La Unión Europea obligará a informar de las transacciones con criptoactivos para evitar la evasión fiscal

• Los proveedores de servicios tendrán que informar sobre las operaciones nacionales o internacionales de residentes de la UE
• Entrará en vigor en 2026 y busca atajar el anonimato en estos movimientos, con el foco en los grandes patrimonios

Imagen de una moneda dorada que simula un Bitcoin.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han adoptado este martes nuevas normas que obligarán a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar de las transacciones efectuadas por residentes comunitarios, con el fin de luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación en unas operaciones que actualmente son difíciles de trazar.

"Es un paso adelante muy importante para hacer frente a los riesgos que plantea la digitalización de la economía en el ámbito fiscal", ha indicado la vicepresidenta española en funciones, Nadia Calviño, que dirige la negociación en el Consejo por el hecho de que España ostenta la presidencia rotatoria.

La medida, que entrará en vigor en 2026, busca atajar el anonimato en las transacciones con criptoactivos, algo que permite que los usuarios que están obteniendo grandes beneficios con las mismas escapen al radar de las autoridades tributarias.

Incluirá las monedas estables y los tokens

Para ello, enmienda la directiva de cooperación administrativa (DAC8) para extender a este sector las normas que exigen intercambiar información con fines tributarios, de modo que Hacienda tenga la información necesaria para que estas ganancias tributen como ocurriría con cualquier otro activo financiero.

En concreto, los proveedores de servicios con criptoactivos estarán obligados a informar de las transacciones de clientes que residan en la Unión Europea, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas, y las autoridades tributarias estarán obligadas a intercambiar esta información automáticamente.

Las reglas cubrirán un amplio rango de criptoactivos, incluidos aquellos que hayan sido emitidos de manera descentralizada, como las monedas estables, los tokens de dinero electrónico y los tokens no fungibles (NFT), como ha explicado el Consejo en un comunicado. Cabe recordar que los tokens (en ingles, fichas) es una unidad de valor emitida por una entidad privada en una blockchain (como Bitcoin o Ethereum) y que se usa como reemplazo del dinero. De este modo, complementan la nueva regulación sobre el Mercado de Criptoactivos (MiCA) aprobada este año, que será la primera legislación específica para poner orden en el mercado europeo de criptodivisas.

"Estos intercambios de información evitarán la formación de burbujas como la que se ha visto en algunos ámbitos y contribuirá así también a la estabilidad financiera y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de la delincuencia y el terrorismo", ha dicho Calviño durante el debate ministerial.

Con el foco en grandes patrimonios y dividendos no custodiados

Por otro lado, la nueva norma DAC8 obligará a intercambiar información de forma automática sobre los acuerdos transfronterizos que algunos países conceden a individuos muy ricos, con un patrimonio de al menos un millón y medio de euros en inversiones o activos bajo gestión, sin incluir la vivienda principal. Esta tendencia, de hecho, ya fue el centro de atención por parte del Consejo de la Unión Europea el pasado mes de mayo.

Asimismo, tendrán que intercambiar datos sobre dividendos no custodiados o ingresos similares, que actualmente no están cubiertos por la directiva, como ha explicado el Consejo en un comunicado. "El intercambio de información automático se amplía a las resoluciones transfronterizas de personas con un gran patrimonio, a grandes operaciones y ciertos tipos de dividendos par evitar riesgos de elusión y evasión fiscal y fraude", ha resumido la vicepresidenta española.

La norma modifica también la obligación de informar del Número de Identificación Fiscal para "facilitar que las autoridades identifiquen a los contribuyentes y atribuyan correctamente los impuestos", una disposición que los ministros acordaron empezar a aplicar a partir de 2028, aunque la Comisión Europea había pedido que fuese obligatorio desde 2024.

Los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para introducir la directiva enmendada en sus respectivas legislaciones nacionales, de modo que pueda empezar a aplicarse.