Los impuestos el 23J: muchas propuestas y pocas concreciones sobre el ajuste fiscal que pide Bruselas

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Los propuestos constituyen una parte fundamental del gasto mensual de las familias

Bajar o subir impuestos, crear nuevas figuras impositivas o promover la armonización fiscal son temas recurrentes en cada campaña electoral y la del 23J no es una excepción. Los partidos que concurren a las elecciones generales se han lanzado a captar el voto con propuestas en materia fiscal que plantean modelos diametralmente opuestos -aunque con algunas similitudes por bloques- y donde se echa en falta una mayor concreción sobre cómo van a sufragar los aumentos de gasto o sortear la pérdida de ingresos por la supresión de algunos gravámenes.

Y es que la próxima legislatura será muy diferente a la actual. En pocos meses, volverán las reglas fiscales (después de cuatro ejercicios consecutivos suspendidas) y la Unión Europea comenzará a exigir ajustes a los países para reducir el déficit por debajo del 3% y la ratio de deuda pública al 60% del PIB. “Ese escenario puede suponer un problema ahora mismo para las cuentas públicas de España porque los niveles aún están muy por encima de los que marca Bruselas”, señala a RTVE.es la doctora en Economía y profesora en la Universidad de Granada, Virginia Rosales.

Mientras el déficit de las administraciones públicas cerró 2022 en el 4,8% del PIB -1,8 puntos por encima de lo que exige la UE-, la deuda española se situó en máximos del 113% y está cerca de duplicar el objetivo que marca Bruselas. Son cifras que, aunque se sitúan por debajo de las estimaciones del Gobierno, aún siguen siendo muy elevadas para los parámetros europeos. “Tendremos que mantener gastos y subir impuestos, o mantener esos impuestos y recortar gastos… pero de algún sitio tiene que salir”, añade.

El gasto y la recaudación, en niveles récords

Lo cierto es que la legislatura que termina ha sido atípica para las cuentas públicas: las familias se han visto golpeadas por dos crisis consecutivas (la de la pandemia de la COVID-19 y la provocada sobre los precios por la guerra en Ucrania), que han puesto de manifiesto la importancia de los servicios públicos, pero también han disparado el gasto y los ingresos hasta niveles récords.

Entre los responsables de este aumento del gasto están, por un lado, las medidas puestas en marcha para proteger el tejido productivo del país como los ERTE de los trabajadores o las ayudas directas a los sectores más afectados; pero también los llamados paquetes ‘anticrisis’ para frenar el repunte de la inflación en bienes de primera necesidad como la energía o los alimentos.

En la parte de los ingresos, el director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, señala como razón fundamental del repunte al aumento de los precios: “No solamente son las subidas de impuestos decretadas como nuevas figuras, como el impuesto a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas, o la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones… El principal factor que ha llevado la recaudación a cifras récord, ha sido el efecto de la inflación sobre el sistema impositivo”, apunta a RTVE.es.

Precisamente en 2021 y 2022 la recaudación se situó en cotas nunca antes vistas y este año se espera que siga siendo el principal motor de los ingresos. Y es que de los 18.000 millones de euros ‘extra’ que el Ejecutivo calcula ingresar por impuestos, aproximadamente la mitad se deben a las alzas de precios, salarios y pensiones.

“Lo cierto es que hemos asistido en los últimos años a una subida en los impuestos. A diferencia del pasado, España ya tiene niveles de presión fiscal cercanos a los de nuestro entorno. E, incluso, si nos ajustamos a la renta y el esfuerzo fiscal o si tenemos en cuenta que España tiene una economía sumergida mayor, podemos decir que el nivel de presión fiscal es muy superior”, recalca el experto.

