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Puigdemont aprieta para una amnistía más amplia y Junts se conjura para no dejar a "ningún soldado tirado"

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Junts alarga la negociación para investir a Sánchez a la espera de un acuerdo sobre la amnistía

Hace exactamente siete días y ante la plana mayor del PSOE, Pedro Sánchez hacía una cerrada defensa de la amnistía y a partir de ahí ya no había vuelta atrás. La negociación pisó el acelerador. Los socialistas pensaban en acuerdos inminentes con una investidura en los primeros días de noviembre, pero, como ya es costumbre en la política nacional desde hace años, todo lo que pueda complicarse, se complica. La amnistía a los encausados por el 'procés' independentista es la clave, el centro de todo, y si bien todos los actores implicados- PSOE, Junts y ERC- están de acuerdo en acordar esta medida de gracia, es de tal calibre en el ámbito político, jurídico e institucional que en los detalles está el diablo y el principal escollo. El partido de Carles Puigdemont, del que depende el futuro de España, quiere más. Y pide más.

En esa letra pequeña del cómo se aplica y a quienes beneficiará la amnistía es donde ha varado la negociación de PSOE y Junts, toda vez que ERC y los socialistas sí han colmado sus exigencias- unos y otros- y los republicanos ya han cerrado el pacto de investidura para el sí a Sánchez.

Junts considera insuficiente lo pactado por ERC y en medio de todo siempre está la pugna de ambas formaciones independentistas por quién consigue más y quién se asegura el mejor relato ante su público independentista, con el yugo del siempre posible adelanto electoral en Cataluña.

Turull: "No haremos una amnistía para vips"

El mensaje que lanzó este viernes el secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los indultados por el Gobierno de Sánchez, a la dirección del partido deja poca duda de que quieren más o de que, por lo menos, lo van a intentar tensando la negociación al máximo: "No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips", dijo en un comunicado.

El dardo lleva la diana clara de ERC, que defiende su pacto con el PSOE. Este mismo sábado el partido de Oriol Junqueras se ha defendido diciendo que "una ley de amnistía bien hecha no lleva nombres", tal y como ha planteado la consellera de Territorio del Govern, Ester Capella, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Capella ha negado que el contenido pactado por ERC con los socialistas sea una "amnistía para vips" y ha puntualizado que "refleja la solución para la represión desencadenada".

Pero Junts considera que con el proyecto que le plantea el PSOE puede dejarse gente por el camino. Y además, añade, no tiene "prisa alguna" por investir a Pedro Sánchez. Llama a aguantar la "presión" en estos días decisivos.

Puigdemont aprieta para una amnistía más amplia

Experto Puigdemont en giros y decisiones arriesgadas, y siempre imprevisible, el 27 de octubre de 2017 pasó en pocas horas de pensar convocar elecciones en Cataluña a aprobar la declaración unilateral de independencia en un pleno histórico en el Parlament. Días antes, el 10 de octubre, se aseguró una página en la historia al declarar, por segundos eso sí, la independencia de Cataluña. De aquellos polvos, estos lodos.

Oficialmente PSOE y ERC no han informado de los detalles concretos que ellos ya sí han cerrado sobre la amnistía, pero los republicanos han ido dando pistas. La ley de amnistía, que se tramitará como proyecto de ley, abarcaría diez años, desde la preparación en 2013 de la consulta soberanista de 2014 hasta la actualidad, pasando por el referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia de Cataluña, y su perímetro llegaría a los responsables de estas acciones y, además, a los encausados del Tsunami Democràtic y los CDR, entre los beneficiados de la medida de gracia a la que el PSOE anteriormente se oponía por estar fuera de la Constitución.

Según las causas judiciales abiertas, desde el Comité de Defensa de la República (CDR) se planeó ocupar el Parlament de Cataluña y se participó en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje. Sobre Tsunami Democràtic pesan condenas por el 'procés' en el otoño de 2019, por acciones que van desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Laietana.

Las causas judiciales siguen su curso

Una de las causas que podría ser susceptible de encuadrarse en la futura ley de amnistía es precisamente la de los doce miembros de los Comités de Defensa de la República, a los que la Audiencia Nacional envió este mismo viernes a juicio por delitos de terrorismo investigados por pertenecer a una facción radicalizada de los CDR que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.

A su vez, la Guardia Civil concluyó también este mismo viernes que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "realizó cometidos de coordinación" del movimiento Tsunami Democràtic, surgido en 2019 para protestar contra la sentencia del 'procés' y cuyos miembros también podrían quedar amnistiados.

Queda por detallar los cargos de la Generalitat que estarán dentro de la amnistía y los miembros de los Mossos d'Esquadra encausados.

El párrafo del articulado de la ley en el que no avanzan socialistas y postconvergentes es el que describe hasta dónde abarca la amnistía y qué casuísticas quedarían fuera. En definitiva, los nombres y apellidos de las personas que serán amnistiadas.

El exportavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que es uno de los negociadores de la investidura de Sánchez, aseguró este viernes en una entrevista en TVE que Junts ha aceptado excluir a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, del acuerdo sobre la ley de amnistía. Borràs, para la que Junts llegó a pedir la amnistía, está condenada a una pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

PSOE y ERC pactan el 'verificador' de prestigio, demanda también de Junts

Uno de los puntos que ya está en el acuerdo de PSOE y ERC, y que históricamente es una de las reivindicaciones de Junts, es el de crear "un espacio de negociación entre ambos partidos" que cuente con "un mecanismo con funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue", según recoge el texto firmado por socialistas y republicanos.

