España se ofrece a pagar el coste del uso del catalán, euskera y gallego en la UE ante las dudas de varios países

• Suecia y Finlandia han expresado públicamente sus reticencias, pero otros miembros lo hacen en privado
• Se aleja la posibilidad de que la medida salga adelante en la reunión de ministros del próximo día 19, como quería España

España se ofrece a pagar el coste del uso del catalán, euskera y gallego en la UE ante las dudas de varios países

España está dispuesta a pagar el coste del uso del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE. El Gobierno se lo ha comunicado así al resto de países ante las reticencias de al menos una docena de ellos que piden más tiempo para estudiarlo. La propuesta fue una de las condiciones de Junts para apoyar a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso y el gobierno esperaba sacarla adelante el próximo martes, aunque se aleja esa opción.

Varios Estados miembros de la UE, entre ellos Suecia y Finlandia de manera pública, mantienen dudas sobre el coste y consecuencias prácticas de dar la oficialidad a estas lenguas. Los embajadores de los Estados miembros de la UE han mantenido este viernes el encuentro preparatorio para ese Consejo de Asuntos Generales del martes, para el que los dos países nórdicos han sido de los pocos que han hecho públicas sus posturas en sendos documentos preparatorios del encuentro.

En un comunicado publicado este viernes, el Gobierno finlandés señala sus "reservas" ante una decisión que "aumentaría la carga financiera y administrativa" y "probablemente también ralentizaría las decisiones y entradas en vigor de regulaciones europeas". Y, aunque ven importante "asegurar la diversidad cultural y lingüística en la UE", creen que "los derechos de los hablantes de lenguas regionales se pueden promover de formas más ligeras".

Dudas por el coste económico de la traducción

Estocolmo, por su parte, también señaló el lunes en un comunicado que es necesario analizar las consecuencias presupuestarias y prácticas antes de poder votar la propuesta española, que requiere unanimidad.

Comparten una postura similar otros Estados miembros, cuyas fuentes diplomáticas consultadas por EFE recogen una "voluntad de trabajar en la materia" pero advierten de que "una decisión así podría tener consecuencias que deben identificarse antes de decidir".

"Queremos escuchar al ministro español el martes pero también queremos escuchar a los que muestran preocupación sobre los cada vez más elevados costes de traducción e interpretación. Queremos que la discusión continúe para examinar en profundidad todos los aspectos de la cuestión", ha dicho otra fuente de un país del sur de Europa.

Además, otra fuente diplomática apunta a que se trata de una decisión demasiado importante a nivel europeo como para cerrarse tras únicamente una reunión a nivel de embajadores -la celebrada este viernes- y el encuentro de los ministros del próximo martes. Y al menos dos delegaciones creen necesario consultar a los servicios legales del Consejo antes de pronunciarse, un paso que retrasaría más allá del próximo martes una votación que debe ser aprobada por unanimidad.

No comparten el "sentido de urgencia" de España

Varios diplomáticos consultados por Europa Press apuntan que nadie comparte el "sentido de urgencia" que traslada España a sus socios, porque el resto de capitales ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las que el Gobierno no ha presentado aún detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales a las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.

También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible "efecto dominó" que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.

España defiende que "no hay ningún no rotundo"

España ha mantenido en las últimas semanas contactos a todos los niveles para lograr esa luz verde de sus veintiséis socios y sacar adelante la promesa que se hizo a cambio del apoyo de JxCat para que la socialista Francina Armengol de los Diputados y en el contexto de las negociaciones en curso para formar gobierno tras las elecciones del 23 de julio.

Tras el encuentro preparatorio de hoy, fuentes diplomáticas españolas mantienen que "no hay ningún no rotundo" entre sus socios pese a que reconocen que se han pedido "informes de impacto, sobre todo en lo que afecta al tema legal y administrativo". "Ninguno se ha mostrado en contra, de hecho han apoyado el sentido de la propuesta. Simplemente piden confirmación de los servicios legales de que es viable", defiende esta fuente.

La reunión del próximo martes permitirá a España -que además ostenta la presidencia semestral del Consejo- tantear si entre sus socios existe la unanimidad necesaria para que salga adelante un consenso sobre el que se está trabajando desde hace semanas.

Solo en el caso de que la unanimidad esté garantizada se produciría un voto el día 19 de septiembre, una posibilidad sobre la que duda una fuente diplomática de uno de los países grandes del club comunitario; aun sin estar en contra, dice, piden "aclaraciones" sobre los aspectos prácticos, financieros y legales de la propuesta.