Enlaces accesibilidad

La Junta de Andalucía comprará 7.500 hectáreas para "blindar" Doñana frente "al cambio climático"

  • Aumentará la superficie del Parque un 14% y evitará que se sequen 3.500 hectáreas que albergan el 60% de las aves
  • La ministra para la Transición Ecológica aplaude la decisión de la Junta pero la ve insuficiente

Por
La Junta de Andalucía comprará 7.500 hectáreas para "blindar" Doñana frente "al cambio climático"

La Junta de Andalucía comprará 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana un 14%, unos terrenos valorados en unos 70 millones de euros, y hacer así "más resiliente al Espacio Natural de Doñana frente a los efectos del cambio climático", según ha explicado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Según ha avanzado Moreno en su intervención en un foro informativo organizado por el diario 'ABC' de Sevilla, esta adquisición supone el mayor hito ambiental realizado en los últimos 45 años en Doñana tras la ampliación de 1978 y evitará que se sequen 3.500 hectáreas que albergan el 60% de las aves.

El objetivo del Gobierno andaluz, ha señalado Moreno, es mantener inundadas la zona que corre el riesgo de dejar de tener agua "por el cierre de las piscifactorías de la región, evitando con ello la pérdida de la biodiversidad de este espacio y las repercusiones negativas en hábitats y especies animales".

El presidente de la Junta ha defendido que su gobierno está "comprometido al máximo con la preservación" de una "joya" de la naturaleza como es Doñana, y ha sostenido que el "verdadero peligro" que "amenaza" ese espacio es el cambio climático, y no la proposición de ley registrada por PP-A y Vox y actualmente en tramitación en el Parlamento andaluz para regularizar zonas regables en la comarca del Condado de Huelva.

Para "evitar un duro golpe a Doñana"

Segú informa la Junta en una nota de prensa, el Gobierno andaluz ha tomado esta decisión porque "es la única manera de evitar un duro golpe al Parque Nacional de Doñana, impidiendo que las más de 3.500 hectáreas que actualmente están inundadas de manera artificial dejen de tener agua tras el cierre de las piscifactorías".

Si no se adquiere esa finca, la Junta alerta de que no adquirir esa finca significará que "mermará la diversidad de hábitats y se reducirá de manera drástica la capacidad de adaptación ante el cambio climático del conjunto del humedal", y "desaparecerá" fauna avícola.

Con la compra, esas 7.500 hectáreas pasarán a ser de titularidad pública y "se abrirá un proceso de investigación científica por parte de las universidades y de los técnicos de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para determinar los proyectos que mejoren las condiciones ambientales de este humedal. El proceso terminará con la redacción de un Plan Estratégico de Actuaciones Ambientales para Doñana".

La Junta indica también que el objetivo prioritario es que este Espacio Natural "sea considerado Parque Nacional", siempre y cuando cumpla con

los indicadores necesarios para su nombramiento. De este modo, aumentaría un 14% la superficie del Parque.

Ribera aplaude la decisión pero la ve "insuficiente"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha considerado que esta decisión de la Junta de Andalucía "va en la buena dirección", pero también ha subrayado que es "insuficiente".

Así lo ha asegurado Ribera en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por la medida que pondrá en marcha la Junta en Doñana. A su juicio, esta medida se produce como respuesta al aviso de la Unesco que advirtió que la ley de la Junta de Andalucía para regular los regadíos en el Parque Nacional podría "amenzar las razones" que llevaron a su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Según Ribera, esta medida no aportará más agua, aunque sí más superficie, por lo que cree que tendrá "cero incidencia en lo que se refiere el acuífero y la zona inundable".

Por ello, la ministra ha reclamado retirar la propuesta de ampliación de la superficie que será considerada regable, así como también "conocer el destino" de los 12 millones de euros del plan de recuperación que fueron derivados a la Junta para invertir en el parque.