De acuerdo a los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2021, la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media de los países de la Unión Europea, ocupando el puesto 16 de 27. Un español paga menos impuestos (39%) que un francés (47%), un italiano (43,6%) o un alemán (42,4%), que se sitúan en lo alto de la tabla. Sin embargo, ha visto cómo sus obligaciones tributarias han crecido hasta niveles máximos desde la crisis financiera, cuando cayó hasta el 30,6%, la cifra más baja desde que hay registros.

Bruselas pide un ajuste fiscal y la retirada de las ayudas energéticas

Ante este contexto, desde Bruselas ya advierten al Gobierno de que debe ponerse manos a la obra. El Ejecutivo comunitario ha pedido ya a España que retire, como muy tarde a cierre de año, las ayudas desplegadas por la crisis energética, como la reducción del IVA del gas y de la electricidad. Por contra, propone que se utilicen los "ahorros" derivados de la recaudación para "reducir el déficit público" en una senda cercana al objetivo del 3%.

El director del IEE añade en este sentido que es “necesario” acometer el reto de la consolidación presupuestaria tal como reclama Bruselas, y cree que “una de las medidas más prioritarias es mejorar la eficiencia del gasto público”, a la vez que se reducen los impuestos.

“Al final es buscar el punto de equilibrio”, afirma el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF)-UDIMA Javier de la Nava, quien denuncia que “ahora en época electoral escuchamos a los políticos decir que bajarán los impuestos”, pero eso implica “una reducción de gasto que siempre penaliza a las clases sociales más desfavorecidas”. “Es algo que, como pertenece a la letra pequeña o en época electoral, no es muy políticamente correcto hablar de este tipo de cosas, pero indudablemente hay que tenerlas en cuenta”.

Según el último barómetro del CIS sobre política fiscal, menos de la mitad de encuestados (41%) considera que en España se pagan muchos impuestos y solo un 5% prefiere pagar menos, aunque ello suponga reducir los servicios públicos como la Educación o la Sanidad.

Pero, ¿qué proponen los partidos?

Desde el PSOE apuestan por mejorar los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto, además de avanzar en una fiscalidad verde bajo la premisa de "quien contamina paga" y evaluar la prórroga de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas y los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Por último, en lo referente a las reglas fiscales, apuestan por una reforma que permita “conjugar la estabilidad presupuestaria y la consolidación de la deuda pública con el crecimiento económico, la creación de empleo y la agenda de inversiones sociales, verdes y digitales”, sin dar más detalles.

El PP abogan por aprobar un plan de alivio fiscal para las familias con la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros y promover incentivos fiscales para nuevos residentes. También se compromete a reducir el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal, y eliminar el impuesto a las grandes fortunas.

En materia de empleo, propone recuperar la bonificación de hasta el 45% de las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de trabajadores del hogar. Y, si llega a la Moncloa, revisará las cuentas públicas con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y fortalecerá el papel de la Airef.

Por su parte, Vox promete llevar a cabo “la mayor reforma fiscal” con rebajas en el IRPF de hasta cuatro puntos en los tipos únicos por cada hijo y simplificarlo a un tipo único reducido del 15% sobre bases inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para superiores.

También apuesta por rebajas del IVA en productos de primera necesidad y esenciales, eliminarlo para la adquisición de primera vivienda y suprimir la doble imposición en artículos ya gravados con impuestos especiales. Además, se compromete a reducir el Impuesto de Sociedades hasta alcanzar el 15% y eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Plusvalía municipales en todo el territorio.

Mientras que Sumar propone convertir en permanente el impuesto a las grandes fortunas y el gravamen sobre las empresas energéticas y financieras, mientras se aprueba la reforma integral del impuesto de sociedades. Además, se compromete a aumentar la progresividad del IRPF ampliando el número de tramos a partir de 120.000 euros y aplicando tipos marginales crecientes.

Por último, respecto al de sucesiones y donaciones, apuesta por imponer un mínimo que las comunidades no podrán rebajar. Y en el de sociedades proponen hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de las empresas para que no tributen por debajo con independencia de deducciones y exenciones.

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