La JEP imputa por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano por los "falsos positivos"

• Así se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes
• Ha sido acusado junto a otros ocho militares de 130 ejecuciones de jóvenes inocentes en el noroccidente del país

Varias personas protestan contra el general retirado Mario Montoya frente al edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá en una imagen de archivo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado este miércoles por primera vez a un excomandante del Ejército de Colombia, las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes.

El imputado es el general retirado Mario Montoya, que ha sido acusado junto a otros ocho militares de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes en el noroccidente del país.

La JEP, el tribunal ad hoc creado por el acuerdo de paz con las FARC, ha imputado a Montoya por "asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado" entre 2002 y 2003 en el departamento de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Y le acusa de "mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas 'en combate', emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados", ha explicado la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.

Ocho militares más imputados

Junto a Montoya, por los mismos crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP también ha imputado a los tenientes coroneles Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 "Jorge Eduardo Sánchez" (BAJES) y retirados del Ejército.

Montoya y los dos excomandantes del BAJES han sido acusados "por su posición de liderazgo", por la presión que cada uno de ellos ejerció para que se produjeran las bajas en combate, "una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate".

Hasta el momento, la JEP considera que en el país se produjeron 6.402 muertes o desapariciones forzosas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, y en el que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.

62 imputaciones por "falsos positivos"

Con estas nuevas nueve, la JEP ha imputado hasta el momento a 62 personas por "falsos positivos" en el Caso 03, de las cuales 55 (el 89%) han reconocido su responsabilidad.

La JEP ha destacado tres modalidades en los "modus operandi" en estos crímenes: a algunas víctimas las sacaron de sus casas, trabajos o de transportes y luego los señalaron de ser guerrilleros; a otras personas en condiciones de vulnerabilidad las engañaron con promesas de trabajo para luego asesinarlas, y por último también hubo asesinatos y desapariciones de posibles guerrilleros, pero que fueron ejecutados fuera de combate, lo que atenta contra el DIH.

Ahora los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos, tras lo cual la JEP fijará una audiencia pública (si los reconocen) y se adoptará una resolución para que el Tribunal para la Paz imponga una sanción propia, si es el caso, que podría excluirles de ir a prisión.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.