El independentismo afronta el 1-O con la amnistía en el centro del debate y la exigencia de otra consulta

• Su mayor protagonismo político tras el 23J contrasta con la pérdida de apoyo social en los últimos años
• ERC y Junts ven una oportunidad en lograr la amnistía para los encausados del 'procés' y hablan ya de "un nuevo 1-O"

La manifestación de la Diada, termómetro del independentismo, ha sido una de las menos seguidas de la última década

El independentismo catalán llega a este sexto aniversario del referéndum del 1 de octubre que había ido perdiendo en los últimos años. Su reclamación de una amnistía por lo ocurrido alrededor de aquel 1-O de 2017 ha marcado el debate en el último mes, eclipsando la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero tanto ERC como Junts dan por amortizada ya esta reclamación, piden ir más allá y plantean ya negociar otra consulta. O como expuso claramente Gabriel Rufián durante este debate de investidura: "Una amnistía por los hechos del 1-O ha de sentar las bases para que haya un nuevo 1-O".

Los dos principales partidos independentistas no han dejado de plantear en estos seis años la amnistía y la autodeterminación como sus principales exigencias. La diferencia es que la actual coyuntura política, con un escenario endiablado de pactos tras el 23J y con el PSOE necesitando el 'sí' de Junts para investir a Pedro Sánchez, los sitúa en una posición privilegiada para poder negociar y, eventualmente, hacer realidad esas exigencias. O al menos la amnistía, la que ha centrado los primeros compases de la negociación.

Esta se ha situado como condición principal de Junts para dar su apoyo a una hipotética investidura de Sánchez, como avanzó el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una intervención en Bruselas el pasado 5 de septiembre. Desde ERC ya dan por "alcanzada" e "inevitable" la amnistía, señalan que el PSOE ya la aceptó con su acuerdo para votar a la candidata socialista a la Presidencia del Congreso, e incluso señalan que la negociación se centra ya en "cuestiones técnicas".

Del otro lado de la negociación, el PSOE ya empieza a referirse a la amnistía tras mantenerse en silencio durante semanas. El diputado socialista Óscar Puente, encargado de responder a Feijóo durante la investidura, aseguró que "se debe valorar" esta para "dar una salida a aquellos que se han situado al margen de la legalidad". Sánchez, en su alocución más clara al respecto, desde la ONU, aseguró que sería "coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña" y, preguntado por la situación judicial de Puigdemont, lamentó que "una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial". Desde Sumar han sido aún más claros y han apostado por la amnistía como "la salida política que nos permite normalizar la situación en Cataluña".

Puigdemont vuelve a ser un actor principal del panorama político

La aritmética parlamentaria y un cambio de estrategia desde el partido ha devuelto a Junts al papel negociador a nivel nacional que había prácticamente abandonado desde el apogeo del 'procés'. Sabedores de la importancia de sus siete escaños para dar la mayoría a Sánchez, han planteado sus condiciones no solo al PSOE sino también a sus socios, y han vuelto al juego parlamentario, como se demostró con la votación de la Mesa del Congreso, en la que arrancaron de los socialistas el impulso al catalán en la Cámara Baja y en Europa.

El viaje de la vicepresidenta en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a Waterloo, para entrevistarse con Carles Puigdemont, demostró que el expresident catalán, uno de los protagonistas de aquellos convulsos días de octubre de 2017, volvía a ser un actor determinante en la política nacional.

Poco después era el líder del PNV, Andoni Ortuzar, quien acudía a la residencia de Puigdemont en Bélgica, retomando los históricos lazos entre nacionalistas conservadores vascos y catalanes, rotos por el 'procés'.

Menos votos independentistas pero mayor protagonismo

Pero, paradójicamente, el retomado papel central de Puigdemont y del independentismo en general coincide con una pérdida de apoyos agudizada en este último año. El 'no' a la independencia se sitúa en máximos y alcanza el 52% de los catalanes, según el CEO -conocido como el CIS catalán-, diez puntos por encima del sí.

En apoyo electoral, la caída también ha sido aguda. El PSC fue el partido más votado en las últimas elecciones del 23J y ERC pasó de primera fuerza a tercera. Los republicanos perdieron la mitad de votos y seis escaños, mientras que Junts perdió un diputado y más de 100.000 papeletas y la CUP desapareció del Congreso al quedarse sin sus dos escaños.

Otro termómetro para medir la fuerza del independentismo es la Diada del 11 de septiembre, que tras alcanzar números históricos de participación entre 2012 y 2018, ha ido perdiendo participantes en los últimos años. La marcha de este año congregó a unas 115.000 personas, según la Guardia Urbana, lo que supondría el mínimo en una década, sin contar los años de las restricciones de la pandemia, mientras que los organizadores calcularon que asistieron 800.000 personas, por segunda vez por debajo del millón pero unos 100.000 más que en 2022.

