Más de 40 estados de Estados Unidos demandan a Meta y acusan a sus redes de ser dañinas para los jóvenes

• Es el esfuerzo más significativo de las autoridades para frenar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores
• Tiene raíz en una investigación de 2021 sobre cómo Instagram influye negativamente en la percepción sobre sus cuerpos

Varios jóvenes usan sus móviles.

Una coalición de 41 estados de Estados Unidos (EE.UU.) y el Distrito de Columbia han demandado este martes a Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y han defendido que sus redes sociales Instagram y Facebook son adictivas y dañinas para los niños.

Esta acción legal es el esfuerzo más significativo de las autoridades estatales para frenar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores, y para obligar a Meta a cambiar las características de sus redes por lo peligrosa que es, según afirman, para los usuarios más jóvenes.

Al menos 33 estados, entre los que están Colorado y California, han presentado una demanda conjunta en un tribunal federal del Distrito Norte de California. Por otro lado, otros fiscales generales de Washington D.C. y ocho estados están presentando denuncias separadas en tribunales federales, estatales o locales.

La lluvia de demandas tiene su raíz en una investigación de 2021 sobre las distintas maneras en que el titán tecnológico contribuye a problemas de salud mental entre los jóvenes.

Efectos negativos sobre la percepción de los usuarios sobre sus cuerpos

En 2021, The Wall Street Journal expuso en un reportaje elaborado con información interna cómo Instagram empeoraba la percepción de los usuarios -sobre todo niñas y adolescentes- sobre sus cuerpos, y señaló que la compañía era consciente de este problema.

Desde entonces, algunos estados como Arkansas y Utah han aprobado leyes que prohíben el acceso de los niños menores de 13 años a las redes sociales y exigen que los adolescentes menores de 18 años obtengan el consentimiento de sus padres para acceder a los sitios.

California aprobó leyes que exigen que las tecnológicas examinen sus plataformas en busca de posibles riesgos y problemas.