El Tribunal Constitucional admite el recurso del PP y algunas comunidades autónomas contra la Ley de Vivienda

• Según el partido, plantea la posible vulneración del derecho de propiedad y de la tutela judicial efectiva y la autonomía local
• Los Gobiernos de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía creen que invade sus competencias

Un cartel de "Se alquila" en una vivienda de Madrid.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Partido popular (PP) contra la Ley de Vivienda así como aquellos de los Gobiernos regionales de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía contra la misma norma por considerar que invade sus competencias. Así lo ha comunicado el organismo este martes a través de una nota de prensa.

Fuentes del tribunal de garantías han informado de que el Pleno ha aprobado la admisión a trámite de todos los recursos que afectan a distintos apartados de la Ley Estatal de Vivienda.

El recurso del PP plantea la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local, como indica el TC. Por su parte, los gobiernos regionales recurrieron una vez que los servicios jurídicos de sus administraciones consideraban que la norma invade competencias recogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Medidas de la Ley de Vivienda

La Ley por el Derecho a la Vivienda permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas y prevé recargos de entre el 50% y el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años. Posibilita una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos.

Además, prohíbe el pago de las rentas en metálico y la venta de vivienda pública a fondos de inversión; fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del arrendador y obliga a reservar un 40% del suelo urbanizable y del 20% del suelo urbano no consolidado para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.