ERC acota la amnistía a las causas derivadas de las consultas del 1-O y el 9-N y excluye la "corrupción"
- Los republicanos hacen esta aclaración en medio de la negociación de la amnistía de PSOE y Junts
- Sigue en directo las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez
La portavoz de ERC Raquel Sans ha asegurado este lunes que la ley de amnistía pactada con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, y de la que oficialmente no se han dado detalles, se ciñe a todas las causas derivadas de la consulta del 9-N y del referéndum unilateral del 1-O y ha excluido de la norma todos los casos de "corrupción".
En una rueda de prensa en la sede de ERC, Sans ha evitado entrar a valorar el estado de las conversaciones entre el PSOE y Junts en Bruselas (Bélgica) para acabar de cerrar su parte del acuerdo, aunque ha reconocido que les habría gustado que ambas formaciones independentistas hubiesen negociado "de manera más coordinada".
Se espera un acuerdo inminente entre PSOE y Junts, que cierran este lunes "cuestiones muy técnicas" sobre la ley de amnistía, que ya pactaron socialistas y republicanos el pasado jueves. Desde entonces la negociación con Junts está encallada y desde el partido de Carles Puigdemont se ha llegado a criticar el alcance de la amnistía que negoció ERC y que llegaron a definir como "amnistía para vips".
ERC revisará el acuerdo de amnistía de PSOE y Junts
Sans ha querido dejar claro que ERC "revisará" el acuerdo que cierren estas fuerzas porque, en su opinión, la ley que han pactado aborda "los hechos vinculados al proceso de emancipación", y cree que los casos de corrupción "no se enmarcan en el proceso independentista" a pesar de que detrás de ellos haya "un trato injusto por ser independentista", en una alusión velada a la presidenta de Junts, Laura Borràs.
Este domingo el expresidente catalán Carles Puigdemont publicó un mensaje en la red social X en el que puso el foco en los casos de "lawfare", de "judicialización de la política", que quiere incluir en la ley de amnistía: "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", denunció.
Al respecto, Sans ha dicho que considera "lawfare" todo el procedimiento judicial contra el movimiento independentista: "A partir de aquí, no podemos dar respuesta a lo que no sabemos. Lo que puedo decir es que, todo lo que pueda complementar el acuerdo, lo que sume, aplaudiremos", ha concluido.