El Constitucional desestima el recurso de Vox contra la ley que reduce la temporalidad en el empleo público

• El alto tribunal considera que no se ha infringido ningún artículo de la Constitución
• Y asegura que las medidas son adecuadas a la coyuntura

Fachada del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso presentado por el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso contra el real decreto de medidas urgentes de 2021 que reduce la temporalidad en el empleo público.

En su recurso, los diputados de Vox solicitaban que se declarara la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 14/2021 al considerar que "infringía el art. 86.1 de la Constitución", por no concurrir la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justificaría el dictado de esta norma excepcional y por entender que la regulación que contenía vulneraba los limites materiales del decreto-ley al afectar a derechos fundamentales que aparecen en la Carta Magna.

En una sentencia a la que ha tenido acceso RTVE y de la que es ponente el magistrado César Tolosa, el pleno del Alto Tribunal descarta que el real decreto "haya infringido" ningún artículo de la Constitución.

También sostiene que el Gobierno "ha satisfecho suficientemente la carga de explicitar y razonar la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictar el Real Decreto-ley" en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos de la norma y posteriormente en el debate de convalidación.

Por otra parte, el tribunal aprecia la existencia de una relación de adecuación de las medidas adoptadas y la situación de urgencia a cuya solución sirven. Finalmente, la sentencia argumenta que del contenido del precepto impugnado resulta que la norma recurrida no lleva a cabo una regulación general del derecho fundamental de acceso a la función pública (art. 23.2 CE), ni de su contenido esencial.

El decreto para reducir la temporalidad en el sector público

En julio de 2021, el Gobierno aprobó un real decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8%, que incluyen entre otros puntos la convocatoria de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos.

Según anunciaba el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, las medidas que contemplaba el real decreto afectaban a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hubieran visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.

Según el cálculo del propio Gobierno y gracias a este Real-Decreto, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

Indicaban por otro lado que los procesos se desarrollarían a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso, por primera vez en la historia de las ofertas de empleo público, de un 40% en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

La norma recogía además que los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plazas son compatibles con los procesos de estabilización. Y para quienes no superen los procesos de estabilización, las convocatorias de estabilización podrán prever su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes.