abogados de Semilla y abre paso a la participación de su candidato, Bernardo Arévalo de León, en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto, frente a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. En la misma línea, el Tribunal Supremo Electoral indicó que no tomaría en cuenta la orden del Ministerio Público y que Semilla estaría en esa segunda vuelta.
La medida de la corte deja sin efecto una orden penal divulgada el miércoles por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) para suspender a Semilla, en una acción catalogada por diversos sectores como un "golpe electoral".
Tanto la Corte como el Tribunal han puesto fin así a 24 horas caóticas y llenas de incertidumbre desde que la Fiscalía divulgó sus intenciones con una investigación en contra de Semilla por supuestas firmas falsas y financiamiento electoral ilícito.
Sin embargo, desde la agrupación política no descartan que vengan otras ofensivas desde el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos, acusada de "socavar" la Justicia en Guatemala.
Torres Casanova ganó los comicios del 25 de junio con la agrupación conservadora Unidad Nacional de la Esperanza, mientras que Arévalo de León obtuvo un sorpresivo segundo lugar con el partido socialdemócrata Movimiento Semilla.
"Una amenaza para el proceso electoral"
La Corte de Constitucionalidad indicó en una nota de prensa que ampara el pedido de Semilla, realizado en las últimas horas, en el que advertían sobre "la amenaza que cierne sobre el proceso electoral".
De acuerdo al comunicado, la investigación en contra de Semilla por parte del Ministerio Público "no afecta ni deja en suspenso" la participación de la agrupación política en las elecciones y en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto próximo.
Minutos antes de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco también había anunciado que no tomaría en cuenta la solicitud del Ministerio Público, avalada por un juez penal.
Es por ello que Semilla y Arévalo de León participarán en la segunda vuelta y también tendrán validez los resultados en otras áreas de los comicios del 25 de junio, ya que la agrupación socialdemócrata consiguió 23 de los 160 escaños del Congreso.
El Ministerio Público avaló la suspensión del partido
El miércoles, en una inédita decisión sin precedentes, el Ministerio Público anunció que un juez penal había avalado la suspensión del Movimiento Semilla, por un supuesto caso de corrupción, a 38 días del balotaje.
En el mismo sentido, el mismo Ministerio Público ha allanado este jueves por la mañana la sección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han tomado en cuenta la determinación del juzgado penal, ya que han recordado que para expulsar o suspender a un partido político debe hacerse un procedimiento detallado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La disputa legal entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral ha generado un ambiente de incertidumbre en el país centroamericano desde el miércoles, cuando ambos se pronunciaron sobre las elecciones con minutos de diferencia.
Sin embargo, la decisión de la Corte de Constitucionalidad deja aún más claro el panorama, con ambos candidatos buscando reemplazar a partir del próximo 14 de enero al actual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.
El Movimiento Semilla nació de las manifestaciones anticorrupción en el país centroamericano durante 2015 y entre sus principios está la justicia social y el cese a la impunidad en la nación centroamericana.
La investigación en contra de Semilla está a cargo del fiscal y jefe de sección Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades.
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