Preguntas y respuestas sobre la financiación de las autonomías y su deuda con el Estado

• La reforma de la financiación y las deudas que tienen las comunidades autónomas se han colado en la escena política
• El Estado financia los servicios públicos traspasados a las autonomías, como la sanidad o la educación

La financiación afecta a las comunidades de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,

La reforma de la financiación autonómica, pendiente de revisarse desde hace 14 años, así como las deudas que tienen las comunidades autónomas con el Estado y una posible quita de la misma, se han colado en la escena política a pocas semanas de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez deban conseguir sus apoyos de cara a una posible investidura.

Estas son algunas claves para conocer cómo se financian las autonomías y qué deudas tienen con el Estado.

La financiación autonómica: un modelo que se actualizó en 2009

El Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas, como la sanidad o educación, desde los años 80, pero es en 2009 cuando la Administración Central y los gobiernos autonómicos acordaron una ley que se refrendó en el Parlamento para modernizar el sistema.

Afecta a las comunidades de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y su objetivo es mejorar el Estado de bienestar de todas las comunidades, garantizando la equidad y la suficiencia.

La idea era actualizar el modelo cada cinco años, pero no se ha cumplido por el momento.

¿Cómo, cuándo y cuántos recursos traspasa el Estado?

Los gobiernos calculan la transferencia de recursos haciendo una previsión de los ingresos que se van a recaudar por los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, algunos de ellos cedidos totalmente como el IBI, y otros estatales de los que se entrega una parte, como el IVA o del IRPF.

Son las denominadas entregas a cuenta que el Gobierno anualmente contempla en los Presupuestos Generales del Estado y que cada año actualiza según hayan cambiado las variables que determinan la financiación.

Las comunidades reciben mensualmente las entregas a cuenta y a los dos años, conocidos ya los datos reales de recaudación, se ve si se han calculado al alza o a la baja. Es cuando se hace la "liquidación", que normalmente sale a favor de las autonomías y es cuando hay que hacer un nuevo pago.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Las primeras entregas a cuenta que se calcularon con el modelo de 2009 se introdujeron en los presupuestos de 2010 y ascendieron a 75.732 millones y las últimas correspondientes a las cuentas de 2022 fueron de más de 111.000 millones.

¿Qué variables entran en juego en el modelo?

Los criterios de reparto para calcular la financiación que corresponde a cada comunidad se hacen por población ajustada, ponderando la población según franjas de edad, la superficie, la dispersión e insularidad de cada territorio.

¿Cómo se asegura un reparto equitativo?

Para asegurar la financiación de la totalidad de las competencias autonómicas y la equidad entre comunidades existen varios fondos: el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y los Fondos de Convergencia, que tratan de evitar posibles desequilibrios del sistema.

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El Fondo de Garantía asegura que todas las comunidades van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada, y los Fondos de Convergencia intentan minimizar cualquier distorsión que exista entre autonomías y tiene en cuenta, por ejemplo, los niveles de vida de cada región.

Los principios de autonomía y de corresponsabilidad se refuerzan mediante el aumento de los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas y mediante el incremento de las competencias para tener una mayor capacidad de decidir sobre el volumen de ingresos de que disponen.

¿Qué reclaman las comunidades autónomas?

Son muchas las comunidades que exigen una reforma del modelo al sentirse infrafinanciadas con el actual sistema. Son varias las que alertan de que han sido agraviadas y que exigen ser compensadas teniendo en cuenta su población real, pero varios gobiernos autonómicos reclaman que se tengan en cuenta también otros factores, como el envejecimiento o la dispersión de la población.

Es frecuente que en las negociaciones sobre el modelo de financiación las comunidades se alineen no en función del color de sus gobiernos sino de sus características comunes (las más despobladas, por ejemplo).

¿Pueden las comunidades financiarse por otras vías? ¿Qué es el FLA?

Sí. Existe el FLA, o Fondo de Liquidez Autonómica, que es una línea de crédito que tiene como objetivo que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que, así, no tengan que recurrir a los mercados para financiar su deuda.

Se utiliza para financiar vencimientos de deuda o pago de facturas a proveedores que tengan las autonomías.

¿Por qué se creó el FLA?

El Fondo de Liquidez Autonómica se creó en 2012, durante la crisis económica. A lo largo de ese año, nueve autonomías tuvieron que pedir ayuda financiera al Gobierno que presidía Mariano Rajoy y, ante esa situación de asfixia económica que atravesaban las comunidades autónomas, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó el fondo de financiación, dotado, en ese primer momento, con 18.000 millones de euros.

¿Qué comunidades se acogieron en sus inicios y cuántas hay a día de hoy?

Cataluña fue la primera comunidad en pedir su adhesión al FLA y le siguieron Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. A día de hoy, además de estas comunidades, también están Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.

¿Qué deuda tiene actualmente cada comunidad autónoma?

Actualmente, Cataluña es la comunidad que más dinero debe. En concreto, tiene una deuda de 71.852 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758).