"Se designará de común acuerdo a una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores", añade el acuerdo firmado esta semana, un punto que parece coincidir con una de las condiciones que impuso JxCat: el establecimiento de un mecanismo de verificación o mediación, con una figura respetada.

No se habla como tal en el acuerdo con los republicanos de verificador, mediador o relator, figura concreta a la que siempre se había opuesto el PSOE. Está por ver cómo Junts quiere definir esta figura en su pacto concreto con los socialistas.

El PSOE quiere la investidura el 8 y 9 de noviembre

Todas las partes siguen confiadas en que el acuerdo con Junts llegará, pero parece que retrasará, o no, los planes del PSOE. Sánchez insiste, según fuentes del partido a TVE, en una investidura los días 8 y 9, pero eso obliga a cerrar de forma inminente el acuerdo con Junts, y también con el PNV, para que dé tiempo a presentar la ley de amnistía en el Congreso.

Fuentes de la negociación insisten en la "complejidad" máxima de cada detalle de la ley, que obliga a consultas constantes con juristas y expertos.

Los socialistas quieren que esa ley la avalen juntos PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu, esto es, la mayoría que precisamente le haría presidente.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha evitado este sábado presionar a JxCat para que cierre ya un acuerdo con el PSOE y ha confiado en que llegará: "Demos tiempo al tiempo".

Pero otro frente se le abre al PSOE, frente que no creen que haga peligrar la investidura, pero que puede demorar los tiempos. Y este punto el viaje va de Cataluña al País Vasco, donde el PNV levanta la mano para decir: no solo no hay acuerdo, sino que "no se avanza". La formación nacionalista señala que son más que flecos los que quedan por salvar para apoyar a Sánchez.

Con EH Bildu no se ha anunciado un pacto como tal, pero el apoyo de esta formación está garantizado desde el principio. Y también el PSOE ha cerrado ya un acuerdo de investidura con el BNG.

Fin de semana de negociaciones

Ante las complicaciones surgidas, ya hay voces parlamentarias que apuntan a la semana del 13 de noviembre para el pleno de investidura. Hasta el día 27 habría tiempo, es cuando expira el plazo para ir a la repetición de elecciones generales.

La negociación con Puigdemont solo está encallada, que no rota. Así que durante este fin de semana el PSOE seguirá con contactos telefónicos e intercambio de papeles. El negociador y número tres del partido, Santos Cerdán, abandonó este viernes Bruselas, según ha podido confirmar TVE.

En cuanto haya fumata blanca- no se espera que sea ni sábado ni domingo, pero todo puede ser- se precipitarán los acontecimientos casi al minuto. El primer paso será el registro de la ley en el Congreso, que podría ser telemático y después, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocará el pleno. Lo habitual es que ese anuncio se produzca con un margen de al menos 48 horas, pero hay precedentes de convocatorias de investidura con solo 24 horas de antelación, como el caso de Ana Pastor con Mariano Rajoy.

A la espera de qué hará Junts, las bases de ERC, con un 89 % de votos favorables, han avalado que se invista a Sánchez tras una consulta interna en la que ha participado un 43,6 por ciento de los afiliados. Si hay acuerdo con Junts, harán lo propio con su militancia, y hasta este mismo sábado pueden votar los militantes socialistas, que no se pronuncian sobre la amnistía en sí, sino sobre el pacto de gobierno PSOE-Sumar y los acuerdos parlamentarios en genérico necesarios para investir a Sánchez. El PSOE dará a conocer los resultados de la misma a partir de las 22:00 de este sábado.

El PP se revuelve contra la amnistía y la condonación de deuda

Al compacto frente que ha hecho el PP contra la ley de amnistía que se negocia, y que será recurrida al Tribunal Constitucional, se une ahora el de las comunidades gobernadas por el PP que califican de "ejercicio de corrupción política" las "cesiones" del PSOE con ERC en cuanto a la condocación de deuda. La condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado referida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha unido a comunidades 'populares' para pedir el mismo trato y que esa medida sea fruto de una negociación multilateral. El PP acusa a Sánchez de "comprar" su investidura.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizá este domingo un nuevo acto en la calle en Valencia, tras los actos de protesta de Madrid y Málaga, para denunciar el "atropello" de la amnistía y volver a pedir a Sánchez que lo someta a consulta de todos los españoles con la convocatoria de elecciones. Los 'populares' buscan llevar a todos los frentes institucionales- Congreso, Senado y Parlamento europeo- su oposición a la medida de gracia.

Este viernes se calentó más aún con una protesta en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede nacional del PSOE, y a la que acudió un millar de personas convocadas a través de las redes sociales para protestar contra la ley de amnistía y el Gobierno de Sánchez. Pidieron "unidad nacional" y clamaron "no a la amnistía" y "Puigdemont a prisión". En la cabecera de la manifestación había un cartel grande que decía 'Pedro Sánchez a prisión'.

Las próximas horas serán decisivas para saber si el presidente en funciones y líder socialista, de nuevo, sale victorioso en un terreno más que complejo o si todo se complica y España va a repetición electoral el 14 de enero. De momento, ese escenario, no lo contempla ningún partido.