Boluarte ratifica sus declaraciones sobre las muertes en las protestas antigubernamentales y pide se cierre la investigación

• En las manifestaciones, que se produjeron de diciembre de 2022 a marzo de 2023, hubo decenas de muertos
• El primer ministro también ha sido citado para presentarse ante la Fiscalía este miércoles, pero aún ha confirmado su asistencia

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una imagen de archivo

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha ratificado este miércoles ante la Fiscalía las declaraciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y ha pedido que se cierre la investigación en su contra.

El abogado Joseph Campos, defensor de la mandataria, ha declarado a los periodistas que durante el interrogatorio, que se ha desarrollado durante una hora y media, se ha reiterado que "nunca existió una relación directa" de Boluarte "con los hechos".

"Lo que hemos hecho nosotros es declarar que nuestras respuestas dadas en la primera declaración (de junio) se extiendan a las demás y ya no queremos seguir desarrollando (el tema) por respeto precisamente a las víctimas, que no necesitan un 'show', que no necesitan algo raro, sino que se investigue con seguridad y objetividad", ha sostenido.

Campos ha considerado, sin embargo, que "la evaluación de una responsabilidad jurídica de la presidenta es absurda", pero ha dicho que a pesar de esta posición acudieron al interrogatorio porque son "respetuosos" con las decisiones del Ministerio Público.

Tercera vez ante la Fiscalía

Boluarte ha llegado este miércoles a la sede del Ministerio Público, en el centro histórico de Lima, en medio de un gran despliegue de seguridad de la Policía Nacional (PNP) y ha ingresado hacia las 08:52 horas (13:52 GMT) en un vehículo oficial y sin que se le vea en ningún momento.

La Fiscalía había citado a la gobernante por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

Allí presentará ante Benavides una ampliación de las declaraciones que ya dio el pasado 6 de junio, tras lo cual su abogado, Joseph Campos, declaró a los medios que la presidenta esperaba ser excluida de las investigaciones.

La mandataria también acudió a la Fiscalía el 7 de marzo pasado, pero en ese momento no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por el pedido de declaración del primer ministro, Alberto Otárola.

Precisamente, ante la ausencia de información de Presidencia sobre la diligencia fiscal, ha sido Otárola quien ha confirmado este martes que la jefa de Estado acudiría a la nueva citación del Ministerio Público.

Durante su participación en la convención minera Perumin 36, que se celebra en la ciudad de Arequipa, Otárola ha justificado la ausencia de la mandataria con el argumento de que estaba "preparándose para asistir a una diligencia judicial".

Citado también el primer ministro

El primer ministro también ha sido citado para que se presente ante la Fiscalía este mismo miércoles desde las 14:30 horas (19:30 horas GMT), pero aún ha confirmado su asistencia.

Durante su intervención en Perumin, Otárola ha afirmado que "el Gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derecho" y ha agregado que no les "temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y paz y seguridad de 33 millones de peruanos".

Por otra parte, ha añadido que la paralización en las compañías mineras, a raíz de las protestas, fue provocada por amenazas "de grupos muy reducidos y violentos que sembraron la destrucción y la inmovilidad" en varias regiones del sur, con el pretexto de reivindicaciones sociales no atendidas.

"Pero todos lo sabemos, (fue) con la finalidad de apoyar al golpista, el ex presidente Pedro Castillo, y derrocar el nuevo régimen", ha expresado Otárola en referencia al gobernante que fue destituido el pasado 7 de diciembre tras intentar dar un golpe de Estado.