El Tribunal Constitucional avala la Ley Rider al rechazar la ponencia que proponía declararla inconstitucional

• El magistrado conservador ha retirado su texto al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante
• Vox y PP impugnaron el decreto-ley al considerar que el Gobierno hizo un uso abusivo de ese instrumento normativo

Un 'rider' trabaja en el centro de Madrid.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes la ponencia redactada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez, que proponía estimar el recurso de Vox contra la Ley Rider relativa a los repartidores de plataformas digitales y que prohíbe que estas puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores. Se espera que en próximos plenos tanto el recurso de Vox como el del PP contra la misma norma sean desestimados, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La mayoría progresista del TC ha expresado su desacuerdo con la ponencia de Enríquez, que abogaba por acoger los planteamientos de Vox, por lo que el magistrado ha optado por retirar su texto al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante. Enríquez ha tomado esta decisión al constatar que la mayoría progresista no iba a respaldar su ponencia que, sin embargo, no se ha llegado siquiera a someter a votación.

No había urgente necesidad para hacerlo mediante decreto-ley

De este modo, se ha decidido que se delibere primero la ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez -sobre el recurso 'popular'-, que plantea avalar el decreto-ley cuestionado. Fuentes de la corte de garantías explican que Enríquez entendía que no existía la extraordinaria y urgente necesidad que se requiere para regular vía decreto-ley, considerando que se podía haber optado por el trámite legal habitual.

Sin embargo, la mayoría de sus compañeros ha estimado que el asunto sí requería esa extraordinaria y urgente necesidad, por lo que en base a la ponencia de Sáez acabarán validando el decreto-ley, avanzan las citadas fuentes.

Vox y PP impugnaron el decreto-ley con el que el Gobierno obliga a contratar a los repartidores por considerar que el Ejecutivo hizo un "uso abusivo" de este instrumento normativo. Los de Santiago Abascal alegaron que el uso del decreto-ley es algo "excepcional" y que con su utilización "se está esquivando" el debate de una norma que, por otra parte, critica por considerar que "puede llevar al paro y la miseria a un colectivo que necesita ayuda".

En la misma línea se pronunció el PP, que denunció que "no hay extraordinaria y urgente necesidad" que motive la norma, sino la necesidad urgente de saltarse al Congreso.