El Defensor del Pueblo denuncia "el impacto devastador" de los abusos sexuales y la respuesta "insuficiente" de la Iglesia
- Ángel Gabilondo ha entregado un informe al Congreso que recoge datos y testimonios de 487 víctimas
- Sánchez califica el trabajo de "profesional y respetuoso": "Hoy nuestra democracia es una democracia mejor"
- La investigación estima que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes en el Congreso su informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, un documento en el que ha denunciado "el impacto devastador" de esta problemática y la respuesta "insuficiente" y "dilatoria" de la institución. Gabilondo, además, ha propuesto crear un fondo estatal para compensar a las víctimas.
El documento ha analizado las experiencias de 487 víctimas y las respuestas ofrecidas por parte de la propia Iglesia, caracterizadas por la "ocultación" y la "minimización del problema", y de los poderes públicos, marcadas por la ausencia de "procedimientos adecuados".
El informe es resultado de la investigación que la Cámara encargó al Defensor del Pueblo hace año y medio y, aunque no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, aporta una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso.
“Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad“
"Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio", ha asegurado Gabilondo en una rueda de prensa desde el Congreso.
Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles, mientras que la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, otros fueron traslados y, en menor medida, algunos fueron juzgados por el derecho canónico.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el trabajo de "profesional" y "respetuoso", un "hito", ha dicho, que ahora se analizará para actuar en consecuencia a sus recomendaciones. "Hoy nuestra democracia es una democracia mejor", ha insistido antes de ofrecer el compromiso de las instituciones públicas "en darles una respuesta" a las víctimas.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha decidido celebrar el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe.
El 1,3% de los españoles fue agredido sexualmente en el ámbito religioso
En el marco del informe que le encargó el Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo ha realizado una encuesta a 8.013 españoles. De ellos, el 11,7% sufrió abusos sexuales antes de lo 18 años y el 0,6% fue agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico.
Un 1,13%, además, afirma que fue agredido sexualmente en el ámbito religioso, concepto que incluye a personal o profesorado de centros religiosos. El sondeo, no obstante, señala igualmente que el 3,36% de los encuestados fue víctima de abusos en el ámbito familiar.
Para el 72% de los encuestados, los abusos sexuales a menores es problema social muy grave, pero la mayoría de los españoles cree que no se están tomando las medidas adecuadas para combatirlo.
En cuanto a los testimonios de las 487 víctimas, han aportado información relevante sobre las consecuencias de los abusos. Los problemas emocionales y de conducta han resultado ser los más prevalentes, seguidas de las dificultades de relaciones interpersonales, las funcionales (como trastornos del sueño o de tipo alimentario) y las sexuales.
Además, un tercio de las víctimas entrevistadas han mostrado haber tenido síntomas de estrés postraumático y también un tercio de ellas ha experimentado síntomas depresivos. "Mención especial merecen el abuso de sustancias y el rechazo al contacto físico, que aparecen en un 15% de los relatos y son vividas de forma muy dolorosa por las personas que lo refieren", ha destacado el informe.
"Negación o minimización" por parte de la Iglesia
En el documento, el Defensor ha destacado cómo se solicitó información a la Conferencia Episcopal Española y a todas las diócesis. Mientras algunas de ellas sí que mostraron "una actitud colaboradora", otras, sin embargo, rechazaron colaborar o incluso llegaron a "cuestionar la propia encomienda" del estudio.
Algunos datos también han sido presentados de una forma que "tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución". Solo se ha encontrado información registrada de los casos en que se han abierto procedimientos canónicos, que han derivado en procesos en la justicia penal del Estado, que tuvieron un impacto en los medios de comunicación o que pudieron generar escándalo en el municipio o parroquia correspondiente.
El Informe apunta igualmente que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por "la negación o la minimización del problema". "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", añade.
No obstante, reconoce que es una institución plural y que se pudo detectar buenas y malas prácticas. Así, subraya "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".
La problemática de la prescripción de los delitos
El informe también ha señalado la respuesta de los poderes públicos, que "carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica".
De hecho, ha recordado que no fue hasta el año 2021 cuando se introdujeron mecanismos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.
A esto se suma el hecho de que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados "no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial", en muchas ocasiones a causa de la aplicación de las normas de prescripción del delito.
Pese a que estas normas se han modificado mediante la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la prohibición de aplicar retroactivamente dicha ley de reforma "impide responder por la vía penal a los hechos del pasado".
Un fondo para compensar a las víctimas y otras medidas de reparación
Para el Defensor del Pueblo, el reconocimiento del problema de los abusos sexuales en la Iglesia católica conlleva la necesidad de emprender un doble curso de acción, centrado, por una parte, en la prevención y, por otra, en la reparación.
En esa línea, Gabilondo ha propuesto la creación de un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario.
El informe también ha solicitado la puesta en marcha de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial, así como la adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abuso sexuales de menores.
Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas "por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad", en particular entre 1970 y 2020.
Gabilondo ha explicado que el próximo 2 de noviembre entregará el informe al Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha advertido de que "ahora es el momento del Congreso de los Diputados, de la Iglesia y del Gobierno, que con este informe tienen datos suficientes para adoptar medidas concretas que den a las víctimas lo que necesitan"
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