El déficit público baja un 5,3% en el primer semestre, hasta los 30.571 millones, sin incluir administraciones locales

• Es el equivalente al 2,17% del PIB y esta corrección se debe a que el aumento de ingresos superó al de los gastos
• Por su parte, el déficit del Estado alcanzó 37.682 millones de euros, un 56,8% más

Billetes y monedas de euro.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, sin contar las corporaciones locales, alcanzó en el primer semestre los 30.571 millones de euros, un 5,3% menos que en el mismo periodo de 2022. Es el equivalente al 2,17% del PIB, y el año pasado era de 32.270 millones de euros, el 2,43% del PIB.

De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, esta corrección fue posible gracias a que el aumento de los ingresos, del 9,1%, fue superior al de los gastos, del 7,5%.

Por subsectores, al cierre de junio la mayor parte del déficit se concentraba en la administración central, con un total de 21.588 millones, un 12,5% menos que un año antes y un 1,53% del PIB, gracias al aumento de los ingresos en esos meses.

En cambio, las comunidades autónomas incrementaron su déficit en un 41,3%, hasta los 12.110 millones de euros (un 0,86% del PIB), debido al impacto de la transferencia de 3.086 millones realizada por el Estado a las autonomías en 2022 para compensar el cambio en el sistema de gestión del IVA en 2017. Todas las comunidades autónomas cerraron junio con déficit, encabezadas por Murcia (1,59% de su PIB) y Baleares (1,55% de su PIB).

Los fondos de la Seguridad Social situaron su superávit en 3.127 millones, el triple que en 2022 y equivalente al 0,22% del PIB, en parte por los menores gastos asociados al coronavirus.

El déficit del Estado hasta julio aumenta un 56,8%

Hacienda también ha avanzado los datos de déficit del Estado de los siete primeros meses del año, un periodo en que el desfase ascendió a 37.682 millones de euros, un 56,8% más y un 2,17% del PIB, debido al efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica y local, que afecta tanto a ingresos como a gastos.

La liquidación definitiva del sistema de financiación se realiza dos años después, una vez que se conocen los datos reales de recaudación y si son superiores o inferiores al dinero adelantado, y mientras la liquidación de 2020, realizada en 2022, fue positiva para el Estado (restó 6.106 millones de déficit), la de 2021, realizada en 2023, ha sido negativa (ha sumado 11.798 millones).

Hacienda calcula que, si se elimina el efecto de las liquidaciones de ambos ejercicios, así como el derivado del registro del IRPF y las partidas de gasto relativas a coberturas de saldos negativos, el déficit del Estado bajaría un 5,9% al cierre de julio.

En los siete primeros meses del año el Estado ingresó 142.890 millones, un 3,6% menos, un descenso relacionado con la liquidación del sistema de financiación. Los ingresos tributarios crecieron un 0,9%. La liquidación afecta al cómputo del IRPF estatal, cuya recaudación baja un 6,8% al cierre de junio después de que se haya transferido 4.941 millones a las comunidades autónomas por este concepto.

Por último los Fondos de la Seguridad Social hasta junio de 2023 registran un superávit de 3.127 millones, un incremento respecto a los 971 millones del año pasado. En términos de PIB el superávit de los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en el 0,22% del PIB, superior al 0,07% del 2022.

Baja la recaudación por IVA

Baja también en un 0,8% la recaudación por IVA -un impuesto que, recuerda Hacienda, está afectado por varias rebajas, entre ellas la que afecta a los alimentos básicos, que no tiene correspondencia en 2022- mientras que los ingresos por impuesto de sociedades suben un 13,3%.

Los datos hasta julio recogen también una recaudación de 14 millones de euros por el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, una cifra que Hacienda califica de "residual" ya que el ingreso principal de este nuevo tributo, que se podía abonar hasta el 31 de julio, se mostrará en el informe de agosto.

Por lo que respecta a los gastos, ascendieron a 180.572 millones, un 4,8% más, por los aumentos en transferencias entre administraciones y, en menor medida, por el mayor gasto en subvenciones (20,4%), consumos intermedios (11,6%, en parte por los 425 millones para elecciones y partidos políticos), remuneración de asalariados (3,7%) e intereses (1,1%).