La Abogacía General de Brasil investigará a los jueces y fiscales que condenaron a Lula da Silva
- Se creará un grupo de trabajo que buscará promover la "reparación de los daños causados"
- El mandatario pasó 580 días en prisión condenado por corrupción por la trama Lava Jato
La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil ha anunciado este miércoles que analizará posibles fallos en la actuación de los fiscales y jueces que investigaron y encarcelaron por corrupción al actual presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva.
La AGU, que representa los intereses del Estado brasileño y cuyo titular es nombrado por el presidente, creará un grupo de trabajo para investigar "desvíos de agentes públicos" y promover la "reparación de los daños causados" por el juicio contra Lula, según ha señalado la institución en un comunicado.
En 2016, el mandatario se vio envuelto en la operación policial conocida como Lava Jato, lanzada contra un entramado de sobornos organizado por parte de la constructora Odebrecht que salpicaba a varios miembros del partido de Lula, y que acabó con su ingreso en prisión.
580 días en prisión condenado por corrupción
El equipo analizará la conducta de fiscales y jueces durante la instrucción y el juicio de la operación, que llevó a Lula a pasar 580 días en prisión condenado por corrupción antes de que el proceso fuera anulado.
El anuncio de la AGU responde a la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal José Dias Toffoli de anular todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos con Odebrecht porque, a su entender, los jueces del caso actuaron fuera de sus competencias y "al margen de la legislación".
En su resolución, el magistrado ha considerado, además, que la entrada en prisión de Lula fue "uno de los mayores errores judiciales de la historia del país".
Además, ha ordenado que la Fiscalía General de la República, la Abogacía General de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de colaboración con la constructora.
Tras la decisión de Dias Toffoli, el senador Sérgio Moro, antiguo juez responsable del caso y después en ministro de Bolsonaro, ha defendido que las investigaciones se hicieron "dentro de la ley" y que la corrupción de los primeros gobiernos de Lula (2003-2010) fue "real".