El CGPJ aprueba una declaración en contra de la amnistía gracias a la mayoría conservadora: "Violenta la Constitución"

• Sale adelante por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco, de su presidente
• Consideran que ataca la independencia judicial y que supone la "abolición" del Estado de derecho

El pleno extraordinario del CGPJ, este lunes

El Consejo General del Poder Judicial (CJPG) ha aprobado este lunes una declaración en contra una eventual ley de amnistía a los encausados por el 'procés' que negocian el PSOE y los partidos independentistas catalanes. Consideran que supone "la degradación", cuando no la "abolición" del Estado de derecho, y que "se violenta la independencia de los tribunales" y la Constitución.

La declaración ha salido adelante gracias a la mayoría conservadora del órgano, la que forzó la celebración de este pleno extraordinario. Según fuentes del Consejo, ha obtenido nueve votos a favor -a los ocho vocales que pidieron este pleno se ha sumado también el de Wenceslao Olea, nombrado por el PP-, cinco en contra -los del sector progresista presentes en el pleno- y un voto en blanco, el de su presidente interino, el vocal Vicente Guilarte.

Este redactará una explicación de voto en el que evidenciará que no está de acuerdo con la iniciativa, pero ve conveniente esperar a su tramitación de la proposición. Se aprueba, por tanto, con una mayoría de tres quintos. El vocal progresista Álvaro Cuesta ha rechazado acudir al pleno al considerarlo "manifiestamente ilegal", lo que ha permitido rebajar la mayoría para que saliera adelante el texto. Esta mayoría se ha visto finalmente reforzada con el voto a última hora de Olea. Los vocales progresistas han sido muy duros contra la declaración institucional, que consideran sitúa al órgano de gobierno de los jueces "en un campo de batalla político".

Convierte el Estado de derecho "en objeto de mercadeo"

En un texto de nueve páginas, consideran que una posible ley de amnistía provocaría una "muy peligrosa injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial", ya que Parlamento se inmiscuiría en la potestad básica de los tribunales, la de "juzgar y ejecutar lo juzgado".

El CGPJ "expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal", denuncian.

"Confundir el 'interés de España' con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", critican a continuación, lo que atenta contra el principio de pluralismo político reconocido en el artículo 1 de la Carta Magna. Creen que la iniciativa supone convertir el Estado de derecho "en objeto de mercadeo al servicio del interés personal" de Pedro Sánchez.

Usan las palabras literales del líder socialista, quien abogó por la amnistía por "el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles" el pasado 28 de octubre, en su primera alocución pública clara al respecto sobre este tema.

Genera una "clase política jurídicamente irresponsable e impune"

También rechazan la amnistía "porque supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos", lo que contraviene, aseguran, "no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución".

En este punto, la declaración finalmente aprobada rebaja algo el tono respecto al borrador que habían planteado los ocho vocales conservadores. En el primer texto, hablaban de una "casta impune".

Finalmente, consideran que la ley de amnistía "violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico", ya que "unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales". "La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera".

En plenas negociaciones de la amnistía

La declaración del Poder Judicial llega en plenas negociaciones de una futura ley de amnistía entre el PSOE y Junts. Representantes de ambos partidos se han reunido en los últimos días en Bruselas para cerrar los últimos flecos de este texto que reclaman los del expresident Carles Puigdemont como condición para apoyar la investidura de Sánchez.

El acuerdo parece inminente, y llegaría después de que los socialistas cerraran con ERC una propuesta de ley de amnistía desde 2013, lo que incluye a los encausados por el referéndum independentista de 2017, por las protestas contra la sentencia del 'procés' en 2019 -entre ellos el Tsunami Democràtic- y también la consulta promovida en 2014.

División dentro del CGPJ

El texto del CGPJ se ha aprobado que se aprueba sin que las Cortes se hayan dirigido al Consejo para recabar su opinión sobre una proposición de ley, de la que todavía se desconoce su contenido al no haberse registrado.

Sobre esto último, se defienden de las críticas dentro y fuera del Consejo que sostenían que el CGPJ debía esperar a conocer la proposición de ley para emitir su opinión afirmando su "legitimidad" para "hacerlo ahora" dado que no se ha optado por presentar la amnistía como un proyecto de ley, lo que evita la opinión de los órganos consultivos del Estado.

"Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", recoge la declaración.

Las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han señalado que con esta declaración "se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos".

Estas vocales añaden que la declaración institucional "tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquéllos a quienes gobernamos". El vocal Enrique Lucas, por su parte, ha manifestado que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo