El Gobierno aprueba las subidas salariales pactadas con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia

• Se aplicarán de forma progresiva entre finales de este año y a mediados del año que viene, según Montero
• Las asociaciones judiciales llevaban meses esperando a que el Ejecutivo aprobase las subidas pactadas

Imagen de una concentración de los letrados de la Administración de Justicia ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de noviembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes pactadas con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que evitaron el paro de los dos primeros y permitieron acabar con dos meses de huelga de los últimos.

"Hemos dado luz verde al acuerdo de actualización salarial de los jueces y fiscales, y a lo que afecta a los letrados de la Administración de Justicia, incrementos retributivos que cumplen con los acuerdos que se alcanzaron este mismo año", ha precisado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión, donde también ha confirmado la subida adicional del 0,5% en la nómina de los funcionarios por la inflación.

Según ha explicado la ministra, esta subida salarial para jueces, fiscales y letrados "se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar todo lo que es el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024".

Asimismo, ha apuntado que en el caso de los letrados este incremento "se suma" a "otras medidas de mejora de sus condiciones salariales y retributivas que se aprobaron también en acuerdos del Consejo de Ministros anteriormente".

Entre 430 y 450 euros mensuales de subida

El acuerdo alcanzado con tres asociaciones de jueces y otras tantas de fiscales -no firmó la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- implica una subida salarial progresiva de 450 euros al mes a partir de la nómina de octubre, al margen de otras mejoras laborales y de una convocatoria de plazas. Dicho pacto se firmó con el objetivo de evitar un paro de los trabajadores.

Los letrados de la administración de Justicia, en cambio, sí estuvieron en huelga desde finales de enero a finales de marzo, la cual fue suspendida tras pactar con el Gobierno un aumento retributivo de entre 430 y 450 euros brutos al mes. En su caso, el acuerdo, que tiene carácter retroactivo desde enero de 2023, debía haber empezado a aplicarse en la nómina de julio.

El visto bueno del Ejecutivo tiene lugar después de que, a mediados de septiembre, el Ministerio de Justicia explicara que la subida no se había hecho efectiva aún por la "situación política" que atravesaba el país, con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente para finales de septiembre.

En aquella ocasión, el Departamento dirigido por Pilar Llop avisó a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados tenían efectos retroactivos y que no corrían ningún peligro. Las asociaciones de jueces y fiscales exigieron al Ejecutivo en funciones el pasado 12 de septiembre que cumpliera con la subida salarial y advirtieron de que tomarían "medidas" para lograr que se ejecutase lo acordado; de la misma forma que se pronunciaron los letrados el pasado julio, cuando reclamaron formalmente al Gobierno que cumpliese el acuerdo alcanzado cuatro meses antes.

Tras resolverse en conflicto con jueces, fiscales y letrados, queda pendiente que se resuelva el conflicto colectivo con los funcionarios de la Administración de Justicia, que antes de verano y a raíz del ambiente electoral suspendieron la huelga.