En aquella manifestación, el sector más duro del independentismo, encarnado en la organizadora Assemblea Nacional Catalana, exigió a ERC y Junts que la negociación para la investidura únicamente tuviera como fin para que el Estado permitiera la independencia de Cataluña: "¡Independencia o nada! ¡Independencia o elecciones!". "Ha de quedar claro que cualquier pacto en Madrid solo sirve si tiene efectos directos para conseguir la independencia", aseguró la presidenta de la ANC, Dolors Feliu.

Pero la postura de la ANC, que reclama también una nueva declaración unilateral de independencia y que se mantiene fija en la postura que mantuvo el grueso del independentismo en 2017, cada vez tiene menos aliados. No solo ERC negocia ya con el Gobierno -la Mesa de Diálogo entre el Govern de Aragonès y el Ejecutivo viene reuniéndose desde 2021-, sino que Junts se ha apuntado también a la negociación. Tampoco otra entidad con fuerza en el independentismo, Òmnium Cultural, respalda ya la vía más intransigente. Por todo ello la ANC ha advertido de que presentará una lista propia en las próximas elecciones catalanas de 2025, lo que aleja la pretendida unidad del soberanismo.

¿Un nuevo 1-O?

La fecha del 1 de octubre de 2017 es parte del mito originario del independentismo catalán. Aquel día más de dos millones de personas, según el Govern, votaron en un referéndum de independencia declarado ilegal por la Justicia y entre fuertes cargas policiales, que dejaron más de mil heridos -entre ellos varios policías y guardias civiles-, también según la Generalitat.

Nueve días después, el entonces president Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, una independencia que apenas duró unos segundos, ya que acto seguido suspendió sus efectos para negociar con el Estado una salida dialogada. Después vino el 155, la huida al extranjero de algunos de los líderes del 'procés', como Puigdemont, y el juicio contra otros, como Oriol Junqueras, cuyas causas terminaron con los indultos de 2021. La amnistía serviría precisamente para hacer borrón y cuenta nueva judicial de todos ellos y muchos más -según Òmnium Cultural, esta debería aplicarse a 1.432 personas-.

Desde entonces los partidos independentistas han pugnado por posicionarse como los legítimos defensores del "mandato" del 1-O, una palabra fetiche para el secesionismo. Precisamente la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, la utilizó para reclamar la celebración de una nueva consulta durante el debate de investidura Feijóo, el pasado martes. "Solo un referéndum acordado podría sustituir el mandato político del 1-O", reclamó, situándolo como el siguiente paso una vez alcanzada la amnistía.

En la misma línea se pronunció Rufián, portavoz de ERC, durante este debate. Aseguró que la amnistía es la mejor "solución" para el "conflicto político que viven Cataluña y el Estado español", pero advirtió que este perdón "no es el final", y recordó que o bien una amnistía "contempla una salida para que el pueblo de Cataluña vote su estatus político o servirá de muy poco".

Los dos partidos encarecen el precio de su apoyo a la investidura, como han dejado claro con la moción aprobada en el Parlament el viernes para condicionar la investidura del próximo presidente del Gobierno a un "compromiso" para avanzar hacia un referéndum. Desde el Gobierno, sin embargo, restan importancia a esta nueva apuesta y lo ven como parte de la "gesticulación" del independentismo. Fuentes de la Moncloa piden paciencia y discreción en la negociación, y señalan que "saben que por ahí no". También desde el PSOE recuerdan que "el referéndum no cabe en la negociación" y el líder del PSC, Salvador Illa, no ha descartado incluso la repetición electoral. Sumar comparte las críticas, ya que ve una "irresponsabilidad" lo acordado por los independentistas. No obstante, abren la puerta a un eventual referéndum acordado.

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Con el fracaso de la investidura de Feijóo, el reloj ha empezado ya a correr para que Pedro Sánchez sea investido -si así lo propone el rey-, por lo que la negociación con los partidos independentistas se acelera. Como dejó claro el presidente del Gobierno en las últimas semanas, será ahora cuando hable "claro" y explique las condiciones para llegar a un acuerdo con los independentistas, y si estas incluyen la amnistía. Los partidos soberanistas se preparan a su vez para aprovechar la oportunidad y el "momento histórico" que se abre ahora, como dijo Aragonès, y hacer realidad sus ansiadas exigencias, una posible "victoria" tras sufrir "muchas derrotas".