Ocho vocales conservadores del CGPJ piden un pleno urgente para rechazar la ley de amnistía

• Su preocupación obedece a la "degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España"
• El escrito prevé que la reunión extraordinaria pueda celebrarse el próximo lunes

Sede del Consejo General del Poder Judicial

Ocho vocales conservadores del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado a su presidente interino, Vicente Guilarte, la convocatoria de una reunión extraordinaria para mostrar la "preocupación" del máximo órgano de los jueces sobre la amnistía. El pleno podría celebrarse el lunes, según se recoge en un escrito al que ha tenido acceso RTVE.es, y que firman Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona.

Los firmantes expresan su "creciente preocupación" ante una eventual ley de amnistía para el 'procés' catalán, y consideran necesario aprobar una declaración institucional sobre esta cuestión. "El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", señala el texto, que también apunta a que la amnistía convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica "en una quimera".

En el escrito subrayan que el CGPJ "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado".

Asimismo, estima que "confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico". "Hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho", concluye.