El Gobierno transfiere 68 millones para ampliar la atención bucodental pública de 13 millones de personas

• Se amplía la cobertura de 0 a 5 años y a personas en procesos oncológicos que afectan a la zona cérvico facial
• Las comunidades autónomas tienen de plazo tres años (hasta 2025) para poner el plan en marcha

Una médico especialista en odontología examina a una niña en una consulta.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la transferencia de 68 millones de euros a las comunidades autónomas para dar cumplimiento al Plan de Salud Bucodental ya en marcha, ampliar la cartera de servicios y mejorar las prestaciones bucodentales de 13 millones de ciudadanos.

Con esta segunda anualidad de 68 millones se amplía la cobertura de salud bucodental del grupo de 0 a 5 años y de las personas diagnosticadas en procesos oncológicos que afectan a la zona cérvico facial, según ha explicado en rueda de prensa, el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones tras el Consejo de Ministros, adelantado a este lunes por la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

El titular de Sanidad ha recordado que esta segunda anualidad se suma a los 44 millones transferidos en 2022, con lo que son ya 112 millones los destinados a dar mejor cobertura bucodental a todos los grupos de edad de 0 a 14 años, colectivos de discapacidad, y diagnosticados oncológicos.

Además, el plan ya recogía acciones preventivas (por ejemplo, limpiezas de boca para evitar la aparición de caries) y asistenciales, y la atención específica a mujeres embarazadas.

Un plan para "homogeneizar" la ampliación de la cartera de servicios

Se trata, en palabras del ministro de Sanidad, de homogeneizar la atención y que la salud de la ciudadanía "no dependa del código postal".

El monto total del plan, dotado con112 millones, se destina a equipamientos, contratación de personal, nuevos espacios y materiales fungibles que mejoran la salud bucodental y las comunidades autónomas tienen tres años (hasta 2025) para ponerlo en marcha.

Miñones ha precisado que las comunidades autónomas deberán informar a 31 de marzo de cada año de esa planificación, de la distribución de fondos y dónde han hecho las inversiones.

Todas las comunidades, ha dicho, ya están prestando este servicio y el 31 de marzo de 2024 deberán de informar nuevamente de las prestaciones realizadas y los grupos prioritarios a los que atienden.