La asistencia social y la dependencia el 23J: los partidos proponen mejorar el IMV o reformar el modelo de residencias
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En los últimos años, los servicios sociales han pasado de ser un desconocido para la mayoría de la población a formar parte del día a día de millones de españoles. La crisis social derivada de la pandemia, sumada a la inflación provocada por la guerra de Ucrania, llevaron a tener que recurrir a este tipo de asistencia a familias que nunca se hubieran imaginado haciéndolo.
Esta sucesión de crisis ha puesto al límite tanto el sistema de atención social como el de dependencia, este último especialmente golpeado por la pandemia de coronavirus. Ante ello, el Gobierno ha desplegado nuevas medidas como los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o limitaciones a los desahucios y a los cortes de suministro a los más vulnerables.
Estas medidas y la recuperación del empleo han logrado una mejora en cuanto a la población en situación de pobreza. Tras varios años seguidos aumentando, la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social bajó el año pasado hasta el 26%, el porcentaje más bajo desde 2013, cayendo especialmente la población en situación de baja intensidad en el empleo, situada en el 8,6%, según datos del INE el pasado abril.
Sin embargo, también hay desigualdades dentro de esta población más vulnerable. La exclusión social es peor para mujeres y jóvenes: en 2021 casi el 30% de los jóvenes entre 16 y 35 años están en situación de exclusión, siete puntos más que en 2018, según el último informe de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), vinculada a Cáritas. El problema más repetido para ellos es el del acceso a la vivienda.
La medida estrella en esta última legislatura ha sido el IMV, una ayuda para las personas más vulnerables que actualmente van desde los 565 a los 1.360 euros al mes, pero que ha sido cuestionada tanto por beneficiarios como por entidades sociales por no llegar a todos aquellos que la necesitan por el proceso burocrático demasiado largo y complejo. Según el Gobierno, ya son más de medio millón los hogares beneficiados por la ayuda, pero la AIREF baja hasta los 284.000 los hogares que lo reciben, un 35% de los potenciales 800.000 beneficiarios, y ha criticado los "escasos avances" del Ejecutivo en el despliegue de esta ayuda, ya que siguen siendo los mismos hogares que en las mismas fechas de 2022.
La espera a las ayudas a la dependencia, "el gran problema"
La situación de las personas mayores y dependientes ha sufrido muchos vaivenes desde la aprobación de la ley de dependencia de 2006, la primera que incluía un sistema de prestaciones para la ayuda de estas personas. Asociaciones y el propio sector de la dependencia han criticado que la financiación se queda corta y que hay grandes diferencias entre comunidades.
La larga espera para acceder a las ayudas a la dependencia "es el gran problema de nuestro país", hasta el punto que "la gente muerte sin tener la ayuda tramitada", denuncia en una entrevista a RTVE.es Cintia Pascual, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, CEAPS. "La ley dice que en 180 días, como máximo seis meses, tienes que tenerlo todo tramitado y aquí hemos estado hasta 490 días", explica, y reclama que faltan "entre 4.000 y 5.000 millones de euros" para poner "el contador de la dependencia a cero" e igualar las distintas autonomías, que son las que financian parte del sistema.
“La ley dice que en 180 días, como máximo seis meses, tienes que tenerlo todo tramitado y aquí hemos estado hasta 490 días“
Reconoce que ha habido importantes avances en los últimos años, pero cree que hay deberes pendientes, como este aumento de la inversión o culminar la acreditación de centros para establecer ratios en las residencias.
El Gobierno, en su último Consejo de Ministros, aprobó una mejora en las prestaciones, estableciendo un "suelo mínimo" común a estas ayudas en todas las comunidades y un aumento de horas de ayuda a domicilio a las personas dependientes, lo que afectará a unas 750.000 personas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la responsable de esta medida, lo celebró como la derogación del "último recorte del PP en dependencia".
La pandemia se cebó especialmente con los mayores en residencias, y dejó 34.000 muertos en estos centros, según el conteo de RTVE.es actualizado a febrero de 2023. Tres años después del pico de aquella crisis, la ocupación de los centros "se ha recuperado", según Pascual, pero cree que el impacto a los profesionales fue "muy duro" y aún se están recuperando.
Mejorar el IMV y más ayudas a dependencia: ¿qué propone los partidos?
Todos los partidos, excepto Vox, coinciden en proponer mejoras en el Ingreso Mínimo Vital y cambios en la ley de dependencia, aunque hay grandes diferencias entre unos y otros. El PSOE se centra especialmente en los jóvenes vulnerables, un porcentaje alto dentro de la población en riesgo de exclusión. Propone "consolidar" el Ingreso Mínimo Vital, así como el complemento de Ayuda a la Infancia hasta llegar a un millón de menores de edad y los bonos de ayudas para el alquiler y la cultura para jóvenes.
Entre otras medidas, de nuevo enfocado a menores y jóvenes, también planea una prestación por crianza para familias con personas menores a cargo, una ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años con pocos recursos. En cuanto a la atención a las personas mayores, propone actualizar el Plan de Choque en Dependencia.
El programa del PP promete "mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital", en coordinación con las comunidades autónomas. También plantea ayudas contra la pobreza infantil; entre otras, asegurar el acceso efectivo a servicios de 0-3 años de comedor escolar, salud, vivienda y alimentación.
Sobre dependencia, propone evaluar junto a las comunidades la ley del 2006 "para abordar los cambios necesarios que permitan mejorar su funcionamiento y conseguir una gestión ágil y eficiente" e incluye una estrategia nacional de atención a la soledad no deseada.
Vox, por su parte, promete aumentar las partidas de dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar e incrementar las plazas en residencias y los programas de atención a la soledad no deseada. Plantea además una reforma del sistema tutelar español para proteger a los niños en situación vulnerable y ampliar el servicio de atención temprana para mayores de seis años cuando se estime oportuno.
El programa del partido de Santiago Abascal incluye la "prioridad nacional en las ayudas sociales" y crear una "red nacional de albergues y comedores sociales". Sobre residencias de mayores, habla de impulsar una revisión del sistema residencial, especialmente de titularidad pública, para mejorar los protocolos, servicios y equipamientos.
Por último, Sumar también plantea mejorar el acceso y alcance del Ingreso Mínimo Vital, simplificando la burocracia e incluyendo entre a migrantes irregulares y jóvenes de entre 18 y 23 años como potenciales beneficiarios. Otras medidas incluyen impulsar una reforma constitucional que blinde el derecho a la Seguridad Social y que todas las personas residentes en España tengan derecho a la protección por la Seguridad Social, incluidas las personas residentes en situación de irregularidad.
El programa de la formación de Yolanda Díaz propone revalorizar prestaciones con el IPC, una nueva ley de cuidados y de sostenibilidad de la vida. En materia de dependencia, promete incrementar las ayudas y reformar la ley de dependencia para transitar hacia una red pública de centros, asegurar la cofinanciación del sistema de dependencia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas y acabar progresivamente con la concertación con el sector privado.
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