El Congreso convalida la prórroga de la rebaja del IVA en alimentos básicos y los nuevos permisos de cuidados

• La Diputación Permanente ha aprobado extender el séptimo paquete de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania
• También incluye descuentos para el transporte público, el gasóleo profesional y créditos para jóvenes en temas de vivienda

Una persona abre su monedero.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el séptimo paquete de medidas para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, donde se incluye desde la prórroga de la eliminación del IVA para alimentos básicos -como ya anunció a finales de junio- a los nuevos permisos de cuidados. El texto ha sido aprobado por 53 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra, aunque el debate se ha desarrollado entre fuertes críticas al Gobierno por utilizar un decreto ley con medidas sociales difíciles de rechazar para modificar leyes y transponer directivas.

En la defensa del decreto, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha defendido que las medidas son "necesarias" y "positivas para nuestro país". Cabe recordar que este paquete no solo incluye estos mecanismos para paliar las consecuencias de la guerra, sino también el cumplimiento de obligaciones comunitarias y modificaciones para asegurar la "eficacia" de la política económica.

Bolaños ha cifrado en 3.800 millones de euros el coste de las medidas recogidas en el decreto, de modo que se eleva a 47.000 millones el total de recursos movilizados para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

La Diputación Permanente del Congreso está conformado por su presidenta, Meritxell Batet, y 68 diputados que sustituyen al pleno en los periodos inhábiles o cuanto la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, como ocurre ahora.

Críticas por el uso del decreto

El diputado del PP, Jaime de Olano, ha considerado "un disparate" la extensión del decreto, de más de 200 páginas, que obliga a apoyar "en bloque" el texto -como ha hecho su partido- porque incluye medidas necesarias a pesar de que supone "un desprecio" a los diputados, a los que no permite estudiar en detalle las materias.

También el diputado de Vox José María Figaredo ha tachado de "inaceptable" la inclusión en el decreto de medidas no urgentes con un "cebo" para que se apoyen, mientras que en su última intervención, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que el Gobierno utilice el decreto "para sus propios intereses".

Desde el PNV, Mikel Legarda, ha compartido la necesidad de prorrogar el "escudo social", aunque cargado con dureza contra el Gobierno por utilizar "asuntos gancho de alto interés social" para forzar la aprobación de "otros contenidos" que deberían figurar en leyes independientes.

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición han defendido el decreto. La diputada Montse Mínguez (PSOE) lo ha hecho porque incluye medidas anticrisis "que han demostrado que funcionan", mientras que desde Unidas Podemos, Pablo Echenique se ha despedido del Cámara poniendo en valor los nuevos permisos de cuidados.

Compromís ha mostrado su apoyo porque prorroga el escudo social; PRC, porque persiste la inflación, y Coalición Canaria, porque incluye medidas para la isla de La Palma.

Principales medidas del séptimo paquete de ayudas

El decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 27 de junio incluye la prórroga de diversas medidas. Entre ellas, la bonificación del transporte público, ofreciendo financiación del 30% del descuento del transporte público urbano e interurbano a los gobiernos autonómicos y locales que lo complementen hasta el 50%. También recoge la eliminación del IVA para los alimentos básicos, y una bajada del 10% al 5% a aceites y pastas alimenticias.

Asimismo, se prorrogan las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos, que son de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y 5 céntimos por litro durante el último trimestre. También incluye ayudas directas para profesionales del transporte no sujetos a gasóleo profesional y servicios de transporte marítimo de interés público.

El decreto también coloca un precio máximo de venta de la bombona de butano, en 19,55 euros, y recoge la prohibición de cortar los suministros esenciales, extensión del bono social y la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.

También los nuevos permisos previstos para la ley de familias: permiso de cinco días retribuidos al año para el cuidado de familiares y convivientes, permiso cuatro días por "causa de fuerza mayor" y permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años.

Con respecto al empleo, se prohíben los despidos por causa del alza de la energía para empresas con ayudas públicas y, ya en tema de vivienda, se amplía la suspensión de lanzamientos para vulnerables sin alternativa habitacional.

Se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de Seguridad Social, en el ámbito laboral y en el ámbito hipotecario. También recoge una nueva línea ICO para que los jóvenes menores de 35 años paguen la entrada de su primera vivienda o dos nuevas deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías. Estas son algunas de las medidas más importantes recogidas en este séptimo paquete, pero pueden conocerse con más profundidad en la nota de prensa que Moncloa publicó el pasado 27 de junio, cuando fue anunciada esta prórroga en Consejo de Ministros.