El Gobierno autoriza el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

• El proceso se alargará hasta 2033 y cuenta con un presupuesto de 475 millones de euros
• La titularidad pasará de Nuclenor (Iberdrola y Endesa) a Enresa, responsable del desmantelamiento, en los próximos días

Vista de la central nuclear de Santa María de Garoña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, proceso que se prolongará hasta 2033 y que tiene un presupuesto de 475 millones de euros.

El Gobierno ha publicado la orden ministerial por la que se inicia el procedimiento y también se autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor -empresa formada por Iberdrola y Endesa- a Enresa, responsable del desmantelamiento, que tendrá lugar en los próximos días.

En concreto, el proyecto -informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear- consta de dos fases, que abarcan hasta 2033 y con ese presupuesto de 475 millones de euros, y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.

Proceso "ordenado de cierre"

Garoña es "un ejemplo de lo que no debiera volver a ocurrir", ha afirmado Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, al término de un desayuno informativo esta mañana en Madrid.

"Hoy se da un paso adelante en ese proceso ordenado de cierre con total responsabilidad, con garantías para la población y con alternativas económicas", después de haber superado la evaluación ambiental del proceso de desmantelamiento seguro y sin riesgo para nadie, ha observado la ministra.

Para Ribera, este desmantelamiento ofrece una "perspectiva de presente y de futuro" para una región que hace mucho tiempo que viene reivindicando un futuro para sus vecinos.

Plan para los 27 municipios afectados

El Ministerio, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación burgalesa y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.

Situada en el Valle de Tobalina, Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.

En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Dos fases para desmantelar la central

En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases a lo largo de una década y cuenta con un presupuesto -sin contar con la gestión del combustible gastado- de esos 475 millones.

En la fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.

Mientras, en la fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.

La autorización llega después de someter el desmantielamiento a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un informe favorable en mayo y tras haber obtenido la declaración de impacto ambiental con las condiciones ajustadas al proyecto.

Protocolo de actuación

En mayo de 2021, el gabinete dirigido por Teresa Ribera, la Junta de Castilla y León; el Gobierno Vasco y los 27 municipios afectados por el cierre -por medio de la FEMP y AMAC-, firmaron el protocolo de actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.

El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; son de índole sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental, de gestión de biomasa.

Se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.