Los retos del nuevo año judicial: el futuro de Puigdemont, el recuento de votos o el debate sobre una ley de amnistía

• El rey preside la inauguración con un CGPJ que lleva casi cinco años en funciones por el bloqueo político
• Siguen pendientes casos de corrupción y Llarena espera a Europa para decidir si reactiva la euroorden a Puigdemont

El rey inaugura el año judicial con un CGPJ interino y un Supremo en riesgo de colapso por las vacantes

El año judicial comienza este jueves marcado todavía por el bloqueo de casi cinco años en el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, y una justicia bajo mínimos que tiene que hacer frente a importantes retos por delante. En el aire sigue aún el horizonte procesal del ‘expresident’ catalán Carles Puigdemont y del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Entre otros temas de actualidad, el Constitucional debe resolver el recurso del PSOE para revisar los votos nulos en Madrid del 23J. Los ERE volverán de nuevo a la palestra y mientras, el debate sobre la ley de amnistía que pide Puigdemont suena en la esfera política con un profundo debate jurídico.

Esta vez será el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Casán, quien inaugure con su discurso por primera vez el año judicial un año después de que su antecesor, Carlos Lesmes, amenazara con dimitir (y así lo acabó haciendo) por la incapacidad de PP y de PSOE de acordar la renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018. Junto a Marín intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto de apertura que presidirá de nuevo el rey Felipe VI.

Las Mañanas de RNE - Arranca el nuevo año judicial con un CGPJ bicéfalo - Escuchar ahora

El juez Llarena vigila a Puigdemont y la Fiscalía estudia el beso de Rubiales

Puigdemont, que huyó de la justicia en 2017 tras el ‘procés’, se ha convertido en un actor clave en la política nacional dado que los votos del partido que lidera, Junts, son la llave para una investidura. Pero su futuro está en el aire ya que la justicia europea debe decidir sobre si le devuelve o no su inmunidad como europarlamentario (le fue retirada por el Tribunal General de la UE en julio) y el ‘expresident’ recurrió. Y de la decisión que tome Europa dependerá que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactive, como es su intención, o no las euroórdenes contra él y contra el exconseller Antoni Comín.

Puigdemont ha puesto como condición a negociar la investidura de cualquier candidato (tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo) la aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para los responsables del 'procés', y si bien el líder del PP lo ha rechazado tajantemente, el actual jefe del Gobierno en funciones no se ha pronunciado al respecto y en el PSOE no dicen si creen que sería o no constitucional. El debate jurídico ya está servido: algunos expertos en Derecho Constitucional señalan ya que la Carta Magna no prohíbe expresamente la amnistía, mientras que otros recuerdan que sí impide los indultos generales.

Siguiendo con el ‘procés’, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo debe pronunciarse sobre la idoneidad del indulto al ‘exvicepresident’ y líder de ERC Oriol Junqueras en 2021, una decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez muy criticada por la oposición.

Y otro de los temas que ha estado candente en las últimas semanas es el beso tras la final del Mundial de Fútbol Femenino de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, que está ya en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público tiene claro que “no fue consentido” y ha abierto diligencias para ofrecer a la futbolista la posibilidad de denunciarle por agresión sexual.

Los recursos en el Constitucional: del recuento de votos a los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) tiene una apretada agenda este año. Tras admitir a trámite el pasado martes el recurso del PSOE, tendrá que decidir la próxima semana si revisa los 30.000 votos nulos en Madrid de las elecciones generales del pasado 23 de julio. El Partido Socialista, que perdió un escaño tras el recuento del voto CERA y pasó de necesitar la abstención al ‘sí’ de Junts para que Pedro Sánchez pueda ser investido, espera poder revertir esta situación con el recuento de votos nulos en Madrid.

El Alto Tribunal también tendrá que dar respuesta a los recursos de los de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como otros diez condenados por el caso de los ERE.

El Constitucional, que el último año dio un apretón para resolver cuestiones pendientes desde hace más de una década como la ley del aborto de 2010, tendrá que pronunciarse sobre algunas medidas impulsadas por el Gobierno la pasada legislatura: la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, la derogación del delito de sedición, la ley del ‘solo sí es sí’ o la de Memoria Democrática, así como el impuesto a las grandes fortunas.

El TC tiene por delante otras decisiones de calado político. En concreto, afronta varios recursos del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, uno de ellos contra la retirada de su escaño a raíz de su condena por atentado a un agente de la autoridad. El partido no designó a un sustituto y eso implicó un diputado menos para el Gobierno de coalición la pasada legislatura. Y otro recurso pendiente es el de la exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por su expulsión del grupo parlamentario autonómico a instancias de Podemos e IU en 2020.

Camps volverá a sentarse al banquillo

Entre los asuntos pendientes de la justicia hay grandes casos de corrupción que siguen aún pendientes, como la trama Pujol o la Púnica en el Supremo, temas que se han alargado por la falta de salas. El mes pasado, la Audiencia Nacional condenó al excomisario José Villarejo a 19 años de prisión en la primera sentencia del caso Tándem pero le absolvió del delito de cohecho, lo que puede influir en decenas de otras piezas.

El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps volverá a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por una causa derivada del caso Gürtel, que afronta ya su recta final.

En la Audiencia Nacional está pendiente saber el destino de la investigación sobre la plataforma Tsunami Democratic y las protestas de 2019 en Cataluña contra la sentencia del ‘procés’. El tribunal también tiene que culminar la causa del ataque a dos iglesias en Algeciras (Cádiz) el pasado mes de enero y que acabó con la vida de un sacristán (el juez ha concluido ya la investigación y determinado que fue “asesinato terrorista”). Y el 15 de noviembre, la Sala de lo Penal del Supremo analizará las condenas impuestas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña.

También en el Supremo siguen pendientes miles de reclamaciones por las restricciones frente al COVID durante la pandemia, afectadas directamente por las vacantes sin cubrir en el Supremo. El Alto Tribunal debe pronunciarse además sobre los recursos contra el nombramiento de la exfiscal general del Estado y exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada y de Memoria Democrática.

Colapso en la justicia

La justicia afronta todas estas cuestiones con un CGPJ que lleva casi el mismo tiempo en funciones que el tiempo que dura un mandato, una situación inédita que acabó derivando tras la dimisión de Lesmes en una bicefalia en el Poder Judicial con un presidente del mismo (actualmente Vicente Guilarte, tras la jubilación de Rafael Mozo) y del Supremo (Marín), cuando siempre han sido la misma persona.

El bloqueo deja ya cuatro vocales menos de los 20 que debería tener el Consejo General del Poder Judicial (entre jubilaciones, dimisiones y un fallecimiento). La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2021 impulsada por el Gobierno impidió al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras estuviera funciones (posteriormente se reformó para que pudiera nombrar sus candidatos al Constitucional, no así en el Supremo).

La situación es especialmente grave en el caso del Supremo, que acumula ya 22 vacantes y bajas en todas sus salas y sumará una nueva este mismo jueves. La situación es crítica en la Sala de lo Contencioso Administrativo con 11 vacantes. En esta Sala y en la de lo Civil (cuenta con dos magistrados menos) el tiempo medio de los procedimientos ha aumentado dos años, afectando de manera directa a los ciudadanos en trámites como divorcios, custodias, herencias o despidos.

Ante esta situación, se espera con interés el discurso que pueda dar Marín Casán en el acto de apertura judicial. Independientemente de su discurso, son PP y PSOE, inmersos en estos momentos en buscar una investidura, los únicos capaces de poner fin al bloqueo de un órgano clave para el buen funcionamiento de la justicia.