Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por no garantizar la independencia de Adif

• Afirma que el Estado tiene capacidad de "ejercer una influencia decisiva" en sus decisiones, como en el precio de los billetes
• El Gobierno se defiende y dice que los tres operadores ya están tramitando la modificación de sus estatutos

Un panel de viajes cancelados de la estación de ave Joaquín Sorolla, en Valencia (Imagen de Archivo)

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no garantizar la independencia del Consejo de Administración de Adif, puesto que el Estado tiene la capacidad de "ejercer una influencia decisiva" en sus decisiones, entre ellas las relativas al precio de los billetes.

A juicio de Bruselas, en la legislación española "no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente", según ha explicado la institución en un comunicado.

"Teniendo en cuenta la composición del Consejo de Administración, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del Consejo de Administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes", ha afirmado la institución.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aclara sobre los consejos de administración de Adif y Adif-Alta Velocidad y de Renfe que "se encuentra en tramitación una modificación de los respectivos estatutos para reforzar su independencia de gestión respecto al Gobierno".

El Gobierno dice que España es un ejemplo en la liberalización del sector

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario detecta otras deficiencias relacionadas con la transposición por parte de España de la directiva que establece el espacio ferroviario único europeo.

En concreto, están relacionadas con la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de empresas ferroviarias de acuerdo a principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

El ministerio español precisa que estos tres puntos concretos no están relacionados con la apertura del mercado a nuevos operadores y recuerda que España es un ejemplo a seguir en el proceso de liberalización de los servicios de transporte de pasajeros.

En este sentido, el Mitma destaca que España es el único país de la Unión Europea (UE) en la que operan hasta tres empresas ferroviarias en un mismo corredor, lo que se ha traducido en un incremento de la oferta y las frecuencias y un descenso de los precios.

Como consecuencia de la mayor oferta y los menores precios se ha producido un incremento muy notable en el número de usuarios de la alta velocidad. Tras el éxito de esta fase, Adif ya ha puesto en marcha una segunda fase para que la competencia se extienda a más corredores, agregan desde el Mitma.

España modificó el sistema, pero Europa dice que "aún no está operativo"

En su comunicado, la Comisión Europa (CE) detalla que el caso se remonta a 2018, cuando Bruselas abrió el expediente a España. Tras haber constatado que España no había resuelto todavía todas los problemas, la Comisión lanzó un ultimátum en octubre de 2019, pero todavía considera que a día de hoy "no se han abordado los puntos señalados".

Así, el Ejecutivo comunitario reconoce que España modificó su legislación relativa a la determinación de cánones por la utilización de infraestructuras, pero advierte de que "el nuevo sistema aún no está operativo".

La institución explica que Adif "goza ahora de un nivel adecuado de independencia a la hora de establecer el sistema de cánones", pero la legislación "incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones".

Además, añade que "la ley no contiene ninguna disposición que obligue a Adif a aplicar el nuevo sistema en un plazo determinado", lo que supone que, "a menos que se adopten medidas rápidamente, los cánones de acceso por vía férrea se considerarán de facto impuestos que se incluirán en las próximas leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025".

"En estas circunstancias, existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024/2025", argumenta la Comisión, para añadir después de que, en consecuencia, las empresas ferroviarias "no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea" en los tribunales españoles.

La Comisión pide incluir en el acuerdo la eficiencia y los costes de acceso

Según el Ministerio español, tras la modificación de la Ley 38/2015, del sector ferroviario, publicada en diciembre de 2022, ya se prevé que sean los administradores los que determinen los cánones mediante un reglamento aprobado por su Consejo de Administración, en lugar de hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Y añade que Adif y Adif-Alta Velocidad ya han iniciado la tramitación del primero de los reglamentos acorde con la nueva redacción de la ley, para fijar los cánones a aplicar en el año 2024.

En último lugar, la Comisión cree que "faltan elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras", como, por ejemplo, "indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso".

De acuerdo con el Mitma, se ha modificado la ley del sector ferroviario para que los incentivos sirvieran para reducir “los costes y los cánones”, tal y como solicitó la Comisión Europea.

Según el Ministerio, en 2021 se suscribieron los convenios de financiación tras casi una década de ausencia de este instrumento que aporta la estabilidad financiera exigidas por las directivas europeas.

Entre las aportaciones recogidas en los convenios, hay partidas destinadas específicamente a financiar la bajada de cánones y su mantenimiento a niveles reducidos, subraya el Ministerio.